Desde hace muchos años, más de los que la mayoría puede recordar, Sant Cugat ha dependido en términos judiciales de su cercana Rubí, pues en su día se decidió que este municipio se constituyera en cabeza del partido judicial que abarca, además de estas dos ciudades, la de Castellbisbal.

Pero los tiempos cambian. Y, a veces, el estado de cosas existente en un momento dado se transforma de tal manera que, en poco tiempo, es necesario replantearse las decisiones adoptadas.

Esto es lo que ha ocurrido con Sant Cugat. Porque, en tan sólo 25 años, este municipio del Vallès ha duplicado su población, convirtiéndose así en la ciudad catalana de más de 50.000 habitantes que más ha crecido en el último cuarto de siglo. Tanto es así que ya ha superado a Rubí.

Precisamente por ello, en una decisión que considero acertada, Junts ha pactado con el Gobierno la creación de un nuevo partido judicial que abarque Sant Cugat y que, por tanto, permita su “independencia” de Rubí. Lo que implicará que, en el momento en que esto se materialice, los ciudadanos de Sant Cugat podrán dirimir sus asuntos civiles y penales en órganos judiciales sitos en su propia ciudad.

De hecho, el Ayuntamiento ya ha elegido su ubicación, que puede verse desde la distancia gracias a un gran cartel que lo anuncia. La Avenida Can Volpelleres, junto a la comisaría de Mossos d’Esquadra y donde, según se ha anunciado también, se creará la futura comisaría de la Policía Local con los servicios de Protección Civil y las Agrupaciones de Defensa Forestal. En resumen, una auténtica Ciudad de la Justicia, como toda ciudad de importancia merece.

Ahora bien, hay que ser prudentes. Y emplear todos los medios a nuestro alcance para evitar que el entusiasmo inicial de la teoría se torne en decepción posterior con la práctica.

Porque los problemas que pueden aflorar son muchos y de gravedad, motivados todos por un posible colapso de los nuevos juzgados pocos meses después de su creación.

En la actualidad, el partido judicial de Rubí tiene ocho juzgados mixtos, de primera instancia e instrucción, con competencia, en términos generales, para el enjuiciamiento de asuntos civiles, la investigación penal y la celebración de juicios por delitos leves.

Su población, computando la de los tres municipios que lo forman es aproximadamente de 184.000 personas.

Y la carga de trabajo de estos ocho juzgados es tal que, el pasado año 2024, el Departamento de Justicia y Calidad Democrática de Generalitat formuló una queja al Defensor del Pueblo en la que refería su voluntad de hacer llegar al Ministerio de Justicia una propuesta para la creación de un nuevo órgano judicial.

A tal efecto se pidió informe al Consejo General del Poder Judicial y, en fecha 24 de junio de 2024, su Servicio de Inspección consideró imprescindible, aunque no prioritario, la creación dos juzgados más en el partido judicial de Rubí.

El Defensor del Pueblo analizó esta documentación y acordó proponer al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la creación de, al menos, un juzgado más.

En resumen, los ocho juzgados de Rubí están colapsados. Y, en la medida en que, con el nuevo partido judicial de Sant Cugat, no se prevé, según se ha informado, la creación de ningún otro, sino simplemente el traslado de algunos de ellos de una ciudad a otra, es muy probable que la avalancha de asuntos sea tal que los nuevos juzgados de Sant Cugat nazcan heridos de muerte.

Porque si ocho juzgados no son suficientes para canalizar los asuntos judiciales de Rubí, Sant Cugat y Castellbisbal, difícilmente lo serán cuatro para Rubí y Castellbisbal y otros cuatro para Sant Cugat, que es el reparto que los operadores jurídicos de la zona barajan.

Al parecer, la cuestión está siendo estudiada, a requerimiento del Ayuntamiento de Sant Cugat, por la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero, por mucho que se derramen ríos de tinta al respecto, la situación es la que es. Y el déficit de órganos judiciales es un hándicap de gravedad.

En conclusión, o se crean más juzgados o el colapso de Rubí se extenderá a Sant Cugat. Y ya no tendremos solo un partido judicial anegado de asuntos, sino dos.

Y cuando el retraso empiece a afectar a los ciudadanos, la culpa no será de quien pudo hacerlo bien y no lo hizo, sino, como siempre, de los jueces.