Francisco Longo habla con pausa, con exactitud. Busca una posición cada vez más complicada: la de quien desea que se llegara a acuerdos desde la asunción de que es lo más racional. Ello no le lleva a esquivar posiciones firmes y claras. Es profesor y director del Centro de Gobernanza Pública de ESADE. Ha sido miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas (2011-2018). Y ha trabajado como consultor internacional, y formado parte de comités de expertos para la reforma del empleo público, la gobernanza universitaria y la organización del sector público. Pertenece a diferentes consejos editoriales y es autor de numerosas publicaciones sobre gobernanza, gestión pública y colaboración público-privada. Colabora habitualmente en diferentes medios de comunicación. En esta entrevista con Crónica Global entra de lleno en la situación en Cataluña, y señala que "Reducir la extrema polarización es una necesidad imperiosa en Cataluña". Tiene claro que cualquier acuerdo al que se llegue deberá contar, a partir de ahora, con las peticiones de los no independentistas sobre muchos asuntos públicos e institucionales.
--Pregunta: ¿El nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, con la participación del PNV y de ERC, supone una revolución, un cambio de ciclo real?
--Respuesta: Creo que supone más una novedad que un cambio de ciclo. Ciertamente, tanto el gobernar en coalición como el que esta sea una alianza entre los socialdemócratas y la extrema izquierda son hechos inéditos en la democracia española, pero está por ver cuál es el impacto real que eso tiene. El hecho de que el Gobierno nazca minoritario y con apoyos externos escasos y heterogéneos hace temer una prolongación del ciclo de gobernabilidad precaria y bloqueo de las iniciativas importantes que venimos arrastrando desde 2015.
--¿Qué posibilidades de cambio en las políticas concretas, en las policies, ofrece el nuevo Gobierno de Sánchez?
--El espacio fiscal para políticas clásicas de izquierda, que suelen implicar incrementos del gasto público, es muy escaso. Además, dada la situación de las cuentas públicas y el enorme peso de la deuda, este Gobierno se va a ver, de inmediato, estrechamente vigilado por Bruselas en su gestión del déficit público. Por otra parte, habrá que ver cuál es su capacidad real para lograr acuerdos que permitan cambios sustanciales. Primero, en el seno de la misma coalición, que me temo que no va a ser fácil de manejar en bastantes aspectos. Luego, entre las mismas fuerzas que ahora se han unido para facilitar la investidura, pero que luego pueden mostrar posiciones bien diferentes ante políticas concretas. Y, si vamos a los temas realmente trascendentes, al Gobierno le sería imprescindible buscar en el centro-derecha apoyos que, hoy por hoy, no parece estar en la mejor posición y disposición para conseguir.
Francisco Longo posa para Crónica Global / LENA PRIETO
--Ese Gobierno, ¿era inevitable? ¿Se repite la historia en España, entre un PSOE que llega a acuerdos con la periferia, ante un centro-derecha que se pudiera entender que actúa a la defensiva?
--Inevitable, no me parece que lo fuera. Desde luego, no lo era en abril, cuando los liderazgos personalistas de Sánchez y Rivera se retroalimentaron para impedir un gobierno de centro-izquierda con amplia mayoría que hubiera sido entonces perfectamente posible. Y, aunque más difícil, ni siquiera en noviembre era esta la única alternativa que cabía, cuando menos, explorar. Da la impresión de que la prisa por escenificar, solo un día después de las elecciones, el abrazo Sánchez-Iglesias respondía al deseo de cerrar rápidamente el paso a otras posibles salidas y apoyos. Tanto el bloqueo como la negociación del gobierno se han debido, creo yo, a opciones políticas deliberadas de los protagonistas.
--¿Se puede realmente con esa nueva situación llegar a un bloqueo institucional de España, si no se ofrece a la derecha que pueda colaborar, o si ésta decide ocupar una posición numantina?
--Desde luego, ese es un riesgo muy real. Pero no se trata, como decía antes, de una situación nueva. Llevamos unos años de gobiernos, diríamos, de baja intensidad, en los que no se adoptan decisiones importantes ni se emprenden reformas enormemente necesarias para España: educación, fiscalidad, pensiones, mercado de trabajo, sector público… La fragmentación del mapa político nos trajo un ciclo de gobiernos de colores diferentes, débiles en sus apoyos parlamentarios, de agendas poco densas, que han dedicado más tiempo a la gesticulación política, el uso masivo de la comunicación y la polarización del electorado que a diseñar e impulsar políticas, propiamente dichas. La política importante requiere construir mayorías sociales mínimamente estables y, para conseguirlas, hay que ir más allá de la movilización de las propias filas y buscar consensos políticos amplios y transversales… Y ojo, esto interpela tanto al gobierno como a la oposición. Uno mira a izquierda y derecha, a la luz de la experiencia reciente, y no ve que esa mirada amplia y esos consensos sean muy probables, pero es responsabilidad de todos, en la política y en la sociedad civil, empujar para que se produzcan.
--¿Estamos ante una decadencia de la democracia liberal, en España y en toda Europa? ¿Se puede recuperar, o estaremos en manos del populismo durante un buen tiempo?
--Es un hecho que la democracia liberal y la sociedad abierta viven una crisis en Europa, pero la crisis es algo hasta cierto punto consustancial al modelo. Como escriben Krastev y Holmes en un libro reciente, a diferencia de las utopías mesiánicas, como el comunismo, la democracia liberal es terrenal, cambiante y conflictiva, y por eso corre el riesgo de defraudar expectativas exageradas de la gente. Además, actualmente, en Europa, la globalización, la disrupción tecnológica y la misma demografía están produciendo cambios de un alcance históricamente desconocido, y este escenario crea incertidumbre y temor en muchas personas. Los europeos de hoy hemos nacido en las sociedades más libres, prósperas, seguras e incluyentes del planeta, pero ahora, para muchos, el futuro se ha vuelto amenazador. Nuestras democracias tienen ante sí el reto de proteger a las personas, especialmente a las más vulnerables, reducir la incertidumbre, combatir el miedo y hacer el futuro más gobernable. De su capacidad para conseguirlo dependerá que las falsas soluciones mesiánicas y autoritarias del populismo no prosperen.
--¿Para Cataluña, para el conjunto de los ciudadanos catalanes, la nueva situación ofrece una salida que los pueda beneficiar?
--Después de siete años de ruido y desgobierno, se debería encontrar alguna fórmula que, dentro del marco constitucional, pueda conseguir un objetivo. Y es que creo que reducir la extrema polarización y normalizar la convivencia política, es una necesidad imperiosa en Cataluña. Ahora bien, el acuerdo PSOE-ERC ofrece un camino sembrado de incógnitas. A mi entender, las principales debilidades del acuerdo afectan a la interlocución, a quiénes, y en nombre de quién, van a dialogar e intentar entenderse. Tenemos, por una parte, a un gobierno español en minoría y en posición parlamentaria precaria. Y, por otra, a un gobierno catalán que da voz solamente a la mitad de la sociedad –su parte independentista- y que además está dividido entre los que son parte del acuerdo y los que no. Un cínico se preguntaría: ¿qué puede salir mal? En mi opinión, el incorporar a la búsqueda de soluciones a sectores políticos y sociales más amplios y plurales es imprescindible para que este camino lleve a algún lado. El que el acuerdo haya nacido como una transacción necesaria para la investidura de Sánchez, y en medio del ruido que unos y otros han montado alrededor, no favorece a corto plazo esa ampliación transversal del escenario de diálogo, pero habrá que esperar y cruzar los dedos.
Entrevista a Francisco Longo / CG
--¿Se puede entender que haya en Cataluña una parte de la sociedad que se sienta defraudada, que crea que siempre acaban perdiendo, tras los acuerdos de los gobiernos centrales con los partidos –antes—nacionalistas, y ahora independentistas?
--Sí, claro que puede entenderse. De hecho, el ninguneo al que el establishment del procés ha sometido durante estos años a los catalanes no independentistas ha abierto heridas más profundas de lo que algunos creen. Pero todos los ciudadanos de Cataluña, sin excepciones, tenemos mucho que ganar con una normalización de la convivencia política, y eso implica voluntad de acuerdo y cesiones recíprocas. Eso sí, para ir en esa dirección, es necesario que se garantice a todos, como he dicho antes, presencia y voz. En este sentido, habrá que asumir que también la parte no independentista de la sociedad catalana tiene exigencias frente al statu quo político, institucional, educativo y cultural vigente en Cataluña, que deberían ser escuchadas y tomadas en consideración.
--¿Se deberá votar sí o sí algún tipo de acuerdo en Cataluña, como dibuja ese pacto entre el PSOE y ERC, o hay alguna alternativa?
--El votar sería bueno, probablemente, para dotar de un respaldo más explícito a los posibles acuerdos. A mí, siempre que esa votación se diera dentro del marco constitucional, me parecería bien. De hecho, alguna de las propuestas más razonables que se han hecho durante estos años, como la del grupo de juristas presidido por el profesor Muñoz Machado, apuntaba en esa dirección.
--Se habla a menudo de la sociedad civil. ¿Qué papel cree que ha tenido en Cataluña en todos estos años? ¿El silencio ha sido la tónica?
--Ha habido de todo, no solo silencio. Hablamos, claro, de una sociedad civil dividida, en la que los decibelios han estado sobre todo en un lado, pero eso tiene una importancia relativa. Sí se ha producido, en alguna medida, una pérdida de capital social, como consecuencia de la hegemonización de la esfera pública por el independentismo. Esto se ha visto muy claro, por desgracia, en las universidades. Pero a mí me preocupa más el deterioro de las instituciones. Llevamos años de una flagrante sinécdoque institucional, con gobiernos e instituciones extremadamente beligerantes y de parte, pero que actúan como si lo hicieran en nombre de toda la ciudadanía. También se ha ido diseminando por la sociedad catalana una relativización progresiva de los valores de la legalidad y el estado de derecho. Esas derivas, si no se detienen, conducen, en mi opinión, a una pérdida de calidad de la democracia.
--¿Debería en algún momento la Unión Europea tomar un papel activo en el problema político en España con el independentismo?
--En la Unión Europea actual, sería impensable que las instituciones políticas europeas pudieran asumir ese papel. En los inicios del procés, esa hipótesis formaba parte de los escenarios que manejaba el movimiento independentista, pero creo que, a estas alturas, todo el mundo sabe que se trata de una vía muerta.
Manel Manchón anota las opiniones de Francisco Longo / LENA PRIETO
--Hay un debate constante en Cataluña sobre la pérdida de peso económico. Se mantiene en el 19% del PIB, aunque Madrid le haya pasado con el 19,2%. ¿Hay que valorar seguir en ese porcentaje del 19%, o considerar que se ha perdido el tiempo, y que ha habido un coste de oportunidad por el proceso independentista?
--Sin duda, la salida masiva de sedes corporativas de empresas que siguió a la declaración de independencia de octubre de 2017 fue una pésima noticia para la economía catalana, pero no es nada claro que el reciente “sorpasso” en el PIB pueda atribuirse principalmente al procés. Los análisis más fiables destacan más bien un contexto exterior poco favorable, en estos momentos, a la industria. La industria tiene, como se sabe, un peso determinante – que habría que mantener y cuidar, por cierto- en la estructura económica catalana. Hay que recordar que en Cataluña se originan más de una cuarta parte de las exportaciones españolas. En cambio, Madrid es más potente en el sector servicios, que está sufriendo menos la ralentización económica. También, el mayor peso de los salarios públicos –que son más altos en promedio que los privados- y la concentración de servicios financieros que lleva consigo la capitalidad son razones que explican, más que los factores estrictamente políticos, el superior crecimiento de Madrid, en este último período.
--¿Se podría decir, como apuntó en su idea Maragall, que Madrid se ha ido? ¿O que, de hecho, pese a todo, no se ha ido para nada, y mantiene el mismo peso que Cataluña?
--Madrid es una ciudad pujante, pero Cataluña tiene en Barcelona un activo de primer orden, una locomotora económica potencial dotada de recursos extraordinariamente valiosos, con una espectacular marca global y una clara capacidad de crecimiento. Es en torno a Barcelona donde debe desarrollarse la propuesta catalana de valor para el mundo. Lo preocupante sería que una política doméstica de vuelo corto acabara por deteriorar este activo, y en este sentido no han faltado, por desgracia, algunos motivos de preocupación en los últimos tiempos.
Francisco Longo comenta su oinión para crónica Global / LENA PRIETO
--A su juicio, ¿El independentismo maneja algunas verdades sobre un supuesto perjuicio del Estado español a Cataluña en los últimos decenios?
--Sin caer en las exageraciones interesadas que se han hecho sobre el llamado déficit fiscal, el sistema de financiación de la comunidad autónoma es claramente mejorable, desde un punto de vista de estricta equidad. Por otra parte, en ciertas áreas de política, como en materia de infraestructuras, por ejemplo, se han tomado decisiones de difícil comprensión desde una perspectiva catalana. Si, en lugar de agitar el victimismo, envolverse en banderas y plantear saltos en el vacío, se abordaran estos desequilibrios con la firmeza necesaria, se estaría actuando en la dirección correcta, en mi opinión.
--¿Teme que España se decante por una especie de nueva cantonalización, por una presión de los territorios que haga inviable un Estado común?
--Pues, con permiso del alcalde de León, que es el último que se ha metido en esos berenjenales, espero que no. Desde luego, el “viva Cartagena” está ahí, en nuestra historia, pero la historia, aunque hay que conocerla y aprender de ella, no condiciona fatalmente, por suerte, el devenir de los países. Las sociedades de cada tiempo disponen de recursos para escribir su propia historia, y nuestra transición democrática es un claro ejemplo de ello. Lo que sí es cierto es que el estado democrático compuesto español que hicimos nacer en 1978 es un modelo de gobernanza pública sofisticado, hecho de equilibrios que requieren un manejo delicado e inteligente. Por eso, la calidad de las instituciones políticas, como los parlamentos, los sistemas electorales o los partidos, y la de los liderazgos políticos, son factores cruciales para que el modelo funcione; y para que resista, con los ajustes que sean precisos, el paso del tiempo. Desde luego, entramos en tiempos en que esas instituciones y esos liderazgos van a ser seriamente puestos a prueba.