La presidenta del Parlament, Laura Borràs, se reafirmó el martes en su decisión de no dimitir, pese a que el Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC) ha cerrado la instrucción de la causa contra ella en la que se la acusa de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación de fondos públicos. Son cuatro delitos que se pueden englobar en el concepto de corrupción, mientras que Borràs insiste en que todo es fruto de la “represión” del Estado por su condición de independentista.

Su relato es tan inverosímil que no ha logrado convencer ni a los otros dos partidos independentistas, ERC y la CUP, que parecen dispuestos a dejarla caer, a tenor de las declaraciones de varios de sus líderes. Borràs ha sido investigada por fraccionar 18 contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2018.

La investigación la iniciaron los Mossos, pero después la juez encargada del caso lo pasó a la Guardia Civil porque desde la Conselleria de Interior se violó el secreto del sumario y Borràs se enteró de las pesquisas. Ella, sin embargo, repite que el traslado del caso a la Guardia Civil es una prueba de la “represión” política del Estado. La causa llegó al Tribunal Supremo cuando era diputada en Madrid y pasó después al TSJC al ser elegida presidenta del Parlament, una decisión que puede considerarse un desafío porque el peligro de inhabilitación era ya evidente.

Borràs dijo el martes que la principal razón para no “dar un paso al lado” es que es inocente, cuando en estos momentos no se trata de ser inocente o no --eso lo decidirá la justicia--, sino de que, según el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, un diputado pierde sus “derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata” cuando se le abre juicio oral por delitos de corrupción. Esto se producirá en cuanto el TSJC resuelva el recurso presentado por Borràs contra su procesamiento, en el que, para alargar más la instrucción, pide que la juzgue un jurado popular, cuando algunos de los delitos de que se la acusa están explícitamente excluidos del juicio popular.

Ante la inminencia de la apertura del juicio oral, todos los grupos de la cámara, menos el suyo, Junts per Catalunya, han pedido su dimisión de una manera explícita unos e implícita otros. Desde ERC, su portavoz, Marta Vilalta, instó a Borràs a tomar una decisión para no “arrastrar” a la institución a una batalla judicial y para no “manchar” al independentismo. En igual sentido se expresó la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se mostró el miércoles convencido de que “por el prestigio de las instituciones, en el momento oportuno, cada uno de los que estamos aquí [en el Parlament], tomaremos la mejor decisión que permita preservar el servicio público que prestamos a los ciudadanos de Cataluña”. La CUP coincide en que Borràs debe dimitir, aunque no lo reclama explícitamente con el argumento de que ellos no la votaron.

El artículo 25.4 fue introducido en el reglamento por Junts pel Sí (ERC y JxCat) y la CUP, pero ahora Borràs aseguró en su comparecencia que “tiene lagunas” y que puede vulnerar la presunción de inocencia. Es discutible que un diputado o cargo público deba apartarse con la mera apertura de juicio oral, pero eso debe valorarse antes de presentarse como los más puros y los campeones contra la corrupción para después incumplir el precepto cuando afecta a un partido determinado. Los partidos solo ven la corrupción en el adversario y la utilizan como arma arrojadiza, pero buscan cualquier subterfugio para saltarse las normas cuando les alcanza a ellos.

La huida hacia delante de Borràs y su empecinamiento en sostener una versión que nadie cree la llevó a desafiar a ERC y la CUP por pedir su renuncia. “No tengo ninguna intención de dar un paso al lado como me exigen los que con poca capacidad para disimular me quieren apartar de la vida política”, advirtió.

Borràs no era una política profesional hasta el 1-O de 2017, pero desde entonces ha tenido una carrera fulgurante, como consellera, diputada, candidata a la presidencia de la Generalitat por JxCat y presidenta del Parlament. Su ideología y práctica política se resumen en el radicalismo populista de ser más independentista que nadie y en la denuncia de la “represión” del Estado haciéndose la víctima aunque para ello tenga que mezclar churras con merinas.

En esa práctica incluye la desobediencia, al menos de boquilla, como demostró el caso del diputado Pau Juvillà. Ahora acaba de repetir dando por válido el voto del exconseller Lluís Puig, residente en Bélgica para huir de la justicia española, en contra de la decisión del Tribunal Constitucional, que anuló el voto delegado. Pero solo lo contabilizó verbalmente, sin registrarlo. Si lo hace, puede ser encausada por desobediencia, lo que la convertiría en “mártir del procés”, una manera más digna para el independentismo de ser inhabilitada que la malversación de fondos públicos, la prevaricación o el fraude. Pero la máquina de la justicia es implacable y muy pronto tendrá que decidir si dimite antes de que el Parlament le aplique el artículo que la suspende en el cargo.