El pleito del siglo entre Abertis y la Administración pública se ha saldado con una victoria provisional a favor de la segunda. La primera reclamaba la bagatela de 5.400 millones por unos desdobles realizados en la autopista AP-7 y por el descenso del tráfico que se registró a partir de la crisis económica de 2008.
El Tribunal Supremo ha resuelto que la demanda carece de fundamento y rebaja la compensación a solo 32 millones, más los intereses que correspondan.
Es de recordar que en 2021 Abertis recibió del Erario 1.070 millones a título de liquidación definitiva por los trabajos de ampliación de la calzada. La flamante sentencia del Supremo incrementa esa suma hasta algo más de 1.100 millones, que no está nada mal, pero se halla a años luz de las pretensiones de la actora.
Su dirección estudia interponer recurso ante el Constitucional y, si no prospera, ante la Justicia europea. El dineral en entredicho es demasiado suculento como para renunciar a él sin plantar batalla hasta el final.
Este litigio contencioso es el de más bulto que se haya presentado nunca por nuestras latitudes. Su origen se encuentra en el ensanchamiento del corredor entre la Jonquera y Tarragona. La concesionaria y el Ministerio de Fomento, regido por la socialista Magdalena Álvarez, firmaron en 2006 un convenio para llevar a cabo las magnas obras.
Estas consistían en añadir un carril adicional en ambos sentidos. Con ello, el trazado completo pasó a ser de tres vías y en algunos tramos llegó a las cuatro.
Abertis se comprometió a financiar el coste total, cifrado en 500 millones, hasta el último céntimo. Calculaba recuperar la inversión con rapidez gracias al incremento sostenido del número de usuarios que se preveía para los tiempos siguientes.
Pero poco después, cuando la reforma se hallaba en plena ejecución, explotó la burbuja inmobiliaria. El país se sumió en una profunda depresión. Y el flujo de vehículos por la AP-7 se desplomó un 20% en el curso de los ejercicios posteriores.
El Supremo no fija ninguna garantía de volúmenes de circulación. Por las mejoras efectuadas, solo reconoce un resarcimiento. Y ocurre que el ya recibido por Abertis es de una cuantía muy sustanciosa, de forma que colma con creces los gastos hechos para acrecentar la capacidad de la AP-7.
La apasionante historia de esta compañía arranca en los años sesenta del siglo pasado. A la sazón, el banco barcelonés Unión Industrial Bancaria (Bankunión), encabezado por el legendario José Ferrer Bonsoms, constituyó Autopistas Concesionaria Española SA (Acesa), para tender las vías rápidas desde la frontera francesa hasta Tarragona y desde El Vendrell hasta Zaragoza. Son, por cierto, las primeras de su género que se abrieron en España.
El decreto que las adjudicaba se aprobó en 1966, durante un consejo de ministros celebrado en el palacio de Pedralbes. Federico Silva Muñoz, ministro de Obras Públicas, contó con el respaldo entusiasta de Laureano López Rodó, comisario del Plan de Desarrollo.
Los medios informativos, en particular los vernáculos, saludaron la noticia con hondo escepticismo. “Es una iniciativa faraónica que difícilmente se llevará a cabo. Más que un proyecto de autopistas, parece un proyecto de utopistas”, sentenció un diario de la Ciudad Condal.
Por el consejo de Acesa desfiló, entre otros personajes, Jordi Pujol. Permaneció un decenio como vocal en representación de Banca Catalana, hasta poco antes de encumbrarse a la jefatura de la Generalitat.
Corriendo los lustros, la vieja Acesa se transformó en Abertis. Y a raíz del golpe separatista de 2017, trasladó a toda prisa su sede al paseo de la Castellana de Madrid. Ahí sigue hoy tan campante.
La Caixa fue propietaria de Abertis entre los años ochenta y 2018. Vendió sus acciones a dos colosos, la constructora ACS, liderada por el poderoso e incombustible Florentino Pérez, y la italiana Mundys (ex Autostrade), de la familia Benetton.
En 2021, tras más de medio siglo de peajes, la concesión de la AP-7 expiró y por fin se levantaron las barreras de pago. Desde entonces los gastos de mantenimiento corren a cargo del Ministerio, es decir, del conjunto de los contribuyentes, que los sufragan a escote. Al ser gratuita, su utilización se ha disparado y los atascos están a la orden del día, en particular los fines de semana y los meses estivales.
Acesa-Abertis contó en el transcurso de su dilatada existencia con nueve presidentes, a saber, José Ferrer Bonsoms, de 1967 a 1971; Manuel Loring, conde de Mieres, hasta 1974; José María González Vallés, 1983; Carlos Bustelo, 1989; José Vilarasau, 1998; Isidro Fainé, 2015; Salvador Alemany, 2018; Marcelino Fernández Verdés, 2023; y el actual titular del cargo, Juan Santamaría Cases.
Frente a los agoreros que vaticinaron el fracaso de las autopistas catalanas, la realidad luminosa es que han aportado beneficios ubérrimos para el tránsito seguro y veloz de mercancías y viajeros. En particular, es de valor incalculable la cooperación de su eje mediterráneo al desenvolvimiento comercial e industrial de los territorios que atraviesa.