Llevan semanas, si no meses, preparando una reacción a la sentencia del Tribunal Supremo en la calle y en las instituciones, y la pretenden unitaria, masiva, contundente, sostenida (y añaden, proforma, pacífica). Los secesionistas han inventado un nuevo artefacto simbólico con el que ocupar el espacio ideológico, ocultar su pobreza discursiva y moral, anular la reflexión y movilizar a sus seguidores: “la respuesta”. Pero, ¿por qué una respuesta?

En el sistema democrático, las sentencias de los tribunales se acatan y, todo lo más, se recurren, si ha lugar. Torra, (falso) máximo representante del Estado en Cataluña, según la Constitución y el Estatuto, trata de invalidar aquel principio irrefutable de la democracia --sin el cual queda subvertido el orden jurídico y, en consecuencia, el orden democrático-- tildando alegre y gratuitamente al Estado de “autoritario y represivo”, por lo que no estaría obligado a acatar las sentencias de sus instituciones judiciales. Torrent, la otra primera autoridad de Cataluña, supuesto presidente de todos los representados en el Parlament, abonado también al vilipendio del Estado, llama a movilizarse “masivamente”, si los políticos presos son condenados.

Los dirigentes secesionistas han contribuido como el que más a provocar una crisis de autoridad, empezando por la de las instituciones que gobiernan. No es el Estado de Derecho lo que está en crisis, sino la autoridad obligada a respetarlo. La diferencia es sustancial. Si la crisis fuese del Estado de Derecho, la democracia estaría en peligro. La crisis de autoridad se solventa restableciendo la autoridad, removiendo a los agentes políticos que no la ejercen conforme a la ley. Cuando Torra y Torrent, y lo que representan, no detenten el gobierno, estaremos en otra dimensión.

El desacato como estrategia para desestabilizar al Estado, en sus diversas expresiones: astucia, desobediencia, confrontación... viene de lejos. Se formaliza en la resolución del Parlament de 9 de noviembre de 2015: “Esta Cámara y el proceso de desconexión democrática no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español”. La resolución fue anulada por el Tribunal Constitucional, pero “desacataron” la anulación y prosiguieron la escalada de desacatos hasta los graves hechos de septiembre y octubre de 2017 por los que han sido llevados a juicio nueve de los dirigentes del secesionismo.

Si la respuesta a la sentencia se traduce en nuevos hechos punibles, el Estado de Derecho a través de sus instrumentos, fiscalía y judicatura, deberá actuar consecuentemente --está obligado a ello, por encima de la política--. Si no actuara, pondría en crisis la democracia haciendo el juego a los secesionistas.

Nos espera otra noria de despropósitos, falsedades y mentiras entorno a la sentencia. Los secesionistas denunciarán en la calle, en sus foros y medios la “judialización” y “la represión por la vía judicial”, donde sólo ha habido la obligada intervención del Estado de Derecho.

Han sido derrotados, digan lo que digan Torra y los nostálgicos de 1714, porque no podían vencer en un objetivo absurdo impulsado desde poltronas interesadas, y que sólo refleja resentimiento (inducido) y frustración (autoimpuesta) de multitudes ya menguantes.