Para seguir siendo catalanes y españoles

Escribía recientemente el candidato de ERC a la alcaldía de Tarragona, el Sr. Pau Ricomà, que la victoria republicana en la ciudad a las europeas enterraba definitivamente una idea que flotaba por la ciudad hacía un tiempo: segregar Tarragona de Cataluña.

Una idea, ésta de la segregación, que será políticamente más o menos atractiva y factible, pero que en un principio suscitaba un gran interrogante. ¿Y esto... cómo se podría hacer? ¿Como se podría segregar Tarragona de Cataluña? Se nos ocurren algunas maneras.

La elección no es entre Cataluña y España, sino entre, por una parte, Cataluña, y, por otra Cataluña, España y la Unión Europea

Antes, sin embargo, dos consideraciones previas. En primer lugar, no creemos que los padres de esta idea hayan bebido en el leridanismo. No nos imaginamos nadie sacándose una identidad del sombrero, ni habla, ni Historia. Ni siquiera pensamos que el concepto de Barceluña, usado en Tarragona para denunciar el centralismo barcelonés y (dicen que escasas) inversiones de la Generalidad en la ciudad y en la provincia, justifiquen la segregación. Tarragona es y será catalana. No creemos que esto esté en discusión y aquí no lo vamos a cuestionar. Somos de la opinión de que la razón es más simple: para seguir siendo catalana, española y europea, a Tarragona no le quedaría sino permanecer fuera de los límites administrativos de la Generalidad. La elección no es entre Cataluña y España, sino entre, por una parte, Cataluña, y, por otra Cataluña, España y la Unión Europea.

En segundo lugar hay que recalcar que no se plantea que Tarragona, o cualquier otro municipio (y aquí pensamos especialmente en los fronterizos con Aragón y Valencia), sea un sujeto autodeterminable en el sentido de facultad para crear un Estado independiente, sino algo de menor alcance: facultad para elegir a qué Estado debe pertenecer y sólo en un contexto de separación de Cataluña. Por este motivo no habrá que discutir si concurren los criterios del profesor Rubio Llorente para constatar la existencia de un sujeto autodeterminable: a) minoría territorializada, es decir, no dispersa; b) delimitada administrativamente; y c) con las dimensiones y recursos necesarios para constituirse en Estado.

Pese a no ser, insistimos, de aplicación, es evidente que este punto c) generará dudas. Sí, constituirse en enclave conllevaría algunos retos logísticos para Tarragona, especialmente en cuanto a suministro energético y gestión de residuos, pero la ayuda española vía inversiones y puerto debería poder solucionarlo. Todo sería más fácil, desde este punto de vista, si su hinterland, Salou, Vila-seca, Constantí (que significa medio aeropuerto de Reus), Pobla de Mafumet, La Canonja y El Morell se adhiriera. Una circunstancia que seguramente aliviaba las eventuales preocupaciones de la industria petroquímica, de entre las que han destacado, a título personal, las del consejero delegado de BASF España, Sr. Erwin Rauhe, pues la segregación garantizaría la continuidad dentro de la Unión Europea de todo el complejo.

Nos encantaría que los grupos parlamentarios del PP, C 's y, ¡ojalá!, del PSC en el Parlamento autonómico iniciaran esta reforma. No por ganar, sino sólo para sentir cómo argumentan en contra los partidarios de este nabo jurídico que ahora llaman derecho a decidir

Hechas estas consideraciones previas, es el momento ya de analizar cómo se podría producir esta segregación. Existen tres procedimientos:

1. El primero consistiría que el Alcalde Ballesteros convocara, pongamos el día 9 de noviembre, sin ningún amparo legal, simplemente porque se llama José Félix, un referéndum para segregar Tarragona de Cataluña.

2. Si los Tribunales anularan esta convocatoria, entonces la siguiente opción consistiría, si los resultados electorales lo permiten, en una proclamación unilateral de segregación hecha por el Sr.. Ballesteros, el Sr.. Alejandro Fernández del PP y el candidato de Ciudadanos desde el balcón del Ayuntamiento el mismo día de las elecciones municipales, para a continuación enviar un comando leal de la Guardia Urbana a desarmar a los Mossos y asegurarse el control del puerto.

Pero no, nosotros no estamos por ninguna de las dos vías anteriores. No estamos por las vías de hecho. No apelamos a eso que llaman derecho a decidir; no pedimos que las cosas se hagan por narices, para que fuéramos la mitad más uno; no reclamamos que Ballesteros y Fernández proclamen juntos la segregación de Tarragona desde el Balcón del Ayuntamiento; ni tampoco que convoquen un referéndum ilegal. No. No diremos tampoco que lo que planteamos no está regulado y que no sabemos qué pasará. Naturalmente que estos procesos están regulados. En todas partes. Hay un artículo 52 del tratado de la Unión Europa que habrá que reformar para incluir Cataluña, con todo lo que esta reforma conlleva. Hay un art.1 de la Constitución española que sitúa a España como una realidad jurídica y geográfica preexistente y hay un art.2 que proclama la indivisibilidad de España. Ambos habrá que reformar para que Cataluña se separe, siguiendo el procedimiento establecido. Hay una vía legal, también, para segregar Tarragona, naturalmente.

3. La última opción será reformar el art. 9 del Estatuto, que dice así:

"El territorio de Cataluña es el que corresponde a los límites geográficos y administrativos de la Generalidad en el momento de la entrada en vigor de este Estatuto."

Será, pues, este artículo lo que habrá que reformar para establecer que Tarragona deja de estar bajo los límites administrativos de la Generalidad. El procedimiento a seguir viene regulado por los art. 222 y 223 del Estatuto. Están facultados para iniciar el procedimiento:

a. Una quinta parte de los diputados al Parlamento (27 diputados)
b. El Gobierno de la Generalidad
c. Un mínimo del 20% de los plenos municipales, que representen un mínimo del 20% de la población
d. También pueden proponerla 300.000 firmas acreditadas de ciudadanos de Cataluña con derecho a voto
e. Y, atención, las Cortes Generales.

A partir de aquí la reforma requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Parlamento, la aprobación de las Cortes Generales mediante una ley orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores.

Llegado el día, nos encantaría que los grupos parlamentarios del PP, C 's y, ¡ojalá!, del PSC en el Parlamento autonómico, o en su defecto desde las Cortes Generales, iniciaran esta reforma. No por ganar, sino sólo para sentir cómo argumentan en contra los partidarios de este nabo jurídico que ahora llaman derecho a decidir. Para explorar los límites de este "derecho". Para escuchar cómo se lo montan los paladines de la democracia extraparlamentaria, si es que tal democracia existe, para rechazar la segregación. Digan lo que digan, cualquier argumento se les volverá en contra.