La pesadilla de los peajes se eterniza

Los catalanes se las proponían muy felices con la extinción de algunos peajes en las autopistas. Pero poco han tardado en despertar de sus plácidos sueños. Ocurre que el director de la DGT, Pere Navarro, se fue de la lengua uno de estos días. Reveló en una entrevista que Pedro Sánchez planea imponer el pago generalizado por el uso de las autovías en España a partir del año próximo.

A pocas jornadas de las elecciones generales, Navarro acababa de soltar una bomba de neutrones sobre la misma testa del presidente. De inmediato, salió la ministra del ramo Raquel Sánchez a desmentirlo. Sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, negó “categóricamente” que el Gobierno tenga en mente semejante iniciativa perturbadora.

Navarro no ha vuelto a abrir la boca desde entonces. Y quizá calle para siempre, al menos como jefe de la DGT. Porque tiene los días contados en la poltrona si la derecha se alza con el poder en los comicios de este domingo 23 de julio, al igual que tantos otros prebostes socialistas uncidos a la ubre de las entidades y empresas públicas mediante su particular cordón umbilical.

Para hacer aún más aparatoso el ridículo sanchista, desde la Comisión Europea desmintieron sin ambages al mismísimo Gobierno. Explicaron que éste, en un documento enviado tiempo atrás a Bruselas, se comprometió a instaurar peajes desde enero de 2024 en la tentacular red de 12.000 kilómetros que componen las autovías. O sea que Sánchez, erre que erre, ha vuelto donde solía, es decir, ha intentado colar otra vez una trola como la copa de un pino.

El espinoso asunto de las barreras viarias es de sobras conocido en Cataluña, porque sus habitantes las vienen sufriendo resignadamente desde hace nada menos que casi seis décadas. Es de recordar que a finales de los años noventa cundía un gran malestar social contra Acesa, predecesora de Abertis, aventado por diversos políticos de la cuerda vernácula. A ojos de esos agitadores, la compañía se comportaba con modos y maneras intransigentes, más propias de una voraz recaudadora de impuestos. El alto mando de Acesa reaccionó con presteza. Relevó al primer ejecutivo por otro más dúctil y ecuánime, la tensión se amortiguó a marchas forzadas y las aguas volvieron a la calma.

Poco después, el consejero delegado Salvador Alemany formuló unos augurios que hoy resultan proféticos. Vino a decir que cuando concluyeran las concesiones y las autopistas pasasen al regazo del Estado, los ciudadanos las seguirían abonando de una u otra forma por la potísima razón de que hay que mantenerlas.

“O bien se perpetúan las casillas de control y los usuarios apoquinan, o bien se establece una gabela en la sombra. Es decir, que en última instancia, la sufraga el Erario. Así, al final los paganos son todos los contribuyentes, tanto si utilizan las autopistas como si no, tanto si poseen vehículos como si carecen de ellos”.

Todas las carreteras precisan de trabajos permanentes de restauración para lucir un perfecto estado de revista. En las de concesión, ese dispendio corre a cargo de la firma titular de la explotación desde el primer día hasta el último. Pero cuando llega el vencimiento y son transferidas a la Administración, la factura pasa a asumirla directamente el presupuesto nacional.

Sin embargo, no tiene sentido que la puesta a punto de tales infraestructuras se cargue a todos los miembros del pueblo soberano, incluso aquellos que no las emplean jamás.

Esta noche sabremos quién será el presidente del Gobierno los próximos cuatro años. Pero en materia de peajes, los españoles no deberían hacerse vanas ilusiones. Porque sea quien sea el ocupante de la Moncloa, más pronto que tarde acabarán desembolsando con cargo a sus bolsillos el portazgo por el uso de las calzadas de alta capacidad.

Las dichosas alcabalas sobre los vehículos semejan una especie de plaga bíblica de la que es imposible escapar. Han vuelto al primer plano de la actualidad. Y lo que te rondaré, morena.