Las buenas noticias no hacen ruido, no venden, no atraen la atención, pasan desapercibidas y desaparecen rápido, tal vez porque somos una sociedad más escéptica. Es un error. Las buenas noticias hay que celebrarlas y utilizarlas de contrapunto para huir del fatalismo que nos rodea. Además, en España es muy necesario porque no hay forma de alcanzar grandes acuerdos políticos. Por eso el pacto salarial alcanzado entre la CEOE, UGT y CCOO para los próximos tres años es tan importante. Los empresarios se comprometen a subir los salarios como mínimo un 10% hasta 2025, concretamente un 4% este 2023 y un 3% los dos siguientes. Se incorpora una cláusula adicional, según la cual, si el IPC cierra por encima del 4% este año, los sueldos deberán subir un 5%, y si la inflación en 2024 o 2025 alcanza el 4, el aumento también será de un 4%. De esta forma, los salarios no perderán poder adquisitivo, e incluso podrían recuperar algo en relación con la brutal devaluación ocurrida en 2022, cuando el IPC cerró en un 5,7%, la subyacente subió hasta el 6,9%, y la media anual fue del 8,4%, la cifra más elevada desde 1986. Ese año la media de los salarios pactados subió solo un 2,8%. El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado a tres es un marco general, que no es de obligado cumplimiento, pero sirve de referencia, pues las organizaciones firmantes se comprometen a aplicarlo.

Lograr ese acuerdo no ha sido fácil porque los empresarios inicialmente se negaban a vincular los salarios a la inflación, y ahora han aceptado ese punto adicional si el IPC queda por encima de las previsiones, lo cual obligará a las empresas a provisionar fondos. Por su parte, los sindicatos querían una equiparación automática y buscaban una subida global del 13,5% en tres años. En mayo del año pasado las negociaciones se rompieron. Ahora, gracias a que la inflación va disminuyendo, los agentes sociales han podido llegar a un acuerdo que lanza un mensaje positivo. Es un buen pacto que protege sobre todo a los trabajadores más desvalidos, allí donde no hay fuerza sindical. Aleja la conflictividad laboral y subraya que, tras el acuerdo de la reforma laboral, que al líder empresarial Antonio Garamendi le costó la crítica de una parte de los suyos y la inquina del PP, la concertación sigue viva.

Lejos del duro enfrentamiento que hay en la política, donde los dos grandes partidos no han podido ponerse de acuerdo en nada, la sensatez se ha impuesto. En este sentido, España, en comparación a Francia, Portugal o Alemania, es un oasis de paz social, con muy pocas huelgas, la menor cifra en una década. La lectura es positiva y sin duda algo muy bueno para la economía. Ahora bien, si hay menos conflictividad no es porque las condiciones laborales en la mayoría de casos sean estupendas o los salarios no hayan caído –España fue el país de la UE donde más bajaron los salarios reales en 2022—, sino por mayor debilidad del movimiento sindical. Los líderes de UGT y CCOO lo saben y han sido pragmáticos, también porque el aumento acordado por el Gobierno del SMI en un 8% hasta los 1.080 euros brutos (en 14 pagas) desborda ya múltiples categorías de convenios en vigor. Por su parte, Garamendi, en la picota hace unos meses por su retribución al frente de la CEOE, de autónomo pasó a ser asalariado, ganando nada menos que 400.000 euros, demuestra una vez más ser un hábil negociador, y con ello sitúa el papel de la organización empresarial por encima del enconamiento político. Con ese acuerdo también gana el Gobierno, que puede exhibir en Europa que España es un oasis de paz social (y debilidad sindical).