Del paquete de medidas anunciadas por Mariano Rajoy tras la aprobación por el Senado de la aplicación del articulo 155 de la Constitución, la más llamativa y controvertida ha sido la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo día 21 de diciembre.
Sin duda, la convocatoria de elecciones para el primer día en que era posible por cumplirse los 54 días que establece la ley electoral desde la disolución del Parlament ha servido para que se visualice la idea de que no se quiere suspender la autonomía sino simplemente restablecer la legalidad apelando al voto de los ciudadanos. La medida ha sido bien recibida por los partidos políticos que han apoyado a Rajoy y ha mitigado las críticas de formaciones como Podemos o el PNV. Probablemente ha debilitado cualquier intento de resistencia por parte de los destituidos y ha sido bien recibida por los ciudadanos no independentistas menos entusiastas con la aplicación del 155 y por aquellos medios de comunicación catalanes como La Vanguardia y El Periódico que han coqueteado con el secesionismo, por las subvenciones y porque parte de sus lectores son independentistas, hasta que han visto que el lobo esta vez venía de verdad y, probablemente, sus financiadores, también amiguetes de los secesionistas hasta hace poco, hayan tocado a rebato.
Pero la convocatoria también ha suscitado críticas, además de las provenientes del lado secesionista, por parte de aquellos que consideran que convocar elecciones con tanta rapidez, sin intervenir TV3 y Catalunya Ràdio, es un riesgo muy elevado que puede hacer que el 22 de diciembre estemos igual o peor que ahora. No son pocos los que comentan el miedo a este escenario en privado.
No despreciando para nada los riesgos de la convocatoria electoral, creo que la decisión ha sido la mejor posible. El clima político ha cambiado sustancialmente en Cataluña
Personalmente, no despreciando para nada los riesgos de la convocatoria, creo que la decisión ha sido la mejor posible. No sólo por los argumentos que he enumerado anteriormente. Creo que el clima político ha cambiado sustancialmente en Cataluña. Los ciudadanos, incluidos los independentistas racionales, han tomado conciencia de que la secesión indolora era una gran mentira. Que mantener la incertidumbre sólo ahondará en el mucho mal que ya se ha causado el procés en forma de enfrentamiento civil y coste económico. Que, como ya habían anunciado Artur Mas o Mas-Colell, el secesionismo sin apoyo internacional, control del territorio, o hacienda propia carece de capacidad para implementarse en la práctica. Que, como dije hace unos días, los secesionistas se han precipitado a causa de la lucha interna por la hegemonía.
Los constitucionalistas catalanes han despertado de su letargo. Las manifestaciones del 8 de octubre y de este domingo son prueba de ello. El secesionismo ha perdido la iniciativa y, lo más importante, ha sufrido un baño de realidad que lo tiene conmocionado. Junqueras no podrá seguir mintiendo impunemente. Romeva, en el que todavía confiaba hace pocos días un exconseller de la Generalitat, ha fracasado rotundamente en la búsqueda de apoyos internacionales. En definitiva, los catalanes, aún los más creyentes en que una Cataluña independiente sería la Dinamarca del Mediterráneo, han tomado conciencia de que el triunfo del secesionismo sería un viaje, desde un país en el que hemos vivido muy bien, con grandes cotas de libertad y autogobierno y una economía pujante, hacia un Kosovo del sur de Europa.
Todo ello no debe hacernos olvidar que la reacción constitucionalista en Cataluña ha desbordado ampliamente a los partidos no secesionistas, que deberían ser conscientes de su debilidad en Cataluña y que tendrían que esforzarse en buscar espacios comunes y superar su endogamia para lograr una nueva mayoría parlamentaria y un Gobierno capaz de revertir en el menor tiempo posible los daños causados por la irresponsabilidad del secesionismo.