El COVID-19 nos tiene a todos en vilo pendientes de las noticias, pero además de la crisis sanitaria cada vez se habla más de la crisis socioeconómica que se nos viene encima. La actividad económica del sector primario no es una excepción. A pesar de que el suministro alimentario a la población está garantizado, nuestros hábitos de consumo se han modificado enormemente y el sector turístico se ha paralizado en su totalidad.

La flota pesquera catalana que faena a día de hoy está por debajo del 50% con alguna de las cofradías cerradas como es el caso de Tarragona. Los productores de planta ornamental del Maresme y Vallés Oriental calculan que tendrán unas pérdidas superiores al 60% de la facturación anual. Los productores de calçots, igual que los de alcachofa, calculan pérdidas del 25% y algunas empresas agrarias, aunque deben seguir trabajando, han visto caer en picado las ventas que dependían de comedores escolares, hoteles o restaurantes, y afrontan estos días con una gran incertidumbre sobre su continuidad en el tiempo. El sector de la fruta dulce de Lleida todavía no ha necesitado un gran volumen de mano de obra, pero ven con preocupación la dificultad para la movilidad de los trabajadores que necesitarán en breve. 

Los agricultores y ganaderos, en lo peor del COVID-19, no han dejado de salir a trabajar al campo y garantizan el abastecimiento de alimentos y mantenimiento de la cadena agroalimentaria.

El sector primario es un sector estratégico; tanto autónomos como cooperativistas son un motor económico que genera empleo y retiene población en el medio rural. Por eso se deben presentar medidas reales de aplicación inmediata, para ayudar a nuestros agricultores ahora que lo necesitan más que nunca.

Planes de choque para explotaciones agrarias en estado crítico por efecto del Covid-19, cancelar el pago de cuotas de autónomos, flexibilizar ayudas de la PAC o garantizar la libre circulación de productos agroalimentarios son sólo una parte de todas las medidas que deberían empezar a funcionar. Todo con el objetivo de garantizar la cadena de suministro y distribución en el marco del Estado de Alarma y facilitar a nuestros agricultores y ganaderos resistir esta emergencia. 

Ayuntamientos, Generalitat, Gobierno de España y Unión Europea deben actuar con lealtad y de manera coordinada para evitar que haya productores que se vean obligados a abandonar su actividad económica y su explotación agraria. Es tiempo de ofrecer nuestro apoyo para frenar unas consecuencias económicas que nos afectarán a todos. Después del drama sanitario, no abandonemos al Mundo Rural a su suerte.