No nos toca establecer juicios de valor sobre la actuación de la justicia ni de los actores encargados de aplicarla ni mucho menos llegar a una conclusión sobre la sentencia que debe emitirse. Mucho menos en una causa tan grave y complicada como la que se hace a los encausados por el prusés de independencia de Cataluña y cuando estamos en las primeras semanas del inicio del juicio. Dada la magnitud de lo que se juzga, también es pronto para deducir algunas estrategias procesales de abogados defensores y acusación, ya que  en las primeras sesiones del juicio sólo pudimos escuchar a los acusados (con derecho a mentir) y a los actores políticos intentando nadar y guardar la ropa. Ha sido durante la cuarta semana cuando se ha empezado con testigos con responsabilidades de gestión operativa. Quizás sea por esto que no ha sido hasta la última semana cuando realmente aparecen relatos sobre la violencia y vemos a los abogados defensores y acusados menos relajados de lo que los veíamos al principio. También hemos visto la evolución de las redes sociales que han pasado a decir que iba a costar demostrar la violencia y que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado eran “flojitas” a tildar de mentirosos a los testigos y a acosarlos y amenazarlos. Si al final hemos de escuchar a 500 testigos y ver las pruebas periciales, habrá tiempo para completar un relato más veraz de lo ocurrido del que nos puedan querer transmitir ahora las partes interesadas.

En las primeras sesiones observamos que algunos independentistas continuaban con un relato poco relacionado con la realidad. Algunos no se habían dado cuenta de que eran protagonistas de un juicio real, renunciaron a defenderse de las acusaciones que pesan sobre ellos y sustituyeron las respuestas a las preguntas de fiscales y Abogacía del Estado por arengas políticas dirigidas al tribunal. También escuchamos un relato independentista apoyándose en afirmaciones que no se ajustan a una cultura democrática moderna. Nos referimos al mantra repetido cansinamente en el que se afirma sin pestañear que la democracia está por encima de la ley, o que tienen un mandato del pueblo de Cataluña, porque tienen más escaños en el Parlamento que los grupos no independentistas, aunque tienen menos votos y ninguna competencia para saltarse la ley. Es decir, ignoran por qué gobiernan, para quién y para qué, haciendo un uso fraudulento de la misma democracia, por la cual accedieron al poder.

Cuando empezaron a declarar responsables políticos tuvimos la percepción de que tanto los responsables políticos del prusés como los del Gobierno español no recordaban muy bien las decisiones que tomaron. Nadie se reunió para planificarlo, nadie se responsabilizó de la organización y compra de material, ni nadie arengó a la participación, ni nadie envió contingentes de guardias civiles y policía nacional. El independentismo repitió hasta la saciedad que siempre se intentaba negociar con el Gobierno y que todo era pacífico y espontáneo. Cuando se profundiza, vemos que lo único que querían negociar eran los términos del referéndum y de la independencia, cosas por las que tampoco demostraron demasiado empeño.

A partir de la cuarta semana, en las declaraciones de responsables de los cuerpos de seguridad, hemos tenido la percepción de la inadecuación de la actuación de los Mossos, más encaminada a garantizar la votación del 1-O que a impedirlo, como era su obligación según el mandato judicial del TSJ. Otro aspecto que se ha puesto de manifiesto es la convivencia en diferentes actos, de verdaderas multitudes convocadas pacíficamente y otras organizadas para evitar la actuación policial, incluso a través de la violencia. A nadie se le escapa que una situación así puede convertirse en una bomba de relojería. Se evidencia así mismo el contraste entre las informaciones de profesionales que alertaban de una posible escalada violenta el 1-O con los mensajes desde el Govern y las asociaciones independentistas, animando a votar con normalidad, a pesar de haberse prohibido la realización del referéndum. Y aunque tenemos que reconocer que en cualquier manifestación pacífica puede haber incidentes violentos, la repetición de situaciones parecidas en momentos diferentes o de la utilización de las mismas técnicas para plantar cara a los cuerpos policiales en diferentes colegios electorales sugiere un cierto entrenamiento y organización general. Por cierto, nos hemos enterado de que los grupos de CDR, a los que se adjudican comportamientos violentos, han aumentado desde el 1-O al momento actual, de 42 a más de 300. Visto cómo han ido las cosas, el referéndum se parece más a una excusa para la movilización ciudadana y el enfrentamiento con la policía en toda la geografía catalana, que a un intento sincero para profundizar en el conocimiento real de lo que piensa la ciudadanía.

Este juicio tenía que ser el juicio del siglo y los reporteros internacionales se pelearían por entrar en la sala. No sólo porque se juzga a gente que parece haber cometido delitos graves, también porque al independentismo le gustaría que esto fuera realmente un juicio político en el que la justicia española quedara tocada. No está siendo así, por el buen hacer del presidente del tribunal, el juez Marchena.

La realidad es que muchos de los corresponsales extranjeros ya están dejando de interesarse por lo que ocurre en el tribunal. Sesión tras sesión iremos enriqueciendo nuestra percepción de las cosas, hasta que también nos entre el aburrimiento. Pero, independientemente de cómo transcurran las sesiones y a las conclusiones a las que llegue el tribunal, gracias a poder seguir el juicio en directo, los ciudadanos tendremos un relato bastante ajustado de lo que realmente sucedió, sin engaños ni manipulaciones.

Eso sí, cuando se dicte sentencia, sea la que sea, oiremos que es injusta y excesiva porque seguirá habiendo gente que dirá que aquí no pasó nada, que todo lo que vimos era de mentira y que el juicio ha sido un montaje. Lo dirán, como lo hacen la mayor parte de los reos, pero esta vez lo habremos visto.

La justicia es así. Ahora sí, Europa nos mira.