Una DANA en septiembre de 2023 provocó inundaciones en cámpings en Alcanar, Tarragona
Inundaciones previsibles, decisiones complejas: cómo se determina si un terreno es edificable en zonas de riesgo
El desastre de la DANA de Valencia se pudo leer como una tesitura para que Cataluña estuviera más preparada ante episodios extremos
El Govern trabaja en la revisión de la cartografía de las zonas anegables, lo que permitirá mejorar la precisión de los mapas actuales y reforzar la prevención
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La tragedia de Valencia parecía improbable. Según las previsiones científicas, un episodio así sólo tendría lugar, como mucho, una vez cada 500 años en ciertas zonas. Sin embargo, sucedió. Y con ello ha resurgido el debate sobre si se está construyendo donde no se debería, especialmente en áreas con riesgo de inundación. Un debate que cobra aún más fuerza en un contexto de cambio climático, donde los episodios extremos son cada vez más habituales y severos.
La magnitud del desastre forzó al Govern de Salvador Illa a mover ficha. Hace ya algunos meses, la consellera Sílvia Paneque adelantó que se revisaría la cartografía de las zonas con riesgo de inundación, y planteó la posibilidad de reubicar viviendas y actividades económicas lejos de los puntos más expuestos.
Al mismo tiempo, la presión por resolver la emergencia habitacional ha hecho que, en los últimos años, vuelvan a ponerse sobre la mesa proyectos urbanísticos. En muchos casos, estos nuevos desarrollos se planean precisamente en áreas donde el riesgo de inundación no puede pasarse por alto.
Construir en zonas inundables
La Generalitat puso en marcha la primera convocatoria de solares públicos para construir vivienda asequible. Pero no todos los terrenos podrán optar a acoger los futuros pisos públicos: aquellos que presenten "riesgos graves" para las personas quedarán fuera del proceso. Así, una de las preguntas a responder es si se debe permitir urbanizar en zonas con riesgo de inundación.
La ley de urbanismo impide el desarrollo de edificaciones en terrenos inundables. En todo caso, según recuerdan a Crónica Global desde el Departamento de Territorio, todo depende de los informes sectoriales en la tramitación del planeamiento urbanístico que determinará el riesgo de inundación.
“Cuando un suelo tiene la condición de solar y es edificable, es que ya ha superado la fase de planeamiento y se han tenido en cuenta los informes sectoriales”, aseguran desde la conselleria.
Proceso "complejo"
Unos informes sectoriales emitidos por el organismo de cuenca y las autoridades que correspondan; entre ellas, el Districte de Conca Fluvial de Cataluña, la Agència Catalana de l’Aigua, la Dirección General de Protección Civil y la Dirección General de la Costa y el Mar.
En todo caso, "es un proceso muy complejo", aseguran a este medio desde el Colegio Oficial de Geólogos de Cataluña.
Cataluña se divide en dos demarcaciones hidrográficas: las cuencas internas y las cuencas intercomunitarias (ríos que atraviesan varias comunidades autónomas, como son el río Ebro y afluentes, el río Garona y el río Sènia).
En las cuencas internas de Cataluña, la ACA tiene plenas competencias como organismo de cuenca, y elabora los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) en colaboración con el resto de autoridades competentes.
A las cuencas intercomunitarias, la ACA ejerce tareas de policía del dominio público hidráulico, siendo responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHX) la elaboración de los preceptivos Planes de Gestión del Riesgo de Inundación.
¿Cómo se determina el riesgo de inundación?
La normativa básica estatal, a través del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), y las directivas europeas —como la Directiva de Inundaciones—, establecen el marco legal para gestionar los riesgos de inundación. En Cataluña, la ACA elabora los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), en coordinación con Protección Civil y otras administraciones.
La planificación se estructura en tres fases. La primera, la evaluación preliminar del riesgo de inundación (APRI), donde se identifican las zonas con riesgo potencial. El segundo elabora mapas para distintos escenarios de probabilidad de inundación asociados en el periodo de retorno de 10 años (probabilidad alta), 100 años (probabilidad media) y 500 años (probabilidad baja).
Distintas clasificaciones y restricciones
De acuerdo con las figuras de zonificación del espacio fluvial, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece una serie de limitaciones en cuanto a los usos y las actividades admitidas según las condiciones de inundabilidad:
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Zona de flujo preferente (ZFP): no se permiten actividades ni usos vulnerables o que supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe. Se diferencia entre suelo rural y suelo urbanizado. Hay municipios con alta exposición al riesgo —por tener más de un tercio de su superficie en zona de flujo preferente o por características geográficas—, en los que la ley prevé un régimen especial. En estos casos, y cumpliendo ciertas condiciones, se pueden admitir algunos usos, siempre bajo control y con criterios muy estrictos.
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Zona inundable (ZI): limitaciones de usos menos estrictos que la ZFP. Las limitaciones afectan, principalmente, a las actividades más vulnerables y esenciales o a aquellas actividades en las que se pueden concentrar un gran número de personas, como pueden ser: hospitales, centros sanitarios o escolares, residencias geriátricas o de personas discapacitadas, centros deportivos o grandes superficies comerciales.
Cómo se decide si se puede construir
Una vez el planeamiento urbanístico ha tenido en cuenta los riesgos y ha superado los informes sectoriales —incluidos los de inundabilidad—, el terreno puede obtener la condición de solar y considerarse edificable. En ese punto, ya se han evaluado todos los riesgos: geológicos, de protección civil, y también los hidrológicos.
En casos donde se permite construir pese a un riesgo bajo o medio de inundación, se exigen medidas específicas, como garantizar que las plantas residenciales estén a cotas elevadas o que los garajes y sótanos sean estancos ante posibles avenidas de agua.
Los cámpings, asignatura pendiente
La necesidad de revisar la situación de los cámpings en zonas anegables se convirtió en una prioridad después de la DANA. El president Illa explicó que el desastre se podía leer también como una situación para que Cataluña estuviera más preparada.
Precisamente, el Govern anunció hace unas semanas la aprobación de un decreto ley que debía dibujar el marco jurídico sobre cómo abordar la gestión de los cámpings en zonas inundables. Sin embargo, dio marcha atrás y retiró el decreto para elaborar uno nuevo.
Más herramientas de prevención
Además, el Govern trabaja actualmente en una ampliación de la cartografía de zonas inundables, lo que permitirá mejorar la precisión de los mapas actuales y reforzar la prevención. Esta medida forma parte del Plan de gestión del riesgo de inundaciones 2022-2027 y de una estrategia más amplia de Protección Civil impulsada por el Ejecutivo catalán.
En este sentido, la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha destinado 2,1 millones de euros en ayudas para la redacción de proyectos destinados a minimizar el riesgo de inundaciones en zona urbana en todo Cataluña.
