Un juzgado de León y la Audiencia Nacional han dado esta semana un simultáneo carpetazo a sendos escándalos que entrañaron pérdidas de más de 500 millones de euros a Caja España --hoy reconvertida en Banco Ceiss-- y a Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

En ambos asuntos, los jueces sobreseen los sumarios respectivos por prescripción de los delitos cometidos. La justicia y los procedimientos judiciales son tan lentos, que a veces dejan sin castigo unas rapiñas enormes.

Uno de los motivos de la larga duración de este asunto reside en que las defensas de los encartados interpusieron un alud de sucesivos recursos.

Sobre el caso de Caja España, se instruía en León un proceso contra nada menos que 14 exconsejeros por la concesión irregular de créditos a un tal Santos Llamas. Se da la circunstancia de que este hombre de negocios, como un vulgar Juan Palomo, era a la sazón presidente de la propia corporación.

La justicia y los procedimientos judiciales son tan lentos, que a veces dejan sin castigo unas rapiñas enormes

Los 14 individuos de marras tomaron parte en una reunión del consejo de administración celebrada en enero de 2009, que dio luz verde al otorgamiento de créditos y avales a Santos Llamas, por importe de 70 millones. Tales trasiegos dinerarios no se computaron como de alto riesgo, pese a que Llamas lideraba la institución que le suministraba la pasta.

Los consejeros declararon tan panchos ante el juez instructor que los créditos y los aplazamientos dispensados a Llamas y a otros jerarcas de la hormigonera “eran imprescindibles”. “Si se ejecutaban --arguyeron-- la propia caja sufriría grandes quebrantos y podría caer en la suspensión de pagos”.

Así que optaron por la irresponsable patada hacia adelante, y quien venga detrás ya se las arreglará. Ahora, los tribunales se lavan las manos y se desentienden del entuerto.

En cuanto a la CAM, el episodio es todavía más bochornoso. La jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, escrutaba si 11 compañías inmobiliarias vinculadas a CAM incurrieron en ilicitudes de las que se derivaron perjuicios por importe de 467 millones.

La fiscalía pidió el archivo por la consabida prescripción, no sin aseverar que "se aprecian evidentes indicios de actos ilegales, por cuanto la CAM concedió préstamos hipotecarios para adquisiciones de suelo a costes mucho más altos que los reales”.

Los imputados integraban las comisiones de control de la caja y de una subsidiaria suya titulada Tenedora de Inversiones y Participaciones.

Los presuntos abusos se perpetraron en una docena de actuaciones urbanísticas realizadas en Valencia, Cataluña, Andalucía y Murcia. En conjunto, acarrearon a la entidad de ahorros un desembolso de 594 millones y le ocasionaron un “agujero” de 465 millones. De esta última suma, 405 son totalmente irrecuperables.

El saqueo, hundimiento y posterior desaparición de las cajas, compone una de las páginas más negras de la historia mercantil española

Según un informe del Banco de España, el alud de números rojos que experimentó la CAM en estas promociones corrió parejo a los multimillonarios beneficios que obtuvieron los avispados empresarios asociados a ella para el desarrollo de los terrenos.

El modus operandi consistía en que los ladrilleros endosaban los solares de su propiedad a una compañía de capital compartido con la caja. Esa sociedad les abonaba los terrenos a precios inflados. Y, encima, realizaba el pago con un préstamo librado por la propia caja.

La mayoría de las promociones acabó en agua de borrajas. Mientras CAM cosechó una riada de daños, los espabilados vendedores de los predios se lucraron de lo lindo. Ahora, la Audiencia Nacional ha dado carpetazo a las diligencias.

La CAM, para evitar la quiebra, requirió una inyección del Fondo de Garantía de Depósitos de casi 5.300 millones. Luego CAM se adjudicó a Banco Sabadell, pero éste se garantizó que le cubrirán hasta el 80% de los boquetes que puedan aflorar en el futuro. De momento, el Fondo ya ha satisfecho más de 3.000 millones al Sabadell.

El saqueo, hundimiento y posterior desaparición de las cajas, compone una de las páginas más negras de la historia mercantil española. Una caterva de gestores politizados, sin escrúpulos y en bastantes casos sin preparación alguna, hizo y deshizo a su antojo, no sin provocar la ruina de casi todo el sistema de las beneméritas instituciones de ahorro.

En resumen, la inmensa mayoría de los responsables del desastre se ha ido de rositas y librado de condena alguna. Como siempre, la honrada grey de los contribuyentes ha acabado pagando el pato.