La exigencia de un mediador para la mesa de negociación es una manera como cualquier otra de entorpecer la puesta en marcha del diálogo. No es una condición para negociar, es una excusa para no hacerlo. Pedro Sánchez no puede aceptar la figura porque llevaría a engaño la relación institucional vigente entre el gobierno central y un gobierno autonómico y Quim Torra lo pide porque sabe que Sánchez no puede ceder en esto y por tanto la negativa a esta demanda se convierte en una excusa de lujo para descalificar la negociación acordada entre socialistas y ERC.

El problema para Torra es que Sánchez (para satisfacer a ERC) está dispuesto a arrollarlo con un acelerón de la mesa negociadora. La Generalitat no tiene prisa y anunció su pretensión de relajar el ritmo de un diálogo ni siquiera inaugurado, pero el presidente del gobierno convocó ayer a la parte catalana a una reunión en Moncloa el próximo lunes. Torra, a pesar de haberse reunido con su gabinete en la sombra (JxCat-ERC-CUP-ANC-Òmnium), no consiguió que los republicanos reafirmaran formalmente su apoyo a la trilogía de exigencias para sentarse a hablar (autodeterminación-amnistía-mediador), a pesar de haberlas votado disciplinadamente en el Parlament. Una de tantas contradicciones.

La presencia del mediador, a poder ser internacional, es una vieja aspiración del independentismo en su relación con el gobierno central. Carles Puigdemont jugó con dicha posibilidad en los días siguientes al 1-O cuando planteó su particular visión de la negociación para evitar una declaración unilateral de independencia; se trataba de invitar al gobierno Rajoy a sentarse en una mesa para dar cumplimiento al mandato del referéndum prohibido bajo observación de un país neutral.

En su plan ideal, algunos independentistas siempre se han imaginado en Ginebra sentados enfrente de una delegación del gobierno español, con las banderitas de España y Cataluña identificando a cada interlocutor, y un delegado del gobierno suizo presidiendo la mesa rectangular. Dos estados fijando los términos de una separación impuesta por una de las partes, ante la mirada complacida del mundo.

Este es el sueño. La realidad es que el gobierno de Sánchez ni siquiera acepta la figura de un relator, entendida como la del coordinador de los trabajos de la mesa que da cuenta de la marcha de los mismos en sus actas. Estuvo a punto después de Pedralbes y se echó atrás en cuanto comprobó la milagrosa transformación experimentada por el pobre amanuense que, en manos del aparato de propaganda de la Generalitat (y también de la derecha mediática) se proyectó en un santiamén como mediador de un conflicto internacional.

El relator pasó a mejor vida y el mediador se quedó al otro lado de la línea roja, para evitar tentaciones de falsa internacionalización. Es evidente que no es lo mismo un mediador que un relator, pero el gobierno central da la sensación de estar cerrado en banda en este apartado. Porque la aparición de cualquier figura en una negociación gubernamental sería signo de desconfianza y, en consecuencia, un primer éxito de la estrategia de Torra; tal vez el único que pueda esperar de la mesa porque las dos exigencias restantes de la trilogía son inasumibles por el gobierno Sánchez.

ERC es rehén voluntario del presidente de la Generalitat hasta el día que se convoquen unas elecciones autonómicas que ellos tienen miedo de provocar, retirando el apoyo a Torra en el Parlament. Torra lo sabe y se aprovecha de esta debilidad. No sería de extrañar que JxCat pasaran de recriminar a los republicanos su incumplimiento de la resolución de la cámara catalana a provocar una nueva votación para que el pleno ratificara dicha trilogía preceptiva, para sentarse en la mesa, o permitiera al presidente de la Generalitat que enunciara al diálogo de no cumplirse las tres condiciones.

Los republicanos volverían a quedar a merced de su temor de ser catalogados como herejes del independentismo.

Hay una montaña de resoluciones de cumplimiento improbable aprobadas por los grupos independentistas en el Parlament, haciendo cola para ser ignoradas por ERC en su nueva etapa de pragmatismo. Todo un arsenal de pólvora electoral para JxCat y su líder legítimo, Carles Puigdemont, que pronto volverá a prometer su disposición a ser investido presidente en ausencia, si gana las elecciones autonómicas, unos comicios que se convocaran en cuanto los republicanos hayan sufrido suficiente desgaste como para quedar en segunda posición.