Un fotomontaje de Gonzalo Bernardos con una imagen del consulado de Pakistán de fondo
¿Por qué estoy a favor de la regularización de inmigrantes?
"A diferencia de lo que dicen los partidos de extrema derecha, los inmigrantes no han venido a España a recibir “paguitas”, sino a trabajar"
La regularización de inmigrantes es un procedimiento administrativo cuyo objetivo es otorgar un permiso de residencia a una parte de los extranjeros residentes irregularmente en un país. Para obtenerlo, es necesario cumplir una serie de requisitos, siendo los más habituales estar empadronado, tener un contrato de trabajo, no contar con antecedentes penales graves y residir en la nación antes de una determinada fecha.
En las últimas cuatro décadas, en España ha habido seis regularizaciones de inmigrantes y una séptima está prevista para el segundo semestre de 2026. Todas ellas han tenido un carácter extraordinario y, en conjunto, han concedido el estatus legal de residentes a 1.253.179 foráneos. En dicha etapa, en algunas ocasiones la medida ha tenido rango de ley (aprobada por el Congreso) y en otras de real decreto (acordada por el gobierno).
El permiso de residencia permite a sus beneficiarios residir legalmente en España, abandonar la economía sumergida e incorporarse a la oficial, acceder a un mayor número de servicios y prestaciones públicas, poseer libertad de movimientos en el espacio Schengen y optar al reagrupamiento familiar. No obstante, dicho permiso no otorga la nacionalidad española, ni concede el derecho a votar en las elecciones generales, autonómicas o europeas, ni tampoco a trabajar en el mercado laboral regulado de otros países de la Unión Europea (UE).
Entre los inmigrantes, podemos distinguir dos grandes grupos: los que proceden de otras naciones de la UE y los que llegan desde terceros países. Los primeros pueden residir y trabajar legalmente en cualquier territorio del área común. En cambio, los segundos, para hacerlo en uno de la UE, han de conseguir un permiso de residencia. Si después desean trasladarse de forma permanente a otro de dicha área, deberán solicitar una nueva autorización para residir y trabajar legalmente en él.
De las seis regularizaciones de inmigrantes, cuatro fueron impulsadas por gobiernos del PSOE y dos por ejecutivos del PP. A ambos partidos les pareció una medida adecuada cuando estuvieron en el gobierno y una equivocación en los períodos en que formaron parte de la oposición. En la primera coyuntura, valoraron más las ventajas de la regularización que sus inconvenientes; en la segunda, hicieron lo contrario.
Desde la oposición, las críticas de ambas formaciones tuvieron una distinta orientación. El PP centró sus reproches en la generación de un efecto llamada y en el aumento de la saturación de los servicios públicos. En cambio, el PSOE sostuvo que la regularización tenía como principal objetivo favorecer a los empresarios, al proporcionarles el acceso a un mayor volumen de mano de obra legal y barata.
En el debate clásico sobre la inmigración, existen dos principales enfoques: el altruista y el egoísta. El primero está basado en principios humanitarios y de respeto a los derechos humanos. El segundo en un análisis coste – beneficio. En concreto, si la aportación de los inmigrantes a las arcas del Estado, a través de impuestos y cotizaciones sociales, supera a lo que reciben de él, así como si su llegada al país permite principalmente cubrir empleos vacantes o sustituir a una parte de la población residente en empresas y Administraciones Públicas.
Sin embargo, en las últimas dos décadas, el debate tradicional sobre la inmigración en los países avanzados ha experimentado un profundo cambio. En la actualidad, se encuentra distorsionado por la difusión de numerosas falsedades por parte de partidos populistas de extrema derecha en las redes sociales y en algunos medios de comunicación.
El objetivo de dichos partidos consiste en culpabilizar a los extranjeros de la mayoría de los problemas de la población autóctona. A la vez, proponer como solución la prohibición de la llegada de nuevos inmigrantes e incluso la expulsión a sus naciones de origen de una parte de los foráneos ya establecidos en el país. Un remedio que dista mucho de ofrecer los resultados prometidos, pues genera más problemas de los que resuelve. Un ejemplo paradigmático es la política migratoria actual de EE.UU.
Los partidarios del enfoque altruista defienden que los inmigrantes posean los mismos derechos que la población nacional, ya que todos son personas. Asimismo, abogan por su inmediato acceso al mercado laboral regulado para impedir su explotación por parte de algunas empresas. Unas compañías que con frecuencia pagan remuneraciones inferiores al salario mínimo y obligan a los trabajadores extranjeros en situación irregular a trabajar más horas semanales de las acordadas en el convenio del sector.
Dicho enfoque puede plantear al ejecutivo nacional dos principales problemas. En primer lugar, generar un efecto llamada, provocar un incremento de la población superior al deseable y un aumento del desempleo. Por regla general, los inmigrantes tienden a trasladarse a países que reúnen tres características: la presencia de familiares que han mejorado de forma significativa su nivel de vida, la existencia de numerosas oportunidades laborales y la posibilidad de obtener un permiso de residencia en un plazo relativamente corto.
En segundo, el partido en el gobierno puede afrontar un importante coste electoral. Por un lado, porque los trabajadores nativos menos cualificados suelen contemplar con recelo a los recién llegados, pues consideran que compiten con ellos en el mercado laboral. Por el otro, debido a que a una parte de la población autóctona les desagrada algunas de las costumbres de los inmigrantes y la transformación de los barrios donde residen. Un malestar expresado en frases del estilo “nos hemos convertido en extranjeros en nuestra propia casa”.
Un enfoque egoísta de la inmigración conduce a una clara conclusión: la llegada de inmigrantes beneficia de forma notable al país o región de destino. Una sustancial parte del éxito económico de EE.UU ha sido generado por los foráneos y en el milagro alemán de la posguerra tuvieron un papel decisivo los trabajadores españoles, portugueses y turcos.
En nuestro país, en las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo, el desarrollo de Madrid, Catalunya y el País Vasco habría sido bastante menor sin la aportación de los andaluces, extremeños y gallegos que abandonaron los pueblos donde nacieron. Desde el final de la pandemia, una sustancial parte del diferencial de crecimiento entre el PIB de España y el de la UE tiene su explicación en la masiva llegada de extranjeros al territorio nacional. Ellos han cubierto numerosos puestos de trabajo que los españoles no han querido ocupar.
En 2026, la regularización de inmigrantes previsiblemente incorporará a la economía formal a más de 500.000 trabajadores actualmente en situación irregular. Sus cotizaciones a la Seguridad Social incrementarán los ingresos obtenidos por el sistema de pensiones y contendrán el crecimiento de su déficit. Según Funcas, en el pasado año el desequilibrio de dicho sistema ascendió a casi 70.000 millones €, una cifra convierte que lo convierte en uno de los principales problemas estructurales del país.
En 2024, las cotizaciones de la población extranjera generaron aproximadamente el 10% de los ingresos de la Seguridad Social y sus prestaciones el 1% de los gastos. En primer lugar, porque en la actualidad hay pocos foráneos con derecho a percibir una pensión de jubilación. En segundo, debido a que los inmigrantes proporcionalmente cogen menos bajas que los españoles, ya sea por su mayor precariedad laboral, una menor edad media que les permite tolerar mejor los esfuerzos físicos o un inferior conocimiento de sus derechos.
Una parte de los foráneos regularizados pagará IRPF. El aumento de la recaudación puede tener como destino una reducción del déficit público (ahorro futuro de intereses), una disminución de los impuestos, la financiación de más prestaciones públicas y la inversión en nuevas infraestructuras o en el mantenimiento de las ya existentes. Por tanto, de su regularización nos podemos beneficiar todos los españoles.
A diferencia de lo que dicen los partidos de extrema derecha, los inmigrantes no han venido a España a recibir “paguitas”, sino a trabajar. Así, lo atestigua su tasa de actividad, pues en diciembre de 2025 el porcentaje de los adultos extranjeros que trabajaba o buscaba activamente un empleo se situó en un 68,7%. Una proporción sustancialmente superior a la de los españoles (56,3%).
Para dichas formaciones, los principales destinatarios del ingreso mínimo vital (IMV) son los extranjeros. Para ellas, a través del pago de impuestos, los españoles financiamos a los foráneos. De esta manera, pueden vivir sin trabajar en España mucho mejor de lo que lo harían en sus países de origen. Una afirmación que desgraciadamente se creen muchos ciudadanos, no se corresponde con la realidad y es desmentida rotundamente por los datos disponibles.
En septiembre de 2025, solo el 17,5% de los perceptores del IMV eran extranjeros, un porcentaje únicamente un poco superior al de su participación en la población residente en nuestro país (14,4%). Una diferencia que tiene su explicación en los distintos niveles de renta de unos y otros. Si los foráneos fueron adictos a las subvenciones, su cuota en el IMV superaría con holgura el 30%.
En definitiva, la regularización de inmigrantes es conveniente por motivos altruistas y egoístas. En primer lugar, porque todos somos personas y nadie debe tener más derechos que otro por haber nacido en un lugar diferente. En segundo, debido a que es un buen negocio para los españoles. La inmensa mayoría de los inmigrantes ha venido a trabajar y una sustancial parte de ellos lo hace en empleos que rechaza la población autóctona.
Debido a las anteriores razones, estoy a favor de la regularización de los inmigrantes planteada por el gobierno. A pesar de ello, considero que dicho método no es el idóneo. Mi preferencia sería la contratación en origen de las personas deseadas por las empresas españolas. Una actuación a la que siempre se han opuesto los sindicatos, pues consideran que merma las posibilidades de encontrar un empleo por parte de los trabajadores del país.
Los sindicatos obvian que después de casi medio siglo de democracia, la tasa de desempleo más reducida ha sido un 7,9% en el segundo trimestre de 2007. Un dato que deja muy claro que una significativa parte de los españoles no desea trabajar, aunque haya muchas y buenas ofertas laborales, tal y como existían en el período indicado.
