Nuestra Constitución, que lleva ya más de cuarenta y un años de existencia, en su artículo 1 establece que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Aunque está claro que el texto constitucional requiere importantes reformas y actualizaciones en muchos aspectos, existe un amplio consenso, tanto entre todas las fuerzas políticas que cuentan ahora con representación como en el conjunto de la ciudadanía de nuestro país, que esta definición constituyente sigue siendo plenamente vigente.
“Un Estado social y democrático de Derecho”. Esto es, o debería ser, la España de hoy. Se trata de hacer realmente efectiva esta definición constituyente, que por desgracia no se ha llegado a materializar por completo. Nos queda todavía mucho camino que recorrer al respecto, en especial en materia de lo social. Lo sabíamos desde hace mucho tiempo, en especial desde que la gran crisis financiera global de 2008 tuviera efectos devastadores en muchos campos, y de manera muy especial en aspectos fundamentales de lo que desde hace años conocemos como “Estado de bienestar”, que no otra cosa es el “Estado social y democrático de Derecho”.
Unos efectos devastadores que se concretaron en drásticos recortes en servicios públicos tan esenciales como la sanidad y la educación, así como en muchas otras prestaciones sociales básicas que apenas habían comenzado a aplicarse en nuestro país. Unos efectos que aún no se han corregido, a pesar de que en muchos otros terrenos hemos dado por superada aquella primera gran crisis financiera global.
Ahora, con la irrupción súbita e inesperada de esta primera gran pandemia global que es el coronavirus, nos encontramos, con toda su enorme crudeza, con una realidad que, para nuestra desgracia colectiva, queda muy lejos de aquel “Estado social y democrático de Derecho” que constitucionalmente nos define como país. Ahora comprobamos hasta qué punto nos afectan aquellos extraordinarios recortes presupuestarios. Unos recortes presupuestarios que se han dejado y se dejan sentir sobre todo en la sanidad pública, con enormes reducciones en todo tipo de personal sanitario, en camas de hospital, en instalaciones y en materiales, y han tenido y tienen también afectaciones muy notables, todavía con mucha mayor gravedad, en gran número de residencias de ancianos, tanto privadas como públicas.
Confiemos en que, más pronto que tarde, llegará el día del final definitivo de esta primera gran crisis sanitaria global, el día en el que habremos logrado vencer esta enorme pandemia provocada por el Covid-19. Entonces deberemos plantearnos como sociedad de qué manera y con qué intensidad estamos decididos a hacer que España sea de verdad “un Estado social y democrático de Derecho”. Porque como sociedad no podemos ni debemos renunciar, bajo ningún concepto ni por ningún motivo, a ninguno de estos dos calificativos: “social” y “democrático de Derecho”. Porque existe ya, aunque sea por ahora solo de una manera soterrado, una tendencia que apuesta por una opción de futuro basada exclusivamente en la seguridad, por muy imposible que sea ésta en términos absolutos, y existe otra tendencia que apuesta por una opción de futuro basada en el ultraliberalismo económico, en la desregulación total del mercado.
Todas las crisis, por muy graves que sean, tienen también aspectos positivos, los que se derivan de la reflexión sobre las causas que las han provocado. En estos momentos de obligado aislamiento en nuestros domicilios, cada uno de nosotros debería aprovechar el tiempo para reflexionar sobre cómo queremos que se oriente nuestro futuro colectivo. Está en nuestras manos, en definitiva en nuestros sufragios en próximas elecciones generales, autonómicas, locales o europeas, decidir qué opción de futuro deseamos para nuestro país.
No deja de ser sintomático constatar que, de forma repentina, la cuestión sanitaria se ha convertido, según el barómetro publicado estos días por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el tercer problema más importante para la ciudadanía española. Que esto haya ocurrido ahora, como consecuencia de la crisis provocada por esta pandemia, es una demostración de hasta qué punto gran parte de nuestra sociedad no se había percatado de la importancia que han tenido y tienen los graves recortes que durante más de doce años han reducido nuestro sistema público de sanidad. Hay responsables políticos claros de estos recortes. Los hay especialmente en tres comunidades autónomas: las de Castilla-La Mancha y Madrid, ambas gobernadas desde hace muchos años por el PP, y Cataluña, gobernada por las dos grandes fuerzas independentistas, JxCat y ERC.
