Hoy más que ayer, urge hablar de algo importante. El futuro de Cataluña pasa necesariamente por el progreso de sus empresas. Y para afianzarlo, la certidumbre y el apoyo institucional son cuestiones fundamentales. Sobre todo, porque se trata de aspectos que afectan de forma directa e indirecta al presente y futuro más inmediato de las compañías, encargadas no sólo de generar empleo, sino de ejercer de carta de presentación de ciudades, comunidades autónomas y de país.
En no pocas ocasiones, la viabilidad de las empresas, y por consiguiente la creación de riqueza para comunidades autónomas y para el país en general, no es un problema. Sin embargo, muchas compañías que impulsan el empleo estable muestran resultados de negocio positivos y prevén seguir creciendo, se encuentran con el muro de la deuda y de la falta de oxígeno de un sistema que no tiene en cuenta la importancia de sectores estratégicos.
En la antesala de la investidura del nuevo Gobierno central recién constituido, el Banco de España alertó de los problemas de liquidez que sufren muchas entidades empresariales, en especial las pequeñas y medianas, que según el último informe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo generan hoy el 70% del empleo del país y representan el 99% del tejido. Asimismo, advirtió de que este contexto está generando que haya fondos de inversión que puedan verse forzados a vender compañías con elevados descuentos; es decir, a derribo.
El resultado de la tormenta perfecta es desolador. La pandemia dejó gran parte de nuestro tejido productivo al borde del colapso. Y el balón de oxígeno en forma de financiación pública no ha bastado para que las pymes levanten el vuelo y resistan. Tanto es así, que el cierre de empresas en España en 2022 –último año con datos completos disponibles– batió todos los récords: con 26.207 cierres, las disoluciones mercantiles superaron la cota más alta alcanzada hasta la fecha, en 2013.
La presión financiera sobre nuestro ecosistema empresarial es ya un elemento de vulnerabilidad. Y está teniendo su eco en compañías que, siendo rentables y promoviendo riqueza para sus entornos territoriales, han sido llevadas al abismo del concurso por no poder hacer frente a su deuda.
Esta circunstancia se vuelve especialmente preocupante si atendemos a argumentos como los esbozados por Citi, una de las mayores financieras del mundo, que ha expuesto recientemente que las empresas europeas afrontan una doble preocupación: la ralentización económica y mayores costes de refinanciación.
Esto afecta particularmente a las compañías de nuestro territorio. Por una razón que tiene que ver con el modo en que se estructura la financiación de la empresa en España, donde el 80% es financiación bancaria, y sólo el 20%, institucional. En el conjunto de Europa los márgenes de financiación son del 50%-50%. Y en mercados anglosajones, por el contrario, los porcentajes se invierten, siendo el 20% financiación bancaria; y un 80%, institucional.
Durante las últimas semanas, el debate público ha girado en torno a las condiciones que desde el entorno político e institucional debían brindarse para favorecer la inversión en nuestro panorama nacional. También para fomentar el arraigo de empresas en Cataluña o la actividad económica en el conjunto de España. Y en este punto hay trabajo por hacer.
La inversión extranjera se derrumbó durante los primeros seis meses del 2023 tanto en España como, sobre todo, en Cataluña. Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en Cataluña las inversiones de capital extranjero decrecieron en un 54% con respecto a la cifra registrada entre enero y junio del pasado año. En España, la reducción fue destacada, pero menor: el 26,6%. Se trata de la cifra más baja en Cataluña en un primer semestre desde 2014.
Este derrumbe llega en un contexto no sólo marcado por la falta de apoyo en términos de financiación institucional, sino también definido por el encarecimiento del crédito derivado por las fuertes subidas de los tipos de interés aprobadas por los bancos centrales, así como por una reducción de los márgenes de las empresas debido a la inflación provocada de la crisis energética y la invasión rusa de Ucrania.
Hoy más que ayer, urge hablar de lo importante. Pero también se antoja imprescindible que el apoyo a nuestras compañías se fundamente en hechos tangibles vinculados con las necesidades reales del ecosistema empresarial. Estamos a tiempo de vehicular una respuesta que garantice el progreso de proyectos viables, con presencia y arraigo en nuestro país y con capacidad de proporcionar riqueza y empleo de calidad. Proteger nuestras empresas es, sin duda, un reto pendiente para el nuevo Gobierno.