Sin duda, hay muchas reformas pendientes en España. Y sin duda, la financiación autonómica es una de ellas. Sobre lo que habría que hacer, hay un diagnóstico bastante coincidente entre los expertos, liderados por Angel de la Fuente, el Director de Fedea. Que esta cuestión, de una complejidad técnica incuestionable, haya saltado de los thinks tanks al debate público no deja de tener mérito, y el mérito en este supuesto es de ERC. Claro está que el planteamiento es muy  tramposo, como suele ocurrir con los de esta formación, y se plantea el tema de forma muy poco rigurosa. Se trataría de frenar, nada menos, que el supuesto “dumping fiscal” de Madrid, una Comunidad Autónoma que tiene unos impuestos relativamente bajos por decisión del Gobierno autonómico y en el ejercicio de sus competencias, lo que no deja de ser una elección --mejor o peor-- que sus votantes tendrán que valorar. Como los votantes catalanes valorarán los impuestos que decida, también en el ejercicio de sus competencias, subir o bajar la Generalitat de Cataluña, para entendernos. 

Como es sabido, las CCAA disponen tanto de tributos propios como de tributos cedidos (entre ellos el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio) y cuentan con un margen normativo amplio que les permite, por ejemplo, establecer exenciones o subir o bajar los tipos. Lógicamente la decisión sobre estas cuestiones puede afectar al nivel de gasto de cada Comunidad Autónoma y por tanto a la calidad de sus servicios públicos; pero de nuevo no deja de ser algo que los electores pueden y deben valorar. Lo mismo que pueden y deben valorar qué servicios se priorizan. ¿Más dinero para la sanidad pública o para TV3? ¿Más para los centros concertados o para la educación pública?  Como puede verse con estos sencillos ejemplos cuando decidimos sobre cuantos impuestos queremos pagar estamos también decidiendo sobre el qué recibimos a cambio. En definitiva, que haya divergencia fiscal entre CCAA es la consecuencia directa de nuestro muy avanzado modelo de descentralización política y territorial. No parece que esto sea algo que debiera preocupar mucho a un partido político que pretende la independencia de una Comunidad Autónoma, la verdad. Suponemos que en una Cataluña independiente no tiene mucho sentido pedir la armonización fiscal con el Estado vecino. ¿O sí?

La otra preocupación por el modelo de Madrid podría venir de su menor contribución a la solidaridad territorial. Pero esto, sencillamente, no ocurre. Con los datos en la mano resulta que, el nivel de impuestos en Madrid no afecta ni poco ni mucho a su solidaridad con otras CCAA con menor PIB. De hecho, Madrid es (seguida de Cataluña y Baleares) la Comunidad que más aporta a la la caja común del sistema de financiación autonómico. El auténtico “dumping fiscal” (si queremos usar esta expresión) lo hacen las Comunidades Forales, el País Vasco y Navarra que tienen un sistema de financiación privilegiado. De acuerdo con el régimen foral, recaudan sus impuestos, se quedan con su recaudación y gracias a un cálculo del “cupo” (es decir, lo que tienen que pagar al Estado por los servicios que éste presta) muy beneficioso para ellas no aportan nada al fondo común. La explicación es que el cálculo del cupo se hizo básicamente atendiendo a consideraciones políticas y no económicas (era la época del terrorismo de ETA) por lo que estas CCAA están manifiestamente sobrefinanciadas. Con el agravante de que son dos CCAA muy ricas que no contribuyen en absoluto a la solidaridad territorial. Que esto no solo no se denuncie sino que se defienda por partidos supuestamente de izquierdas es tan asombroso como que el nacionalpopulismo regional en España se considere “progresista”. Como botón de muestra, ahí quedan las declaraciones del Ministro Garzón señalando que derechos históricos de los territorios forales están blindados en la Constitución y que eso no se toca. 

La realidad es que es perfectamente posible respetar la Constitución y mantener el sistema de concierto o convenio pero recalculando el cupo para que se ajuste a la realidad y las CCAA forales empiecen a jugar en la misma liga que el resto, sin ese “colchón” que les proporciona la sobrefinanciación y que luego se vende como sinónimo de buena gestión. Y es que la abundancia siempre se gestiona mejor que la escasez.  Por otro lado, el mal ejemplo que este régimen excepcional supone está en el centro de muchos de los problemas territoriales que padecemos. Recordemos que Cataluña aspiró a un régimen parecido, y que la negativa que recibió del Gobierno central (entonces del PP) fue una de los detonantes del Procés. El problema es que un régimen tan privilegiado no es generalizable porque sencillamente el sistema de financiación no lo aguanta. 

En definitiva, bienvenido el debate público sobre la cuestión de la financiación autonómica. Seguro que el diseño es muy mejorable; seguro que los expertos tienen muchas propuestas que duermen hace años en los cajones ministeriales. Pero si vamos a hacerlo, por favor, seamos serios y dejémonos de milongas. Empecemos por el problema más urgente, el cálculo del cupo vasco y navarro. Y después podremos hablar de otras cuestiones.