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En los últimos días, la posibilidad de que el Gobierno indulte a los responsables del intento de secesión unilateral se ha vuelto a poner sobre la mesa. Y lo ha hecho el propio ejecutivo, a través de la delegada en Cataluña, Teresa Cunillera (PSC), quien confesó el sábado pasado ser “partidaria” de la amnistía.

No es la primera vez que se plantea. En diciembre, durante la campaña para las autonómicas del 21D --con el 155 en vigor y con Rajoy como presidente--, el líder del PSC, Miquel Iceta, también apostó por el indulto de los responsables del golpe al Estado de derecho en Cataluña.

El globo sonda del indulto ha llegado en paralelo a declaraciones de miembros del Gobierno en los que se muestran contrarios a la prisión preventiva de los dirigentes independentistas que llevaron al Estado al límite en septiembre y octubre del año pasado. Es el caso del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista a TV3 el 9 de este mes; del ministro de Exteriores, Josep Borrell, en la BBC el 11S; de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet (PSC), hace una semana en una entrevista en El País, y de la vicepresidenta, Carmen Calvo, este domingo en La Vanguardia.

También es cierto que, tras las duras críticas por parte de la oposición a estas propuestas, han matizado sus palabras instando a no especular sobre “futuribles” o “hipótesis” en relación a un posible perdón. Así lo han hecho Cunillera, Batet y el propio presidente Sánchez, aunque en ningún caso han rechazado esa posibilidad.

El argumento esgrimido por los defensores del indulto o de acabar con la prisión preventiva es que serían medidas que ayudarían a “cerrar heridas” y a la “reconciliación” --Iceta--, sería más fácil el “diálogo” y la “normalidad” --Batet-- y que lo contrario “no ayuda” a la “concordia” --Ábalos-- ni a la política de “distensión” que promueve el Gobierno --Calvo--.

No han entendido nada. Parece que el Gobierno no se ha enterado de que el golpe secesionista de septiembre y octubre de 2017 no se paró con diálogo y negociación --que nunca faltó, basta recordar la operación Cataluña puesta en marcha por Soraya Sáenz de Santamaría, así como todos los personajes que posteriormente se han atribuido innumerables acciones de mediación--, sino que fracasó únicamente por la aplicación del 155 y con la vía judicial​.

Y si hoy el secesionismo no vuelve a las andadas --de momento--, no es porque el nuevo Gobierno tenga un talante más dialogante, sino porque es consciente de que la vía unilateral es inaplicable, porque sabe que la respuesta sería similar a la anterior: 155 y tribunales.

Indultar a los responsables del desafío rupturista en caso de que fueran condenados --y los autos judiciales recogen indicios probatorios de que van por ese camino-- sería contraproducente por varios motivos.

En primer lugar, el Estado se mostraría débil. Y ya ha quedado claro que el Estado solo ha sido capaz de frenar las acciones ilegales del nacionalismo independentista cuando ha respondido de forma contundente. La inacción del Estado ante el referéndum de 2014 les envalentonó a dar más pasos adelante. Si intentar la secesión unilateral con acciones violentas sale gratis --o muy barato--, se convierte en un incentivo para volver a hacerlo cuando haya otra oportunidad.

Por otra parte, como bien señalaba la semana pasada Joaquim Coll en este mismo medio, sin presos, nada cambiaría en la estrategia independentista. La propaganda victimista ha sido su principal motor en los últimos años y, si no estuvieran encarcelados algunos de sus dirigentes, utilizarían otros argumentos tergiversados para el agit prop y la movilización callejera y digital que igualmente dificultarían el “diálogo”. Ya lo han demostrado anteriormente y no hay ningún elemento --ninguno-- que lleve a pensar lo contrario.

Cabe destacar también que la Constitución subraya que “la penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Sin embargo, no parece que los procesados hayan mostrado mucho arrepentimiento de los delitos de los que se les acusa, ni que lo vayan a hacer en el futuro en caso de condena. Más bien, al contrario, aseguran que no piensan asumir ninguna responsabilidad ni culpabilidad y que lo volverían a hacer. Por tanto, no tendría mucho sentido acortarles las penas que los tribunales estimen razonables para lograr su “reeducación” y “reinserción social”, si finalmente estas se confirmasen.

Además hay que tener en cuenta que la ley establece que “el indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del tribunal sentenciador”, y que entre las “condiciones tácitas de todo indulto” está la de “que no cause perjuicio a tercera persona, o no lastime sus derechos”. Por tanto, habrá que ver lo que dicen los tribunales llegado el caso y si la amnistía no perjudica a los ciudadanos que se puedan sentir discriminados o desamparados.

Dice Pablo Casado --al que hay que recordarle que hoy no se hablaría de indultos si el Gobierno de su partido y la mayoría del PP en el Senado hubiesen aplicado el 155 mucho antes, pues se habrían evitado los hechos que han llevado a los líderes independentistas a estar procesados-- que el planteamiento del Gobierno a favor del indulto se debe a que es “rehén de los votos de los independentistas en la moción de censura” y que responde a un “chantaje” de estos. De igual forma, desde Ciudadanos consideran que “estamos ante el pago de la hipoteca de Sánchez”.

Lamentablemente, me temo que ambos se equivocan. El Gobierno de PSOE-PSC no abre la puerta al indulto porque le presione el independentismo. Lo terrible es que lo hace porque está convencido de que es la mejor opción. Al igual que prefiere ignorar a la Alta Inspección Educativa cuando denuncia que las escuelas catalanas adoctrinan en el nacionalismo, se pone de perfil ante la aplicación de la inmersión lingüística obligatoria exclusivamente en catalán --ilegalizada por los tribunales--, se queda de brazos cruzados frente a la utilización de los Mossos d’Esquadra como policía política y no hace nada por obligar a los ayuntamientos --entre otras administraciones en Cataluña-- a cumplir la ley de banderas. Y luego viene Ábalos y dice que “el Estado se ha ido independizando de Cataluña hace tiempo, [...] dejándola a su suerte”. Aplíquese el cuento, señor ministro.

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¿Quién es... Alejandro Tercero?
Alejandro Tercero

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona (UB) y Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API). Ha realizado estudios de Periodismo Digital en la UOC. Ha desarrollado su labor profesional en el ámbito del periodismo político y de la comunicación empresarial. Dirigió el digital La Voz de Barcelona -diario del que fue cofundador en 2008- hasta su fusión con Crónica Global, en 2013. Ha presentado y dirigido el programa 'Voces', en Radio Intereconomía Cataluña. Ha participado o participa en tertulias sobre actualidad política en TV3, Catalunya Ràdio, RNE-Radio 4, TVE-Cataluña, RAC1, BTV, Televisió Badalona, Radio Intereconomía Cataluña, Canal Català TV y Cuatro. Es coautor del libro 'Cataluña. El mito de la secesión'.

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