Ahora ya sabemos por qué no vuelve Marta Rovira. Acusada únicamente de desobediencia tras la derogación del delito de sedición, todo el mundo se preguntaba a qué se debía su renuncia a regresar a Cataluña, a la que sí han vuelto Meritxell Serret, Anna Gabriel y hasta la irreductible Clara Ponsatí, que ahora están imputadas también solo por desobediencia, es decir, sin temor de acabar en la cárcel.

Las revelaciones de la investigación de la Audiencia Nacional sobre el Tsunami Democràtic, en la que la Guardia Civil sitúa a la secretaria general de ERC en la cúpula de esta organización creada para responder a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, explican por qué Rovira no vuelve. La sospecha es que en una reunión celebrada el 30 de agosto de 2019 en Ginebra, donde reside Rovira desde que huyó de Cataluña, se decidió la irrupción de Tsunami, que se dio a conocer a través de Twitter tres días después.

En esa reunión participaron también, según la investigación, Marta Vilalta, portavoz de ERC; la exdiputada de Junts Elsa Artadi, el diputado de Junts y ex jefe de gabinete de los expresidentes Carles Puigdemont y Quim Torra, el exdiputado de la CUP David Fernández y el exconseller de ERC y antiguo miembro de Terra Lliure Xavier Vendrell. A este último y al empresario y exmiembro del estado mayor del procés Oriol Soler se les considera asimismo miembros de la cúpula de Tsunami.

La Guardia Civil asegura que la estrategia secesionista se decidía en un chat de la red Signal llamado Harley Davidson, en el que participaban Rovira, Vendrell y otros, que fue descubierto en el teléfono móvil de Josep Lluís Alay, mano derecha de Puigdemont, lo que relaciona a Tsunami con el entorno del expresident fugado en Waterloo.

Tsunami es responsable de la convocatoria del asalto al aeropuerto de El Prat el día en que se conoció la sentencia del Supremo, del corte de la autopista AP-7 en La Jonquera, de protestas contra empresas del Ibex 35, de desobediencia a la Junta Electoral Central en la jornada de reflexión de las elecciones generales de noviembre de 2019 y del lanzamiento de balones en el Camp Nou con el lema Sit and talk, acción que derivó en disturbios a la salida del estadio.

Todas estas acciones fueron presentadas en su momento como espontáneas, pero la investigación demuestra que llevaban tiempo preparadas por la cúpula de Tsunami, con ramificaciones de la organización en Estados Unidos (donde se alojaba la aplicación informática), Estonia (con siete sociedades para desarrollar las actividades digitales y una criptomoneda) y Suiza, donde se situaba la estructura bancaria para financiar las actuaciones en la calle de los manifestantes convocados por Tsunami. Uno de los investigados es Elies Campo, autor del cuestionado informe de Citizen Lab que denunció el espionaje con Pegasus de 60 relevantes independentistas.

Las sospechas sobre la participación de miembros de ERC en Tsunami son antiguas por el hecho de que cuando el partido republicano apostó claramente por la estrategia de diálogo con el Gobierno, la organización desapareció tan misteriosamente como había aparecido.

Rovira, pues, tiene razones para no regresar a Cataluña, al menos hasta que no acabe esta investigación en la Audiencia Nacional. Tampoco parece que vayan a volver Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, pese a los anuncios del abogado Gonzalo Boye. El ensayo con Ponsatí les ha hecho ver que la exconsellera de Educación fue detenida sin que la inmunidad como eurodiputada fuera un impedimento. Y en el caso de los tres de Waterloo su paso por los juzgados los llevaría a la cárcel por estar acusados de malversación. Esperarán, pues, la decisión del Tribunal General de la UE sobre si la inmunidad les protege en España.

Mientras tanto, para recuperar la iniciativa política, mermada por la minoría parlamentaria de solo 33 escaños y por la suspensión sine die de la mesa de diálogo, el president Pere Aragonès ha vuelto a plantear el llamado “acuerdo de claridad” para organizar un referéndum de autodeterminación pactado con el Gobierno. Pero la iniciativa está destinada al fracaso por tres razones: el Gobierno de Pedro Sánchez no la aceptará, Puigdemont tampoco la apoya y Aragonès olvida que desde la aprobación de la ley de claridad canadiense, en la que se inspira, nunca se ha vuelto a celebrar ningún referéndum en Quebec.

La oposición de Puigdemont es una muestra más de las contradicciones en que cae el independentismo irredento. El expresident aduce que “el acuerdo de claridad” ya fue rechazado por el Parlament y que carece del consenso necesario para llevarlo a cabo. Como si a Puigdemont le importara lo que decide el Parlament y como si la vía unilateral que defiende tuviera el consenso que reclama para la propuesta de Aragonès.