El I Informe sobre convivencia lingüística en Cataluña (marzo-julio 2020) es de un gran valor. En primer lugar, porque es el primer informe público que aborda la cuestión lingüística durante este periodo de crisis. En segundo lugar, porque no circunscribe el estudio a las administraciones en Cataluña, sino que lo amplía para incluir también a la administración central. El informe tiene dos partes: la primera trata de las directrices lingüísticas de las administraciones públicas en el ámbito cultural y la segunda recoge las quejas de ciudadanos y ciudadanas, políticos y asociaciones.

Gracias al informe conocemos que la Generalitat ha promovido desde el comienzo de la pandemia hasta ahora 22 iniciativas lingüísticas en el ámbito cultural (subvenciones a la creación, premios, concursos literarios...) y que todas ellas estaban dirigidas a catalanohablantes, 6 incluían también a hablantes de aranés y únicamente una estaba destinada también a los castellanohablantes (consistente en el VIII concurso de tuitrelatos “Un viatge d’històries”, organizado por los Ferrocarriles de la Generalitat y el Ateneo Barcelonés, con ocasión de la fiesta de Sant Jordi, y al que se podían presentar textos tanto en catalán en español).

Si sumamos las iniciativas lingüísticas de los ayuntamientos catalanes a las de la Generalitat, nos encontramos con que los creadores en catalán pudieron acceder a 71 iniciativas con fondos o reconocimientos públicos durante los primeros meses de la pandemia. En contraste, los creadores en español sólo dispusieron de 10 iniciativas públicas que también incluyeran su lengua. Respecto a los artistas en aranés, estos pudieron acceder a 12 iniciativas.

Estas cifras muestran que hay seguir insistiendo en que la promoción del catalán no debería implicar el arrinconamiento público del español. No porque se tenga que realizar ninguna “defensa” del español sino porque la práctica de limitar al mínimo la posibilidad de la creación cultural en español en Cataluña es una vulneración de los derechos lingüísticos de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, en Cataluña, tienen el español como su lengua de trabajo.

Hay que buscar un equilibrio entre una promoción justa del catalán y los derechos lingüísticos de aquellos que usan el español. Este equilibrio es posible; lo que se necesita es voluntad política por parte de la Generalitat (absolutamente cerrada al bilingüismo) y los ayuntamientos (algunos de ellos más abiertos).

Respecto al Ministerio de Cultura y Deportes, leemos en el informe sobre convivencia lingüística que, junto con el Instituto Cervantes, ha llevado a cabo nueve iniciativas de tipo cultural desde el inicio de la pandemia y todas ellas están abiertas a creadores en todas las lenguas oficiales del país. Una vez más constatamos la diferencia de actitud entre, por una parte, la administración central, la cual promueve y subvenciona la creación cultural en español, catalán, euskera y gallego y, por otra parte, la administración de la Generalitat, la cual tozudamente desprecia el bilingüismo. Así pues, el problema del Ministerio de Cultura, en este caso, no es minusvaloración u “odio” al catalán, el euskera y el gallego. Esta idea forma parte del relato nacionalista pero no se constata en la realidad cuando uno investiga qué hace realmente cada administración. El estado de la cuestión puede resumirse en una frase: miren ustedes sus DNIs bilingües y compárelos con sus tarjetas sanitarias monolingües.

El problema con la administración central es que no es capaz de explicar lo que hace en el campo lingüístico y ha dejado todo el relato lingüístico de la democracia en manos de los nacionalistas. Es lógico que la ciudadanía, en consecuencia, desconozca mayoritariamente qué ministerios e instituciones estatales sí están abiertos a la presencia y uso de las lenguas cooficiales en sus ámbitos de actuación. La información es clave y todos los gobiernos centrales han abdicado de explicarse sobre aquellas iniciativas plurilingües e inclusivas que llevan a cabo. Lo hacen, pero no lo dicen, este es el grave problema y no el supuesto “ataque” a las lenguas cooficiales.

En cuanto a la segunda parte del informe, la referida a las quejas por motivos lingüísticos, hay que destacar que el informe atina en agrupar las quejas en dos grupos: las quejas por la falta de bilingüismo en la administración autonómica y en menor medida, la municipal, la central y la de la UE; y, por otro lado, las quejas contra el bilingüismo.

Durante el confinamiento domiciliario corría por las redes sociales una imagen muy ilustrativa de la posición contra el bilingüismo. Era una foto de un letrero en un parque de L’Hospitalet con informaciones sobre el coronavirus. La información estaba primero en catalán y seguidamente en castellano. Sobre las frases se podía ver un grafiti que alguien había dibujado con las palabras “En Català”. Inevitablemente, uno miraba el cartel y veía que ya estaba en catalán. ¿Qué significaba entonces “En Català”? ¿Una contradicción con la realidad de la información bilingüe que el grafiti manchaba? No, la demanda “En Català” tiene su sentido si leemos la estructura profunda de la frase, si añadimos el adverbio ausente pero implícito: “En Català només”. Esto es estar en contra del bilingüismo. Es abogar por la lengua única y protestar por la presencia de la otra.

Ahora que algunos ayuntamientos en Barcelona y el área metropolitana empiezan a mostrarse más proclives a emitir informaciones públicas bilingües, es momento de apoyar estas iniciativas en favor de los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía, y explicar que una cosa es estar a favor de la presencia y uso del catalán y otra, muy distinta es estar en contra de la presencia del español, junto con el catalán. El informe de SCC es buen punto de partida para indagar más en esta dicotomía.