El choque entre el Estado y la Generalitat se visualiza próximo. Por eso las partes hablan cada día más alto, con frases retadoras y palabras mayores que solamente deberían salir del armario en situaciones de gravedad extrema. De momento hay más frases propagandísticas, declaraciones y borradores parlamentarios que hechos, salvo el concurso para la adquisición de urnas de metacrilato y cartón con su correspondiente querella. Lo que hay es un desafío político mayúsculo que está poniendo de los nervios a los protagonistas, tan impacientes por dilucidar quién de los dos va de farol que se han olvidado del problema de fondo. O tal vez estén cómodos en el cruce de provocaciones.
La solución al conflicto territorial les va a llegar tarde a la mayoría de los actuales protagonistas. Algunos estarán jubilados por edad, otros por inhabilitación y el resto por las urnas, pero todos ellos habrán contribuido a retrasar la apertura de una vía constitucional todo lo que habrán podido. Unos por despreciarla y otros por negarla. Es un mérito que no les va a otorgar reconocimiento, probablemente.
Les recordaremos por sus palabras y sus profecías. Por su falsa seguridad. Por atentar contra la paciencia ciudadana. Por sus adjetivos rotundos de lo que puede o no puede suceder con sus respectivos planes, por sus “inevitable”, “inminente” o “imposible”, por sus disquisiciones sobre “democracia” y “legalidad democrática”, por sus provocaciones (“el Estado español no tiene tanto poder para parar tanta democracia”), por sus amenazas (“tenemos fuerza suficiente para impedir su intento de golpe de Estado”). Sobre todo, serán recordados por su incapacidad para la negociación política.
La solución al conflicto territorial les va a llegar tarde a la mayoría de los actuales protagonistas. Algunos estarán jubilados por edad, otros por inhabilitación y el resto por las urnas, pero todos ellos habrán contribuido a retrasar la apertura de una vía constitucional todo lo que habrán podido
Es evidente que no hay un Suárez ni un Tarradellas dispuestos a correr ciertos riegos políticos para ofrecer y aceptar acuerdos insatisfactorios para todos, tampoco existe un vacío legislativo preconstitucional como el que se vivió en aquellos meses. Ahora hay que llegar a acuerdos en un escenario mucho más definido, el Estado de derecho. En 1977, se pactó la solución y luego se introdujo en la Constitución (y más tarde se le echó agua al vino, cierto), sin embargo, en este momento las reglas de juego tal como las interpreta el Tribunal Constitucional obligan a reformar primero la carta magna para abrir las puertas a la fórmula de decidir el futuro, el famoso referéndum que más tarde que pronto deberá celebrarse para saber qué queremos los catalanes descontentos y cómo encajan nuestras aspiraciones con el nuevo modelo de España que se vaya a decidir entre todos los españoles.
De momento, habría que intentar que las salidas de tono, el calentamiento general del lenguaje de los protagonistas, propio de las vigilias anunciadas con tanta antelación, no condicionen excesivamente ni sus decisiones políticas y jurídicas, ni menos aún la viabilidad del día siguiente al encontronazo. El objetivo prioritario de quienes no quieren o no saben negociar debería ser garantizar un mañana. Aunque tengan que hablar menos para la galería.