No sabemos a qué se refería el Rey cuando, en la toma de posesión de Pedro Sánchez, bromeó con el presidente del Gobierno con esta frase: “Ha sido rápido, simple y sin dolor; el dolor viene después”. No lo sabemos, pero sí podemos sospechar que se refería a las dificultades que Sánchez tendrá para gobernar, muy posiblemente más a causa de los aliados de fuera del Gobierno que de los de dentro.
No puede decirse que el Gobierno de coalición se haya estrenado con una imagen de unidad. Tal como hiciera ERC en el primer tripartito en Cataluña, Unidas Podemos (UP) se apresuró a marcar territorio con la filtración de los nombres de sus ministros, que acompañarán a Pablo Iglesias en la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030: Irene Montero en Igualdad, Yolanda Díaz en Trabajo, Alberto Garzón en Consumo y Manuel Castells en Universidades. Sánchez, por su parte, sorprendió a Iglesias con una cuarta vicepresidencia no prevista para Teresa Ribera, tan lógica, dada la importancia de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (la España vacía), como instrumental para cortarle las alas al secretario general de Podemos porque el territorio de Ribera penetra en parte en la Agenda 2030 encargada al líder morado.
Pese a este inicio, es previsible que los mayores problemas para Sánchez no provengan de Podemos. Por la cuenta que les trae, el PSOE y UP han suscrito ya un protocolo de funcionamiento y coordinación de 20 puntos en los que se fijan criterios como que votarán siempre juntos en los temas de Gobierno y tendrán libertad de voto en asuntos ajenos al Ejecutivo; se recuerda que el presidente es quien dirige el Gobierno y coordina a todos los ministros, y se establecen métodos para que la lealtad y la cooperación presidan las relaciones, para que se respeten las competencias de cada ministro y se diriman las discrepancias con discreción en una comisión de seguimiento del pacto. Ambos partidos tienen claro que el primer Gobierno de coalición de las izquierdas no puede fracasar por enfrentamientos internos, aunque eso no ahorrará probablemente dificultades de funcionamiento.
Pero los problemas mayores vendrán de Esquerra Republicana. Después de largas y complicadas negociaciones para firmar apenas un folio y medio de acuerdos, los dos portavoces de ERC en la sesión de investidura no se cortaron un pelo. El ahora moderado Gabriel Rufián reclamó la amnistía para los presos y Montserrat Bassa, hermana de la exconsellera encarcelada Dolors Bassa, soltó aquello de que la gobernabilidad de España le importaba un comino. Fue solo el aperitivo porque inmediatamente Pere Aragonès y Sergi Sabrià advirtieron de que el pacto no incluye votar a favor de los Presupuestos. El coordinador general del partido y vicepresidente de la Generalitat ha pedido además que “el Estado se retire de las causas judiciales” en curso y ERC ha registrado en el Congreso y el Senado 200 preguntas parlamentarias sobre “la represión” en Cataluña.
Toda esta escenificación tiene evidentemente por objetivo no quedarse atrás en la carrera con Carles Puigdemont y Junts per Catalunya a la hora de denunciar “la persecución del Estado” para no sufrir las consecuencias en unas próximas elecciones autonómicas. Pero lo cierto es que, pese a las últimas decisiones del Tribunal Supremo desfavorables a Oriol Junqueras, los republicanos no han roto la baraja. No se puede olvidar, sin embargo, la tradición de deslealtades de ERC, que un amigo define como “un partido de saltataulells”, demostradas ya en los tripartitos con el PSC e ICV. Más recientemente, el pregonado pragmatismo de ERC se compadeció mal con la enmienda a la totalidad de los Presupuestos de Pedro Sánchez, que obligó a la convocatoria de elecciones el 28 de abril, y con el veto a Miquel Iceta para presidir el Senado, quebrantando una norma y la costumbre parlamentaria, sobre lo que se tiene que pronunciar aún el Tribunal Constitucional.
Quince días después de la toma de posesión del Gobierno debe constituirse la mesa entre gobiernos para tratar de encauzar una salida política al conflicto en Cataluña. Sánchez le ha asegurado a Quim Torra en una conversación telefónica que su intención de “arreglar” el problema es sincera. Pronto comprobaremos si la de ERC lo es también.