El Gobierno de España dedicará 2.130 millones de euros a subvencionar el cierre de las empresas extractoras de carbón durante el próximo año y medio. A partir de 2018, por imperio de la UE, está prohibido de forma tajante que ningún país auxilie al sector con numerario público. Así termina, por fin, más de un siglo de atracos al bolsillo de los contribuyentes con objeto de otorgar ayudas crematísticas a la minería.

Solo desde 1990, los socorros estatales dispensados al ramo ascienden a la friolera de 26.000 millones de euros, repartidos en cinco planes sucesivos

El censo de compañías explotadoras ha menguado drásticamente en el curso de los últimos lustros. Hoy sólo quedan en pie 14, con unos 3.300 empleados, frente a los 45.000 que había a comienzos de los años noventa. Los postreros amparos servirán para sufragar cotizaciones a la Seguridad Social y prestaciones a los mineros. Si Pitágoras no miente, la masa de recursos citada equivale a un gasto de casi 650.000 euros por cada trabajador, que se dice pronto.

Es harto sabido que la producción carbonífera, localizada sobre todo en las cuencas leonesa y asturiana, nunca fue rentable. El mineral español adolece de una calidad energética muy baja y su arranque entraña unos elevados costes. Además, es la fuente de generación de energía más contaminante.

Pese a ello, todos los Gobiernos de la pasada y la presente centuria sintieron el afán de sostener esa industria, con una fruición digna de mejor causa. Solo desde 1990, los socorros estatales dispensados al ramo ascienden a la friolera de 26.000 millones de euros, repartidos en cinco planes sucesivos.

Si en vez de aplicarse a la preservación de los pozos, ese enorme dineral se hubiera dedicado a inversiones productivas en las cuencas mineras, Asturias y León figurarían hoy, sin duda, entre las regiones más prósperas de España y otro gallo les cantaría a los ex mineros.

Gracias a esa suma astronómica, el grueso de las plantillas se pudo prejubilar en unas condiciones privilegiadas, que ya querría para sí el común de los mortales. Más de la mitad de ellas abandonó el tajo entre los 40 y los 50 años. Así mismo, el 72% cobra pensiones superiores a los 1.700 euros mensuales. Y una cuarta parte de éstos sobrepasa los 2.100 euros. Nunca los empleados de actividad alguna se embolsaron premios de semejante calibre.

Sindicalista espabilado

Los subsidios son de suyo injustos, porque con el peculio de los estrujados ciudadanos de a pie siempre priman a unos en demérito de otros. Además con harta frecuencia desembocan en abusos intolerables, cuando no en corrupción pura y dura. Y un negocio hiper-protegido como ha sido y sigue siendo el de los combustibles sólidos, no podía ser la excepción.

Las tropelías que se han perpetrado con los fondos para los picadores darían para llenar varios libros. Pero probablemente el caso más sangrante sea el de José Ángel Fernández Villa, líder del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias-UGT durante un dilatadísimo periodo que abarcó de 1979 a 2013.

Las tropelías que se han perpetrado con los fondos para los picadores darían para llenar varios libros

El tal Fernández Villa compareció hace dos años en un banco de Oviedo con un maletín repleto de billetes por valor de cerca de millón y medio de euros. Los ingresó en su cuenta y acto seguido se acogió a la amnistía fiscal del inefable Cristóbal Montoro.

La escandalera que se armó es de las que hacen época. Todo quisque tuvo claro de dónde habían salido la pasta: de las asignaciones para sostén de la minería.

Gracias a Bruselas, se ha puesto fecha para que termine de una maldita vez esta gigantesca y perniciosa tomadura de pelo de la hulla, la antracita y el lignito patrios. Parece que la pesadilla se va a esfumar pronto, para nunca más volver.