Nuevamente nos encontramos a pocos días de unas elecciones, en este caso las Generales, estamos con uno de los temas más candentes, el de la vivienda, en el ojo del huracán y del que todos hablan.  

El problema que existe con la vivienda es algo totalmente evidente y nos debe preocupar a todos y no solo en época electoral, como parece ser que les sucede a los políticos. Nos encontramos básicamente con un mercado inmobiliario convulso en el que ha disminuido notablemente la oferta de alquiler desde que se publicó la Ley por el derecho a la Vivienda, en que el fenómeno de la ocupación no sólo no se ha solucionado, sino que parece que se está normalizando y cada vez se alargan más los plazos para recuperar la posesión y también nos encontramos que existe una clara tendencia a la inquiocupación.  

La realidad social y la preocupación de los distintos operadores dentro del mercado inmobiliario nada tiene que ver con lo que los poderes públicos trasladan a las leyes y esta disgregación entre ambas lleva a que lo que el Gobierno y el Estado aprueban nada tiene que ver con las necesidades del mercado y sobre todo con la necesidad de tener una vivienda digna y con los derechos de los propietarios. 

Analizando la situación actual nos encontramos con varios frentes abiertos, por un lado, los problemas que tienen los jóvenes y las personas con pocos recursos para poder acceder a un inmueble y, por otro lado, los problemas que tienen los propietarios para poder rentabilizar correctamente sus inmuebles, ya sea por las trabas cada vez más numerosas en los procedimientos judiciales de desahucio por falta de pago o de finalización de término como también en que no encuentran una solución ágil y rápida al fenómeno de la ocupación.

El problema de la vivienda ha venido para quedarse y si los poderes públicos no actúan de forma urgente y sobre todo oyendo las reclamaciones que se efectúan desde el sector va a convertirse en un mal endémico. Por ello, el futuro Gobierno tiene un importante reto en sus manos y es legislar de forma efectiva sobre este mercado, establecer una bases y normas que equilibren el mercado y sobre todo den tranquilidad a inversores, propietarios e inquilinos.

Entiendo que las necesidades fundamentales con las que nos encontramos son las
siguientes:

1º Facilitar a los jóvenes y a las familias con pocos recursos que puedan acceder a una vivienda digna. Pero esto no se debe hacer trasladando esta responsabilidad a los particulares, como hasta ahora, sino que debe ser la Administración que desarrolle políticas de vivienda, que exista más vivienda social y lleve a que se pueda cumplir el mandato constitucional.

La limitación de precios del alquiler se ha demostrado que no ha sido efectiva en este sentido y la experiencia en Cataluña fue que se tensionó más el mercado porque disminuyó notablemente la oferta de viviendas y por tanto se produjeron más dificultades para poder acceder a una vivienda.

2º Debe establecerse una regulación rápida y efectiva contra la ocupación. No cabe poner trabas a los propietarios ni obligarles a que deban acudir a la Administración para solicitarles una solución habitacional. Debe ponerse fin y para ello se deberá modificar las medidas adoptadas por la Ley por el derecho a la Vivienda.

3º Deben facilitarse ayudas tanto a inquilinos como a propietarios que tengan dificultades en el alquiler. Debe legislarse buscando un mercado competitivo y que todas las partes tengan las mismas garantías.

En resumen, nos encontramos con que la actual legislación lleva a que los pequeños propietarios se planteen y opten, en muchos casos, por no alquilar sus inmuebles y ello perjudica notablemente el mercado porque recordemos que somos un mercado inmobiliario de pequeños propietarios.

El nuevo Gobierno tiene un gran reto y es mejorar el sector inmobiliario con una legislación más acorde con la realidad, pero la ventaja que tendrá es que con pequeñas medidas conseguirá rápidamente que el mercado se dinamice. Obviamente estas pequeñas medidas tienen que tender a equilibrar la legislación y sobre todo a ayudar e incentivar a los propietarios a que es una buena opción rentabilizar sus viviendas porque de esa forma habrá más vivienda en el mercado y beneficiará a todos los sectores.

Con ello no estoy pidiendo que solo haya ayudas al propietario sino que se afronte una verdadera política social, ayudando a los que más lo necesitan y no perjudicando el sector.

Y todo esto solo se conseguirá reformulando la Ley por el Derecho a la Vivienda
porque todos tenemos derecho a una vivienda pero no a costa solo de los propietarios.