Cataluña es claramente la comunidad autónoma que más invierte en subvenciones a los medios, como también es la que más dinero les transfiere en concepto de publicidad institucional.

Sobre esta segunda cuestión escribía hace tiempo. Ahora quiero hacerlo sobre la primera, al hilo del comunicado emitido por el Consell de la Informació de Catalunya (CIC), a raíz de la publicación del artículo Permís d’armes, firmado por Enric Vila en el digital Elnacional.cat.

Realiza el CIC un pertinente llamamiento “contra el discurso de odio, la xenofobia y la incitación a la violencia” que claramente destila el artículo en cuestión, y reivindica que no se otorguen ayudas a aquellos medios que no respeten los principios deontológicos de la profesión.

Convendría recuperar esta idea, que se recogía en las convocatorias de subvenciones hasta la llegada al Gobierno de Torra, y aplicarla con eficacia. Esto exige que todos seamos conscientes de que el CIC tiene permanentemente abierto un buzón de quejas en el que simplemente hemos de apuntar qué medio y en qué momento ha vulnerado, a nuestro entender, alguno o algunos de los artículos del Código Deontológico de la profesión periodística en Cataluña.

El CIC recibe muy pocas quejas, seguramente por la poca cultura que, en este sentido, existe en nuestra sociedad. Pero cuando las recibe responde con rigor. Recordemos, por ejemplo, que este organismo recriminó a TV3 que no concediera a la Asamblea por una Escuela Bilingüe el derecho de réplica cuando la exconsejera Geis la tachó de “fascista” en una entrevista en Els Matins. Asimismo, resolvió que el hecho de que el digital La República tildase también de “fascista” a Impulso Ciudadano “se puede considerar una clara incitación al odio o a la antipatía contra ella”.

Animo, pues, a todos los lectores a denunciar las prácticas periodísticas que contravienen la buena praxis de la profesión para que así quede constancia de ellas y si, como espero, se acaba atendiendo la referida petición del CIC, tengan implicaciones para sus responsables en términos de no recibir fondos públicos.

A la vez, pienso que hay que cuestionar abiertamente los criterios generales con los que se otorgan las subvenciones a los medios en Cataluña. Por una razón muy sencilla y es que, bajo el paraguas de estas ayudas, se esconde un tentáculo más de las políticas lingüísticas del nacionalismo. Tanto las convocatorias de ayudas estructurales como las de ayudas a proyectos (estas últimas recuperadas en 2022 tras un paréntesis de casi 10 años) exigen como requisito básico la difusión de contenidos en lengua catalana y la contribución a la vertebración del denominado espai català de comunicació (un espacio organizado en torno a la lengua y orientado, por sus contenidos, a la denominada “construcción nacional”). Así se puede apreciar analizando las diversas convocatorias existentes.

A título de ejemplo, en la última resolución relativa a la concesión de subvenciones estructurales para la edición de medios informativos digitales de titularidad privada, correspondiente a 2022, se observa que, entre los nativos digitales, los más beneficiados fueron Naciodigital.cat (115.304,66 euros), Vilaweb.cat (117.011,39 euros) y precisamente Elnacional.cat (186.702,76 euros). Mientras, los digitales de línea editorial constitucionalista no reciben un solo euro por estar publicados en español.

Es evidente que no se trata de un programa de subvenciones al sector preocupado por el pluralismo mediático. Los gobiernos nacionalistas que se han sucedido ininterrumpidamente en Cataluña durante todo el periodo democrático (incluidos, desde luego, los dos ejecutivos tripartitos) han mantenido este modelo, que prima claramente a los medios que utilizan como lengua vehicular el catalán. Incluso se han concedido ayudas excepcionales para la edición en catalán de importantes diarios que se habían lanzado inicialmente en español. Es el caso de las subvenciones otorgadas a la editora de El Periòdico por el último Gobierno Pujol. Edicions Primera Plana se llevó al menos el 87,91% (2,34 millones de euros) de las relativas a proyectos entre 2000 y 2002. Y es también el caso de los 5,5 millones otorgados al Grupo Godó entre 2011 y 2013 coincidiendo en este caso con el lanzamiento de la edición en catalán de La Vanguardia.

He participado en la elaboración de propuestas a la Generalitat para promover otro tipo de iniciativas, como la suscripción gratuita a diarios para jóvenes al cumplir 18 años, que sería una medida orientada a fomentar la lectura y que beneficiaría al sector en su conjunto, pero la propuesta no cuajó. Como tampoco cuajó la para mí imprescindible necesidad de coordinar las políticas de subvenciones con la contratación de la publicidad institucional. Opino que las ayudas pueden ser una forma de compensar los cuantiosos ingresos que reciben los grandes medios por insertar publicidad pública si esta se planifica (cosa que no siempre ocurre) con criterios de audiencia.

Es evidente que, si nos creemos eso del pluralismo (más allá del nacionalismo), el modelo catalán de subvenciones a los medios se ha de repensar completamente, sin olvidar que desde posiciones liberales se rechazan abiertamente las ayudas directas por entender que suelen generar dependencia de los gobiernos y relajar la búsqueda de otras fuentes de financiación.

En todo caso, de mantenerse, que hay razones para hacerlo, las subvenciones lógicamente no deberían obedecer a criterios clientelares, sino que habrían de estar orientadas a la articulación de una oferta mediática plural y, desde luego, en la línea de la referida petición del CIC, habrían de ser incompatibles con prácticas que vulneren los valores recogidos en los códigos deontológicos de la profesión.

El asunto es que quienes tienen la capacidad de impulsar este cambio son los menos interesados en que se produzca porque su poder se explica en gran medida por el apoyo abrumador que reciben de un sistema mediático catalán hipersubvencionado.