“No había costumbre…” y sigue sin haberla en el Parlament

Hay fórmulas que sobreviven a los regímenes porque describen hábitos más que sistemas. “No había costumbre” es una de ellas. La rescató el veterano periodista Miguel Ángel Aguilar en un formidable libro para retratar la lógica del franquismo: donde no había derechos consolidados, se invocaba la ausencia de precedente como si fuera ley. No se hacía —luego no debía hacerse—. Y asunto concluido.

Que hoy esa expresión reaparezca en el Parlament de Cataluña, en relación con la presencia visible y permanente de la bandera española junto a la señera, tiene algo de déjà vu. Pero también de ironía. Porque quienes se presentan como garantes de una cultura democrática avanzada recurren, llegado el caso, a un argumento de pura inercia: no se hace porque desde 1981 no existe la costumbre de izar la bandera nacional cuando no hay plenos en el Parlament, argumentan los servicios jurídicos de la Cámara autonómica.

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Conviene detenerse en ello. No se apela tanto a una imposibilidad legal como a una práctica consolidada. A una tradición selectiva que se invoca cuando conviene y se olvida cuando estorba. Así, la costumbre deja de ser un dato para convertirse en coartada. El Parlament no es una institución etnográfica, sino política. No está para preservar hábitos, sino para expresar principios. Entre ellos, uno elemental: su pertenencia al orden constitucional vigente. En ese marco, la coexistencia de símbolos debería ser normal. Pero aquí la normalidad se administra con cautela.

La paradoja es evidente. La señera ondea sin discusión, mientras que la bandera española no mantiene una presencia permanente y equiparable en el exterior del edificio, lo que ha sido objeto de controversia jurídica y política en distintas ocasiones. Y cuando se plantea su visibilidad estable, la respuesta es una apelación implícita a la costumbre.

Basta pasear por el Parc de la Ciutadella para comprobar hasta qué punto esa costumbre es selectiva. Allí ondea una señera de grandes dimensiones, visible y afirmada sin necesidad de justificación alguna. Simplemente está. La costumbre, en ese caso, no se invoca; se ejerce.

El contraste es elocuente. Para unos símbolos, afirmación permanente; para otros, excepcionalidad administrada. Y cuando se señala esa asimetría, la respuesta vuelve a gravitar en torno a la misma idea: no hay costumbre. Como si fuera algo neutral y no el resultado de decisiones políticas repetidas.

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No es irrelevante que esta cuestión haya dado lugar a iniciativas legales impulsadas por otra meritoria entidad civil catalana constitucionalista, Impulso Ciudadano, dentro de una línea de actuación orientada a exigir neutralidad institucional y cumplimiento de la normativa sobre símbolos. Cuando la costumbre sustituye al derecho, alguien acaba recurriendo al derecho para cuestionarla.

El razonamiento, en cualquier caso, sigue siendo circular: no se hace porque nunca se ha hecho. Convertir esa tautología en criterio institucional supone sustituir deliberación por inercia y derecho por hábito. Justo lo contrario de una democracia madura.

No deja de ser significativo que una expresión asociada a una cultura política sin libertades resurja hoy con tanta naturalidad. Cambian los discursos, permanecen los reflejos. Al final, no es una cuestión de banderas, sino de concepción institucional. De si las instituciones responden a un marco común o a una narrativa particular. De si la costumbre es punto de partida o refugio.

Quizá la democracia consista en dejar de aceptar respuestas que empiezan y acaban en la misma frase. “No hay costumbre” no explica nada; apenas describe una inercia. Y las inercias están para ser cuestionadas. También en Cataluña.