“La historia no se repite, pero se le parece y es maestra de vida”, se afirma a menudo. Pues bien, ni el Ministerio de Transportes que dirige la catalana Raquel Sánchez, exalcadesa de Gavà, ni la delegación del Gobierno en Cataluña, con Maria Eugènia Gay al frente desde hace medio año, parecen haber aprendido mucho del pasado. Recordemos que el procés fue precedido por un bombardeo de propaganda desde el conglomerado mediático y político nacionalista sobre el déficit fiscal y la falta de inversiones del Estado en Cataluña, con cuestiones también muy concretas como los peajes o el mal estado de las Cercanías de Renfe.

De ese clima nació lo que el periodista Enric Juliana bautizó como el “català emprenyat”: el estereotipo del catalán cabreado que se siente víctima de un maltrato económico y político. Sin ese poso de descontento, el procés no habría logrado levantar el vuelo a partir de septiembre de 2012. Ese relato logró que una parte de los catalanes que en mayor o menor medida también se sentían españoles se hicieran independentistas o votaran a esos partidos con el argumento de que Cataluña recibía un trato injusto del Estado.

Aunque el procés fracasó en 2017 y la unilateralidad no parece que vaya a volver a medio plazo, la tensión secesionista continúa y se alimenta de la queja y el agravio, que sirve tanto para mantener al soberanismo en el poder, como para acumular fuerzas por si se presentase más adelante otra ventana de oportunidad para la independencia.

Por todo ello, resulta decepcionante el tono cabizbajo con que desde el Gobierno de España se ha admitido la crítica general a partir del mal dato de la inversión no ejecutada en 2021, cuando en una perspectiva de siete años, desde 2015, “Cataluña figura como la Comunidad Autónoma en la que se ha ejecutado un mayor volumen de inversiones en términos absolutos y también la que ha sido más favorecida a la hora de confeccionar los PGE”, tal como explicaba el periodista de Crónica Global Raúl Pozo el pasado 3 de junio. Pese a que solo se ha ejecutado el 50% de lo inicialmente previsto, un dato calcado de la medida estatal, Cataluña se sitúa en cabeza con 3.970 millones, seguida de Andalucía, Castilla y León y Comunidad de Madrid. Es lamentable que no se peleen políticamente los datos, en su lado positivo.

Ahora bien, el dato de 2021 en Cataluña es particularmente pobre (apenas el 36%), y por ello es muy buena idea crear una agencia independiente, como propone Foment del Treball, que vele por su cumplimiento y pueda explicar a qué se deben los desajustes. Entonces veríamos que parte de las responsabilidades recaen en las administraciones catalanas (locales y autonómica), y que en Madrid no hay ninguna mano negra. Los expertos señalan que Cataluña sufre, a diferencia de otras comunidades, una enorme rigidez administrativa en las licitaciones a la hora de llevar a cabo proyectos de notable envergadura.

Porque no solo es la Administración general del Estado (AGE) la que falla, también la Generalitat incumple en sus previsiones de inversión en infraestructuras. Un caso particularmente escandaloso es la T-Mobilitat, que acumula siete años de retraso, sin olvidar otros ejemplos como el eje transversal, la L-9 o el canal Segarra-Garrigues. La agencia independiente que propone Foment debería, pues, velar por el cumplimiento de todas las inversiones, tanto de la AGE como de la Generalitat, y sacar los colores a los responsables de que esos recursos presupuestados no se efectúen según lo previsto.

Era previsible que el porcentaje excepcionalmente bajo de inversión ejecutado en 2021 iba a ser utilizado desde el Govern y las fuerzas separatistas. “No sé si son unos inútiles o unos mentirosos”, ha declarado el vicepresidente Jordi Puigneró, refiriéndose a los políticos de Madrid, y se ha mostrado sorprendido de que ante esas cifras escandalosas no haya más independentistas. Lo que realmente no se entiende es que desde el Gobierno de España o la Delegación en Cataluña no se monte un equipo de trabajo que se anticipe argumentalmente a la propaganda victimista, que se agita con el boicot al pago que organiza la plataforma Batec en Cercanías de Renfe. La guerra parece nueva, pero repite la pauta de siempre, un coctel de mentiras y medias verdades para alimentar la tensión secesionista.