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Dr. Jekyll y Mr. Hyde

María Jesús Hernández Elvira
5 min

Para tratar de contentar a todo el mundo parece que nuestro presidente del Gobierno no tiene límites, y, dicho sea de paso, tampoco ni vergüenza ni escrúpulos, y es que sus palabras sobre el preso etarra que murió ahorcado no dejaron indiferente a nadie. Lamentó --cosa que no había hecho hasta ahora por la casi treintena de presos que se han suicidado en nuestro país en lo que va de año-- la muerte de quien fue integrante de “la banda ETA”. Y trascribo literalmente sus palabras pues intuyo que omitió deliberadamente el matiz “terrorista” como guiño a Bildu. Calificativo que parece que hay que recordarle al presidente del Gobierno que ha sido indisociable de ETA a la luz de su actitud durante décadas; como parece necesario recordarle a nuestro presidente que dicho preso fue uno de los integrantes más activos con los que contaba el comando Donosti, conocido por su especial virulencia, al que se le atribuye entre otros, el imborrable secuestro y escalofriante asesinato del que fuera concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, hecho que nunca olvidaremos y que inundó las calles de España de protestas de indignación por ser la primera vez que por un ultimátum salvaje se “retransmitió” una asesinato en directo.

Y es que, hablando de recordar, sería bueno que los miembros del gobierno y nuestra clase política hiciera una lectura --siquiera somera-- a nuestro Código Penal para recordar su contenido. Pues lo cierto es que el artículo 578 del Código Penal español sanciona la exaltación del terrorismo que se dirige a sancionar a quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o difusión los delitos de terrorismo, o a quienes participen en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares.

Si bien es cierto que el tipo no prohíbe el elogio o la defensa de ideas o doctrinas --por más que éstas se alejen o incluso sean contrarias a nuestro ordenamiento jurídico--, la protección alcanza a la alabanza o justificación de acciones terroristas que no tienen cabida en la cobertura otorgada por el derecho a la libertad de expresión o ideología, ya que el terrorismo constituye la más grave vulneración de los derechos humanos y, desde luego, la más lamentable de las humillaciones a sus víctimas. Víctimas que sufren de por vida y tras generaciones los actos delictivos del preso fallecido, y respecto de las que demostró nula sensibilidad, por no decir explícito desprecio, nuestro presidente del Gobierno.

La codicia del presidente del Gobierno le lleva a hacer lo inimaginable y hasta nauseabundo para seguir en el poder, con una actitud gobernada por el principio de que el fin justifica los medios; de modo que si hay que mentir al pueblo español diciendo que si no se aprueban los presupuestos no habrá ayudas de la UE contra el Covid-19 (lo cual ha desmentido la Comisión Europea), o hay que lamentar la muerte del verdugo en lugar de la de su víctima, lo hace sin parpadear porque a hipocresía nadie le supera, pues nada le importa.

Es comprensible que, máxime en los tiempos que corren, convenga que reine el diálogo y la concordia entre los distintos partidos políticos, pero lo que ni se entiende ni es aceptable desde ningún punto de vista, es que reiterada e hipócritamente se pueda decir una cosa y la contraria. Quizás tenía razón la vicepresidenta Calvo con aquel comentario espontáneo al poco de alcanzar el gobierno al señalar que “eso no lo dijo el presidente, lo dijo Pedro Sánchez” como si el presidente fuera el mismísimo y bipolar Dr. Jekyll y Mr. Hyde.

Por cierto, el terrorista fallecido estaba en el País Vasco, cerca de los suyos.

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María Jesús Hernández Elvira

Nacida en 1970, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, Máster Triple en Derecho Público Internacional y Máster en Derecho Procesal. Cursó oposiciones a la carrera judicial y desde 1999 hasta 2013 ejerció como jueza en Canarias, dictando más de 5.000 sentencias. Desde 2013 hasta 2015 trabajó en bufetes de abogados españoles de primer orden, como Ontier España (Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza) y Rousaud Costas Duran (RCD) como responsable del Departamento de Derecho Penal y de Corporate Compliance, hasta que decidió crear CHR Legal junto con Josep Maria Cusí y Juan Roda, siendo la socia directora del Departamento de Derecho Penal y de Corporate Compliance.

Autora de varios artículos para revistas especializadas y con experiencia en la enseñanza, impartió clases de Derecho Civil II en la Escuela de Prácticas Jurídicas de Lanzarote, fue profesora en ICADE y ponente habitual en el Colegio de Economistas de Cataluña. Ha colaborado en la publicación Memento Concursal Francis Lefebvre 2015.