La negociación y los mandatos imperativos no casan

Jordi Mercader
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Los partidos juegan al escondite entreteniéndonos con pactos teóricos e improbables mientras se abre paso en el universo político y mediático del soberanismo la tesis del 50% como un mandato para el estado en general y para el gobierno de Pedro Sánchez en particular: la amnistía y el ejercicio de la autodeterminación son ineludibles. La casualidad ha querido que el Congreso de los Diputados tenga oportunidad esta misma semana de expresarse parcialmente sobre este tipo de interpretaciones infundadas sobre el valor de las elecciones autonómicas. ERC presentará una moción pidiendo al gobierno central que negocie la celebración de un referéndum de autodeterminación. Saldrá que no, porque el PSOE está en contra y Unidas Podemos no se toma en serio la exigencia.

La fórmula del plebiscito impropio sobrevuela últimamente todas las elecciones autonómicas y los referéndums prohibidos; de ellos, los partidos independentistas destilan mandatos imperativos que luego no cumplen, porque no pueden o porque no quieren. La novedad ahora es que el mandato alcanza también a los representantes de la soberanía que no se presentaban a las elecciones catalanas del pasado domingo que resulta ser la única soberanía reconocida en la Constitución.

Estamos ante una variante de un fisco ya conocido. En septiembre de 2017, el pleno del Parlament pensó que podía dar por liquidada la vigencia de la Constitución y el Estatuto con una votación por mayoría absoluta. En este momento se proclama que la superación del 50% de los votos emitidos para elegir al Parlament constituye un mandato imperativo para que las Cortes inicien como poco una reforma constitucional para elaborar una ley orgánica de indulto general y modifiquen los artículos definidores de la unidad nacional para abrir las puertas al derecho de autodeterminación para Cataluña y se supone que para todas las naciones de la nación que así lo soliciten.

Eso en el caso de que exista en el Congreso y el Senado una mayoría reforzada para emprender una reforma de la Constitución de la profundidad que reclaman los objetivos de los grupos independentistas. Más bien parecería que la actual composición de las Cortes no da para ninguna reforma de la Carta Magna en ningún sentido. A pesar de tal obstáculo, no hay que descartar que, cómo pide el diputado Gabriel Rufián en su moción sin futuro, los administradores del 50% pretendan simplemente que se cumplan sus objetivos de forma inmediata, sin reforma previa del texto constitucional.

El malentendido de fondo persiste porque la confusión entre el objetivo político y la realidad sobre la que hay que trabajarse este objetivo forma parte de la estrategia independentista. Nadie puede negar la legitimidad de aspirar a que Cataluña se convierta en un estado soberano, sin embargo es un absurdo y una fuente de desgracias personales y colectivas actuar como tal de forma infundada. La soberanía que sustenta las elecciones autonómicas es la misma soberanía de la que nace la Constitución, la misma que fija los límites competenciales de las actuales instituciones catalanas. Es un problemón, claro, pero pretendiendo o fingiendo que algo serio y transcendente podrá hacerse sin modificar el ordenamiento constitucional no ayuda en nada; todo lo contrario, complica la negociación hasta convertirla en una parodia.

El 50% da para formar un gobierno autonómico entre quienes suman este notable porcentaje de voto emitido y retomar de inmediato la gestión gubernamental aparcada por el gobierno Torra desde el mismo día de su investidura. Por descontado, también para seguir buscando una vía transitable para alcanzar sus objetivos nacionales a largo plazo. No parece que tengan prisa por reeditar una coalición gubernamental de ingrato recuerdo para ambos socios, que además ha perdido muchos votos y un diputado, que solo puede mantener su discurso triunfalista gracias al éxito electoral de la CUP.

Al final, si no asumen el protagonismo que le corresponde al PSC por activa, por pasiva o por perifrástica, Pere Aragonés y Laura Borràs  no tendrán más remedio que volver a compartir el poder autonómico. En el mientras tanto, sacralizando la amnistía como única fórmula para retomar la negociación no hacen sino deslegitimar la opción del indulto, la única carta que el gobierno Sánchez tiene realmente en su mano para reconducir la dirección de colisión por la que la fiscalía y los jueces  conducen a toda velocidad. ERC le ha ganado la partida a JxCat en votos, sin embargo aun es pronto para saber si conseguirá liberarse de la estrategia de Carles Puigdemont.

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¿Quién es... Jordi Mercader?
Jordi Mercader

Periodista, analista de la actualidad y escritor.