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Rodrigo Rato, a la sombra, mientras los Pujol siguen sueltos

Gonzalo Baratech
7 min

El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato duerme en prisión desde la semana pasada. Le cayeron cuatro años y medio por las tarjetas black de Caja Madrid-Bankia, un asunto ínfimo en el océano de quebrantos que registró la entidad.

A otro vicepresidente, Narcís Serra, no le llega la camisa al cuerpo. Se le sigue juicio por haber aprobado el aumento de sueldo del director general de Caixa Catalunya Adolf Todó. El peligro de acabar también en el correccional le tiene con el alma en vilo.

Se suele decir que la dureza de las caídas es directamente proporcional a la altura de la cumbre desde donde se despeñan. Rato se ha precipitado a la sima desde las cotas más altas que un político puede escalar. Por ello, su leñazo es de los que hacen época.

Su condena corre pareja con las de otros numerosos prebostes del PP y el PSOE dictadas en los últimos años por delitos de corrupción. Una y otras contrastan con la carta blanca que parecen disfrutar los capitostes de la vieja Convergència y, en particular, los nueve miembros de la familia Pujol.

Uno de ellos, Jordi Pujol Ferrusola, el mayor de los hermanos y comisionista máximo de la saga, pasó una larga temporada entre barrotes, a título preventivo. Salió con fianza y sigue en la calle tan campante.

Otro hermano, Oriol, firmó el pasado mes de julio un pacto con la fiscalía en el nauseabundo escándalo de las ITV. Reconoce haber cometido una caterva de figuras tipificadas, tales como tráfico de influencias, cohecho y falsedad. Sobre él pesa una resolución judicial firme, la primera que se han apuntado los Pujol Ferrusola. Pero de momento, que se sepa no ha pisado la trena.

También estaba encartada su esposa Anna Vidal Maragall. Oriol negoció con el ministerio público liberarla del presidio. A cambio, él se comerá el marrón entero.

El embrollo de las ITV estalló en 2012. Es una clara muestra de la desvergüenza con que se movieron los jerarcas de Convergència.

Oriol y sus compinches se confabularon para amañar el mapa de las estaciones de ITV en toda Cataluña. El descaro del caballero llegó al punto de utilizar sus influencias políticas para mangonear en beneficio propio la gestación de la Ley de Seguridad Industrial.

Su objetivo no era otro que hacerse con una buena tajada del suculento negocio de los establecimientos de revisión de los vehículos. Este tinglado constituye en la comunidad catalana un coto cerrado. Así se explica que las tarifas vigentes en este territorio sean de las más onerosas de España.

Oriol conocía a la perfección los beneficios desmesurados que las ITV suponen por estos lares. De ahí que pretendiera agenciarse un buen número de ellas, utilizando de testaferros a sus secuaces.

Este episodio ha legado a la posteridad una estampa impagable. Me refiero a la comparecencia de Oriol en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en abril de 2013, para prestar declaración. Acudió a escoltarle, al más rancio estilo mafioso, una tripleta de personajes: el secretario de organización de CDC, Josep Rull; el presidente de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull; y el vicesecretario de coordinación institucional, Lluís Corominas.

Todos ellos pretendían brindar protección al capo de la banda y demostrar, urbi et orbi, que la secta convergente al pleno arropaba a Oriol. Por cierto, Rull y Turull moran entre rejas desde marzo pasado, por su intervención en el golpe de estado separatista.

También está fresca en la memoria la presencia de Artur Mas en la comisión del Parlament organizada para “investigar” el tejemaneje de las ITV. El inefable Mas aseveró sin ruborizarse que el Govern desplegó en el asunto una actuación "absolutamente pulcra y correcta". Sin embargo, ha quedado acreditado que el propio Mas y Oriol intercambiaron muchas llamadas para tratar del entuerto.

Mas se escudó en la socorrida excusa de que “todavía no hay ninguna sentencia definitiva”. Pues no solo hay fallo inapelable, sino que el propio Oriol ha admitido de plano los diversos delitos perpetrados.

Lo cierto es que Artur Mas se entera de pocas cosas. Por ejemplo, nunca supo de las millonarias mordidas que el Palau de la Música transfería a las arcas de su partido. Tampoco columbró jamás el torrencial chanchullo de comisiones que Jordi Pujol junior iba acumulando por el ancho mundo. O el reguero de donaciones que las constructoras trasegaban a las fundaciones del partido, tras cada concesión de obra pública.

Mas ignoraba, asimismo, que diversas empresas en las que militan su cuñado y su sobrina se adjudicaron en poco tiempo la escandalosa suma de 450 millones de euros en contratas de la Generalitat.

Fíjense hasta qué punto Mas estaba en la higuera, que jamás supo que la fotocopia de su DNI aparecía en una cuenta bancaria oculta en el paraíso fiscal de Liechtenstein. Allí era beneficiario de un depósito de más de medio millón de euros abierto supuestamente por su señor padre.

Las oleadas de corrupción política que anegan este país llevaron al banquillo a presidentes de comunidades autónomas, a ministros e incluso a vicepresidentes del Gobierno del Partido Popular. Varios de ellos fueron apresados, juzgados, sentenciados y encarcelados.

En cambio, el muy honorable Jordi Pujol Soley, capo di tutti i capi, jamás se vió en tales trances. Bien al contrario, las fuerzas vivas de esta comunidad le siguen prodigando sentidos homenajes por su excelsa e inmaculada trayectoria. Debe ser uno de esos “fets diferencials” de los que tanto solía presumir el ex muy honorable.

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¿Quién es... Gonzalo Baratech?
Gonzalo Baratech

Baratech forma parte de una estirpe periodística catalana de larga tradición. Licenciado en Administración de Empresas por la European University y máster en Social Media Branding & Digital Strategy por La Salle-Universidad Ramón Llull, es coautor del libro Mas-Colell, el ‘minessoto’ que fracasó en política, de reciente publicación. Ha colaborado en Economía Digital y con anterioridad en La Vanguardia Digital y el diario Avui.