Francisco Pérez de los Cobos, el presidente saliente del Tribunal Constitucional, se ha despedido diciendo que el conflicto catalán debe solventarse con diálogo político y no en el TC. En realidad, ni en el TC ni en ningún otro tribunal, lo que no implica que las ilegalidades deban pasarse por alto; sólo que la solución no está en los juzgados sino en la política. Nunca es tarde para reparar el error de la judicialización, aunque ya se haya dictado la primera sentencia y esté al caer la segunda, ambas referidas al 9N.

Las tres primeras inhabilitaciones ya han llegado y nada parece haber cambiado. Salvo la actitud personal de los afectados. Las condenas, pendientes de recurso, de Mas, Ortega y Rigau han tenido un efecto revitalizador del estado de ánimo de los tres encausados. Su inhabilitación les ha reforzado y vuelven a soñar con una carrera política, especialmente las dos ex consejeras, alicaídas hasta hace unos días y supuestamente amortizadas.

Desde la nube del reconocimiento soberanista, vuelven a tener planes. La situación de Mas es algo más compleja y tal vez la aureola de inhabilitado por la patria no sea suficiente para ahuyentar al fantasma del 3% que le acecha peligrosamente. Si el fantasma de la corrupción no lo arrastra consigo, dos años no son nada en un panorama político que se intuye convulso.

La inhabilitación política a cuenta de la desobediencia da alas a los condenados. Los convierte en héroes del procés

La inhabilitación política a cuenta de la desobediencia da alas a los condenados. Los convierte en héroes del procés. Este efecto milagroso de una condena, explicaría que incluso Oriol Junqueras, muy parco en palabras en los últimos tiempos, se haya descolgado ahora apuntando la idea de que la convocatoria del referéndum vaya firmada por todos los miembros del Gobierno catalán. Parece que nadie quiere quedarse sin su inhabilitación; como si esta fuera a convertirse en un título de crédito electoral para un futuro inminente de la política catalana.

La indiscutible moderación de las tres primeras condenas no puede asustar a ningún político independentista ante la disyuntiva de desobedecer o acatar a las leyes vigentes. Y esto es así porque la ecuación judicial desobediencia/inhabilitación se mueve en parámetros de moderación. Se desobedece, pero poco, y se inhabilita, pero poco. Ninguna de las partes en conflicto se arriesga a romper la regla implícita en su enfrentamiento: no cometer ningún error o exceso irreparable. El procesismo independentista se ha contagiado al Estado: ni un paso atrás, muchos amagos y advertencias, y absoluta prudencia en los actos.

Este equilibrio entre inmovilismo y secesionismo no puede mantenerse infinitamente y la lógica (y la resistencia emocional y la paciencia del personal) nos dice que alguien va a romper con este escenario de prudencia sobreactuada. El que se exceda, pierde. Aunque la derrota vaya a ser muy probablemente transitoria. El problema va a seguir ahí, más envenenado si cabe tras la experiencia de la judicialización.