La Fiscalía mantiene las peticiones de condena por rebelión contra los líderes del 'procés'

Tres meses y 17 días después de que arrancara el macrojuicio contra la cúpula del procés por la preparación y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, las acusaciones ya han puesto sus conclusiones sobre la mesa. Con base en lo declarado por procesados, testigos y peritos y a la prueba documental practicada durante los tres últimos días, la Fiscalía lo tiene claro: mantiene todas sus peticiones de condena intactas. Por tanto, continúa acusando de un delito de rebelión a nueve de los procesados y de desobediencia a los otros tres, los únicos que se encuentran en libertad provisional.

Tan sólo ha modificado una pequeña parte de sus conclusiones: ha retirado sus referencias a los miembros de la mesa del Parlament a quienes mencionaba en su escrito de acusación --puesto que será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el órgano que se encargue de juzgarles-- y ha variado sus conclusiones, a la espera de su concreción, respecto al papel de la empresa Unipost, al encuentro mantenido por Carles Puigdemont con los Mossos el 28 de septiembre de ese año y a la hoja de ruta de la ANC.

El relato de Trapero

En este sentido, la Fiscalía da por bueno el relato de Josep Lluís Trapero, entonces mayor de la policía de la Generalitat: afirma que, efectivamente, al finalizar la reunión entre los miembros de la Generalitat y los Mossos (en la que estos advirtieron de la escalada de violencia que podría poducirse), Puigdemont “manifestó a todos los presentes que si el 1 de octubre había violencia declararía la independencia”.

También quiere asegurarse de que, de ser condenados a más de cinco años, no puedan acceder al tercer grado hasta tener cumplida al menos la mitad de la condena. No es algo excepcional, pero sólo se aplica para delitos muy graves.

La Abogacía del Estado y Vox

Por su parte, la Abogacía del Estado también ha elevado a definitivas sus solicitudes mientras que la acusación popular, ejercida por Vox, ha decidido retirar sus acusaciones de pertenencia a organización criminal y malversación contra el exconsejero de Empresa Santi Vila, a quien únicamente acusa de desobediencia.

De esta forma, quedan así las solicitudes de condena:

Oriol Junqueras: exvicepresidente de la Generalitat. Es el acusado sobre el que pesan las mayores peticiones. En concreto, 25 años de cárcel y 25 de inhabilitación por parte de la Fiscalía (por presuntos delitos de rebelión agravada con malversación), 12 por la Abogacía del Estado (sedición y malversación) y 74 por Vox (rebelión, organización criminal y malversación).

Jordi Turull: exportavoz del Govern y exconsejero de Presidencia. El ministerio público solicita para él 16 años de cárcel (rebelión agravada con malversación). La abogacía pide 11 y medio (sedición y malversación) y Vox, 74 (rebelión, organización criminal y malversación).

Raül Romeva: exconsejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia. La Fiscalía pide 16 años de privación de libertad (rebelión agravada por malversación); la Abogacía, 11 y medio (malversación y sedición) y Vox, 74 (delitos de rebelión, organización criminal y malversación).

Josep Rull: exconsejero de Territorio y Sostenibilidad. La Fiscalía reclama 16 años de cárcel (rebelión agravada con malversación), la Abogacía, 11 y medio (malversación y sedición) y Vox, 74 (delitos de rebelión, organización criminal y malversación).

Dolors Bassa: exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. La Fiscalía reclama 16 años de cárcel (rebelión agravada con malversación), la Abogacía, 11 y medio (malversación y sedición) y Vox, 74 (delitos de rebelión, organización criminal y malversación).

Joaquim Forn: exconsejero de Interior. La Fiscalía solicita para él 16 años de cárcel por rebelión agravada por malversación; la Abogacía, 11 y medio por sedición y malversación y Vox, 74 por rebelión, organización criminal y malversación.

Jordi Sànchez: presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). La Fiscalía solicita para él 17 años de cárcel y 17 de inhabilitación (rebelión), la Abogacía, 8 (sedición), y Vox, 62 (delitos de rebelión y organización criminal).

Jordi Cuixart: presidente de Òmnium Cultural. La Fiscalía solicita para él 17 años de cárcel y 17 de inhabilitación (rebelión), la Abogacía, 8 (sedición) y Vox, 62 (delitos de rebelión y organización criminal).

Carme Forcadell: expresidenta del Parlament de Cataluña. El Ministerio Fiscal pide 17 años de prisión y 17 de inhabilitación por un delito de rebelión; la Abogacía, diez (sedición), y Vox, 62 (rebelión y organización criminal).

Meritxell Borràs: exconsejera de Gobernación. La Fiscalía solicita 7 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación y de desobediencia, además de una multa de 30.000 euros, las mismas condenas que reclaman los servicios jurídicos del Estado. Vox, por su parte, solicita 24 años de prisión y una multa de 216.000 euros (organización criminal y malversación).

Carles Mundó: exconsejero de Justicia. La Fiscalía solicita 7 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación y de desobediencia, además de una multa de 30.000 euros, las mismas condenas que reclaman los servicios jurídicos del Estado. Vox, 24 años de prisión y 216.000 euros de multa (organización criminal y malversación).

Santiago Vila: exconsejero de Empresa y Conocimiento. La Fiscalía solicita 7 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación y de desobediencia, además de una multa de 30.000 euros, las mismas condenas que reclaman los servicios jurídicos del Estado.