Enrique Gimbernat: "No volveré a votar a Albert Rivera nunca más"

Enrique Gimbernat (Sevilla, 1938) es preciso. No va más allá de lo que ya tiene pensado. Catedrático emérito de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid, ha teorizado sobre el delito de rebelión, y sobre lo que pudo haber ocurrido en Cataluña en el caliente octubre de 2017. En esta entrevista con Crónica Global es prudente. Insiste, sin embargo, en que la política de indultos, que está contemplada en el ordenamiento español, podría ser contraproducente si, a cambio, el Estado no se garantiza la lealtad de los partidos independentistas. Gimbernat, una referencia en el mundo del derecho, una institución, tiene palabras muy críticas con Albert Rivera. Entiende que Ciudadanos tendría ahora una oportunidad única si llegara a un acuerdo con el PSOE de Pedro Sánchez. “No volveré a votar a Albert Rivera nunca más”, sentencia.

--Pregunta: Ha acabado el juicio en el Tribunal Supremo. ¿Se puede prever una sentencia dura a partir de la posición de la Fiscalía?

--Respuesta: Las únicas pruebas que pueden destruir el derecho a la presunción de inocencia del que gozan todos los acusados son las practicadas en el juicio bajo los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación. Como no he podido seguir todas las sesiones del juicio oral --aunque sí bastantes de ellas por televisión-- no puedo pronunciarme sobre si se ha destruido la presunción de inocencia en el sentido postulado por el Ministerio Fiscal.

--El independentismo arguye, como hizo el abogado Javier Melero, que una cosa podía ser la intención y otra los hechos que finalmente se produjeron en otoño de 2017. ¿El delito de rebelión sigue en pie? ¿O hay que pensar en el de sedición?

--Tanto la rebelión como la sedición tienen como elementos comunes un alzamiento público y violento (tumultuario), diferenciándose únicamente en cuál sea la finalidad de dicho alzamiento. En la rebelión son, entre otras, la de derogar la Constitución y la de declarar la independencia de una parte del territorio nacional; en la sedición es, entre otras, la de impedir el cumplimiento de las órdenes judiciales. Si se estima que existe el alzamiento violento en el sentido de los tipos de la rebelión y de la sedición, entonces sería el primero el aplicable por tener prevista una pena más grave; y, si se estima que no concurre tal alzamiento, entonces no habrá rebelión ni sedición. Lo que quiere decir que, en el presente supuesto, y caso de concurrir un alzamiento público y violento (tumultuario), sólo puede entrar en juego el delito de rebelión y nunca el de sedición; y, si no concurre, únicamente serían aplicables, eventualmente, los delitos de malversación y desobediencia.

--Usted ha razonado ese delito de rebelión. ¿Cómo se puede justificar, en función a la exigencia de que exista o no violencia para poderlo aplicar?

--El juicio ya se ha celebrado. Ahora corresponde al tribunal, que ha presenciado todas las pruebas practicadas, determinar, en una argumentación coherente, y conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia, si en los acontecimientos que se desarrollaron el la Conselleria de Economía y durante el referéndum del 1-O se produjeron o no actos públicos de violencia en el sentido del delito de rebelión.

--Una de las posibilidades que se alberga es que el Gobierno pueda impulsar una reforma del código penal, y que tipifique lo que ocurrió en Cataluña, con la idea de que no se trató de una rebelión, pero tampoco de una mera desobediencia. ¿Es esa la salida?

--Si se impulsa una reforma que tipifique como desobediencia lo que ahora está descrito como rebelión, como sería una reforma que favorecería al reo, se aplicaría retroactivamente el precepto que señala menor pena. Si ésta sería o no una decisión que podría contribuir a resolver, al menos en parte, la cuestión catalana, es una cuestión que se debe analizar en función de los posibles indultos. 

Enrique Gimbernat, catedrático emérito de derecho penal

--Los penalistas han tenido la palabra y la tendrán en los próximos meses. Pero, ¿qué camino tiene la política en estos momentos para intentar reconducir la situación?

--No soy ningún experto en política. Pero lo que digo es que el derecho penal va por una parte, y la política por otro. Y la política no puede interferir en esta situación. Por lo menos, no ahora.

--También hay voces, como la de constitucionalistas, como Josu de Miguel, que sostienen que Cataluña lleva años forzando la naturaleza de la Constitución en la comunidad. ¿Se dejó pasar, se cerró los ojos durante años?

--Al menos desde la Resolución 1/XI, aprobada por el Parlament, el 2 de noviembre de 2015, por la mayoría absoluta que conformaban los diputados de JxSí y de la CUP, con la que se iniciaba "un proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de República", "proceso de desconexión democrática no [supeditado] a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional", se dieron ya los presupuestos para la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Si Rajoy no lo aplicó por "tancredismo" o porque --aunque no lo precisaba-- no contaba con el beneplácito del PSOE y de Ciudadanos para hacerlo, no lo sabemos. En cualquier caso, el Govern comprobó, por la prueba de la realidad, que podía seguir vulnerando la Constitución sin tener que temer una respuesta del Gobierno Central, lo que produjo en los partidos nacionalistas catalanes la convicción de que podían seguir transitando sin consecuencia alguna por la senda inconstitucional.

--¿Qué mensaje se debería ofrecer a los dos millones de independentistas en Cataluña?

--A mí también me gustaría saberlo.

--¿Pero usted que les diría, si cree que se les debe decir algo?

--Creo que se les tiene que hacer llegar que no hay otro camino que el respeto a la Constitución. Y lo que ha pasado es que se les ha hecho creer un sueño de que era posible otro camino. Y no lo es. Es el que marca la Constitución.

--¿Y una ley de claridad, como el propio presidente del Parlament, Roger Torrent, ha expresado, siguiendo la experiencia de Canadá?

--No, lo primero es respetar la Constitución y tratar, si se quiere, de reformarla, siguiendo los propios mecanismos que se ofrecen para esa reforma. 

--En aras de una solución política a medio plazo, ¿es conveniente entrar en un debate sobre los indultos, o es necesario aparcarlo por completo?

--Si se indulta sin más, el mensaje que se lanza, en el supuesto de que se condene por rebelión, es el de que ese delito sale gratis y tendremos una rebelión en Cataluña un año sí y otro también. Otra cosa sería que a la concesión del indulto se vinculara el compromiso de que, en el futuro, los partidos nacionalistas catalanes respetarían siempre la Constitución.

--A su juicio, ¿qué verdad hay en el independentismo respecto a la relación de Cataluña con el Estado español?

--Ninguna. Ni el Derecho español ni el internacional reconocen el llamado "derecho a decidir [en realidad: de autodeterminación]" en situaciones no coloniales.

Enrique Gimbernat, catedrático emérito de derecho penal

--¿Hay un camino posible para el catalanismo, o se ha visto tan contaminado por el independentismo que se deberá repensar todo en Cataluña en los próximos años?

--Se debería repensar en los próximos años. Me parece claro.

--¿Existe un poder llamado Madrid, que ha distorsionado los equilibrios políticos, y que eso podría haber sido un elemento clave para el aumento del independentismo?

--Creo que, desde el inicio de la democracia, y porque tanto el PSOE como el PP han preferido el apoyo de los partidos catalanistas para gobernar, se había llegado al límite de lo que se podía conceder a Cataluña dentro del marco de la Constitución.

--¿Se ha equivocado Pedro Sánchez en su acercamiento al independentismo? ¿O es una acusación que no casa con la realidad?

--Depende de la política que quiera desarrollar en el futuro.

--¿Y hasta ahora?

--La del pasado me parece que ha sido errónea. Sánchez se ha mostrado servil con los independentistas. Ahora, creo que no. Ha marcado una línea clara. Y lo que debemos ver es qué hará en el futuro.

--¿Debe Ciudadanos dar un paso adelante y permitir la investidura de Sánchez para no depender de esos votos independentistas? ¿Y Pablo Casado, no es una oportunidad para el PP?

--Ciudadanos debería intentar negociar con el PSOE un gobierno de coalición que, al disponer de 180 diputados, garantizaría un período de estabilidad durante los próximos cuatro años. Pero, de aspirar a convertirse en un partido bisagra socialdemócrata-liberal, lo que pretende ahora es llegar a ser la fuerza predominante de la derecha. Rivera no ha sabido digerir sus indudables éxitos electorales y se ha convertido en un político que no es de fiar. No le volveré a votar nunca más. Le voté en las generales, en las autonómicas, en las municipales y en las europeas. Pero ya se ha acabado. Tiene una oportunidad que no la tendrá más, la posibilidad de sumar una mayoría absoluta, con 180 diputados. Es algo único. Es incomprensible que se deje escapar ese momento.