No es fácil pronunciarse en caliente sobre una sentencia tan importante como la que ha dictado el Tribunal Supremo tras el largo proceso seguido a los dirigentes políticos independentistas, y también una larga deliberación. Se trata, sin duda, de un pronunciamiento jurídico de especial transcendencia que debería constituir un punto final de la judicialización de la política. Los tribunales no pueden resolver lo que corresponde al mundo de la política.

Debería abrirse una oportunidad al diálogo, el entendimiento y la convivencia en el seno de una sociedad, la catalana, que sufre demasiadas tensiones. Desde hace tiempo, la entidad que presido, Portes Obertes del Catalanisme, trabaja con otras asociaciones, entidades y plataformas para contribuir a la creación de un nuevo clima político que supere la polarización y pueda superar los desencuentros, aquí y allí, mediante el diálogo. Este es elemento central de nuestra actuación como plataforma defensora del catalanismo transversal, espacio de encuentro de la diversidad y la pluralidad de Cataluña. Nadie puede arrogarse la representación de la ciudadanía de Cataluña ni hablar en nombre de todo el pueblo.

La sentencia, nos guste más o menos, debe entenderse como una expresión del Estado de Derecho y de la separación de poderes propia de las democracias. Las sentencias hay que acatarlas, respetarlas, sin que ello excluya expresar la disconformidad o la crítica o utilizar los mecanismos que permiten recurrir a todas las instancias posibles (Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos…) y hacer uso asimismo de los beneficios previstos por la ley, entre ellos el indulto.

Está bien claro que ese acatamiento que nos dicta la razón jurídica, el respeto a la ley y a la esencia misma del Estado de Derecho, no es incompatible, ni mucho menos, con ser sensibles con el sufrimiento de las personas que llevan ya un largo periodo de prisión preventiva y la angustia que ello significa para sus familiares y amigos.

Creo que hay decir claramente que acatar y respetar la sentencia compete a todos, tanto a quienes pueden considerar las penas excesivamente elevadas como a quienes querrían mayor dureza. Nuestra sociedad ha de superar la idea de que es posible conculcar las leyes sin ningún tipo de correctivo jurídico y también de que la venganza ayuda a resolver los problemas. Ni venganza ni impunidad.

Está bien claro que la sociedad civil y las personas tienen todo el derecho a expresar de manera pacífica y cívica su conformidad o disconformidad con la sentencia en el libre ejercicio de sus derechos individuales, pero las instituciones no pueden apelar a la desobediencia ni desobedecer.

Hay que hacer, en cualquier caso, una llamada a la moderación, la prudencia y la no violencia y pedir al presidente de la Generalitat y al presidente del Parlament, como máximos representantes institucionales, que no contribuyan a agravar una situación que por sí es muy compleja.

¿Qué debe hacerse a partir de ahora? Creo que las personas condenadas no deberían convertirse en rehenes fácticos de una nueva etapa de un procesismo que tanta frustración ha generado entre quienes creían en la vía unilateral, sin coste alguno, mediante la cual Cataluña podría acceder a la independencia y convertirse en república. Creo en este sentido que no se puede banalizar el concepto de amnistía y convertirla en una imposible reivindicación que alargue el conflicto y añada más tensión, polarización y división. La petición de indulto es razonable y debe ser factible.

No es fácil afirmarlo hoy, con las sensibilidades a flor de piel, pero me reitero en lo que he afirmado al principio: con la publicación de la sentencia debería cerrarse una etapa en que se ha utilizado la justicia para abordar problemas políticos. Es necesario que la política y los políticos vuelvan a jugar el papel que le corresponde.

No podemos rendirnos: hay que trabajar incansablemente por el diálogo y la concordia entre todas las fuerzas políticas, sociales y la ciudadanía en Cataluña, primero, y para establecer una nueva relación institucional entre Cataluña y España después.

Es necesario que los ciudadanos de Cataluña nos demos una oportunidad colectiva basada en la defensa del autogobierno, del Estado de Derecho, del progreso social y económico en un marco de un Estado plural en el entorno europeo. Creo que hoy más que nunca es urgente recuperar la autoridad política y moral de nuestras instituciones al servicio de todos los ciudadanos de Cataluña sin exclusión.