Superados que sean los obstáculos procedimentales a la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para prescindir del veto del Senado, es previsible que el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe sus propios Presupuestos Generales del Estado. Y ello porque el Gobierno concederá justo un poco menos de lo que a cambio le pidan los partidos nacional-separatistas y las distintas marcas de Podemos. Los peticionarios ya parten de que no todo lo podrán conseguir ahora, pero que lo que obtengan ya les irá bien para juntos continuar su acoso y anhelado derribo de la democracia constitucional de 1978; posibilidad que desaparecería con Sánchez borrado del mapa si por la imposibilidad de aprobar sus presupuestos hubiera de convocar elecciones. La lógica que mueve a los peticionarios y al concedente es perversa: Sánchez cree que la estructura del edificio constitucional aguantará todo el sobrepeso que para conservar el Gobierno habrá de conceder al populismo y al nacional-separatismo, mientras estos creen que con lo concedido harán colapsar aquella estructura.

En el caso de Podemos, Sánchez ha asumido por ellos el papel de desgastar las instituciones: comisariar RTVE; obviar al Senado en materia presupuestaria; neutralizar al Tribunal Constitucional retirando recursos que éste estimaría, vetando así su control de constitucionalidad de las leyes; desprestigiar a la Fiscalía insinuando su suplantación por la Abogacía del Estado en asuntos como la violencia de género; desautorizar al poder judicial afeándole sus sentencias en ese mismo ámbito, o sus cautelas contra incriminados en riesgo de fuga y/o reiteración por los hechos del 1-O. Con toda esa fatiga sobre las instituciones, a Podemos sólo le queda sobrecargar la parte de la estructura que Sánchez no puede tocar porque está en el Gobierno, que es el Rey. Sánchez sabe que precisamente quien apuntalará ese pilar serán aquellos ciudadanos que con su respaldo a la Monarquía jamás le votarían a él ni a Podemos, con lo que el coste electoral para ambos es nulo.

En el caso de los separatistas, abortado a regañadientes el camino de darles la impunidad por la vía de forzar a la Fiscalía a una calificación sin el delito de rebelión, Sánchez concede no ampliar el círculo de los querellados, favoreciendo al actual vicepresidente del Govern en el investigado delito de desobediencia; se desentiende de acusar a los Mossos que cooperaran el 1-O al albur de una imposible obediencia debida; anuncia indultos ante sentenciam anticipando la ¿inconveniencia política? de futuras condenas; permite la ocupación del espacio y edificios públicos con simbología partidista; embrida a la Alta Inspección educativa frente al adoctrinamiento escolar; promete la proscripción (legal) del castellano de la vida pública; flirtea con la idea de un poder judicial catalán. En definitiva, a los secesionistas, sabedores de que no han podido ahora sacar a Cataluña de España, les ofrece sacar a España de Cataluña, dándoles más instrumentos y hegemonía para conseguir a corto-medio plazo la mayoría social que todavía no tienen.

La apuesta de Sánchez es que, si el edificio no se derrumba, él lo gobierna. Por contra, la mano de los separatistas es que tras el derrumbe levantarán su propio edificio. El más absurdo es el órdago de los populistas de Podemos que, si consiguen derrumbar el edificio, no está claro que ellos fueran a gobernar los escombros sobrantes; y si los gobernaran, no se sabe qué querrían construir con ellos.