'E pur si muove'

Cuando en el siglo IV los emperadores romanos convierten el cristianismo en la religión oficial del Imperio, los herejes comienzan a ser considerados como enemigos del Estado. En el sur de Francia, y ya en el siglo XII, el Papa Inocencio III es el primero en establecer una legislación punitiva contra aquellos que no comparten los dogmas de la Iglesia Católica en relación al matrimonio y a otras instituciones sociales pero, en ese momento, la falta de coordinación hizo poco eficaz la lucha contra los disidentes tenidos como herejes. No será hasta 1184, y mediante la bula de Lucio III, en la que la Iglesia exige a los obispos que intervengan activamente para acabar con la herejía y les otorga la potestad de juzgar y condenar en las diócesis a su cargo. Es la Inquisición episcopal que no es más que la primera fórmula de lo que hoy conocemos como Inquisición medieval.

No se usan los métodos clásicos de tortura, cuanto menos física, pero sí todo tipo de descalificaciones, artimañazas y sutiles advertencias para conseguir rendir la voluntad del reo. El método preferido es el de la insidia y la calumnia, pero revestidas de consejos doctorales

Ante la ausencia de una autoridad central capaz de coordinar las actividades de los obispos locales, no se lograron los objetivos propuestos; este fue el motivo por el que Gregorio IX creó, en 1231 y también mediante bula papal, la Inquisición pontificia, dirigida directamente por el Papa y dominada por las órdenes mendicantes, especialmente los dominicos. Contrariamente a los objetivos perseguidos, esa dependencia central fue un freno a su expansión ya que algunos obispos se oponían a esa intromisión que limitaba su poder diocesano. En 1252, el Papa Inocencio IV autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de los herejes aunque, eso sí, recomendando a los torturadores que no se excedieran hasta el punto de poner fin a su vida; los que se negaban a abjurar, pasaban a ser ejecutados pero, en esos casos, la pena era aplicada por el brazo secular de la Santa Inquisición.

En España, la Inquisición pontificia existió en la Corona de Aragón desde 1249, pero hasta el año 1478 no se implantó en la Corona de Castilla, en dependencia directa de los Reyes Católicos. En 1483, y mediante nueva bula papal, esa Inquisición real se extendió a la Corona de Aragón, incluyendo Sicilia y Cerdeña, y también los territorios de América, nombrándose como Inquisidor General a Tomás de Torquemada. Este organismo era el único que podía actuar a ambos lados de las fronteras entre Castilla y Aragón y, por tanto, era la única institución común, y con mayor poder represivo y policial, de todos los territorios del Reino.

Como que la herejía no era sólo un pecado sino un delito, no bastaba con la confesión para ser absuelto, sino que los sacerdotes estaban obligados a remitir al Santo Oficio a todos aquellos que se acusaran voluntariamente de pecados contra la fe. Estos delincuentes, aunque confesaran libremente, estaban obligados a un auto público de fe, pero no sólo debían denunciarse a sí mismos sino que tenían que denunciar también a sus cómplices, incluso si habían muerto, porque en ese caso sus restos se exhumaban y se quemaban. Esta obligación de denunciar a todos aquellos que se presumían herejes era universal, y los delatores tenían garantizado el anonimato y la impunidad en el hipotético caso de que se demostrara la falsedad de su denuncia. Toda denuncia, incluso anónima, era válida, y una vez recibida, se abría de inmediato una investigación secreta que al revelar algún indicio, por débil que fuera, conducía a la detención preventiva del sospechoso y al embargo de todos sus bienes por parte y a favor de la Santa Inquisición. De idéntica forma que Kafka describe lo que le ocurre al ciudadano K. en El Proceso, el acusado no era jamás informado de la identidad del delator, ni de la de los testigos, ni tan siquiera de los cargos por los que era procesado.

La Inquisición romana, llamada también Congregación del Santo Oficio, fue creada en 1542 como respuesta a la amenaza del protestantismo, pero pronto extendió su jurisdicción a otros ámbitos sospechosos de socavar la ortodoxia de la fe católica. En 1600, el filósofo Giorano Bruno fue juzgado, condenado y ejecutado; mejor suerte corrió Galileo Galilei que, obligado a abjurar para salvar la vida, solamente fue confinado a perpetuidad, en su domicilio de Florencia, por defender la tesis heliocéntrica basada en lo que hoy conocemos como método científico. En 1965, el Papa Paulo VI reorganizó el Santo Oficio, que desde entonces pasó a denominarse Congregación para la Doctrina de la Fe. En España, el Tribunal del Santo Oficio no fue abolido de forma definitiva hasta el 15 de julio de 1834, casi cuatro siglos después de su creación, por María Cristina Borbón Dos-Sicilias, la que fue Regente de Isabel II.

¿Quiere decir eso que lo "progresista" y lo "dinámico" es la privatización? ¿Ese es el dogma? Debe tratarse de un dogma de fe puesto que no lo avalan estudios técnicos ni científicos

Igual que ocurre con la materia, que ni se crea ni se destruye, sino que sólo se transforma, las formas inquisitoriales y los nobles fines del Santo Oficio siguen todavía presentes entre nosotros. Lo que eran pecados contra la fe, ahora son pecados contra el dogma impuesto e imperante, contra la ideología y el método del régimen gobernante y contra la ortodoxia interesada y servil de los alguaciles al servicio de esta versión actualizada del Santo Tribunal. Como ya ocurría en la época medieval, todos aquellos que ven peligrar sus intereses, son los primeros en acudir prestos a la ceremonia del "Juramento" comprometiéndose a denunciar a todo sospechoso que dificulta o impide su medrar cotidiano, y para ello no dudan en prestarse voluntariamente a colaborar con los oficiantes de esa nueva religión, que un hatajo de corruptos y desvergonzados ha convertido en la oficial de Cataluña, y que obliga a perseguir la herejía y a anatemizar y neutralizar al hereje mediante cualquier método.

No se usan los métodos clásicos de tortura, cuanto menos física, pero sí todo tipo de descalificaciones, artimañazas y sutiles advertencias para conseguir rendir la voluntad del reo. El método preferido es el de la insidia y la calumnia, pero revestidas de consejos doctorales, cuando no paternales o fraternales, basados en la posesión de la verdad absoluta, usando la épica de la ética de la que se han instituido como únicos guardianes y blandiendo unos supuestos principios morales que no han practicado jamás. Fieles al dogma, y sobre todo al interés de sus influyentes mentores, esos neoinquisidores se ven impelidos a la reprobación moral de los disidentes, a los que acusan públicamente de no ser dialogantes y a los que reprenden por no mostrarse tolerantes ante los desmanes y corruptelas que ellos practican o permiten a otros practicar cuando ello les reporta algún beneficio.

En el proceso penal inquisitorial, a diferencia de lo que ocurre en el acusatorio, el tribunal se instituye a sí mismo en juez y parte, lo que impide garantizar la objetividad y la neutralidad en el proceso. Así actúan algunos de los actuales colaboradores del Santo Oficio; por ejemplo: ¿se puede representar al colectivo médico de una institución y, al mismo tiempo, actuar -o incluso cobrar- como asesor de quién está perjudicando a ese colectivo? ¿se puede reprobar públicamente a los que denuncian situaciones de corrupción porque -según dicen- la existencia de imputados por esas denuncias pone en peligro la institución expoliada o cuestiona el famoso modelo sanitario catalán? El interés en mantener ese modelo, que cada día se va demostrando más y más "ejemplar", ¿vendrá dado por el beneficio personal directo o indirecto que obtienen, o es simplemente una cuestión "de gustos"? ¿O tal vez se trata de mantener un excelente "medio de cultivo" para conseguir y mantener lucrativas influencias?

Algunos medios de comunicación han publicado recientemente unas interesantes declaraciones atribuidas al nuevo Presidente del Colegio de Médicos de Barcelona (COMB), Jaime Padrós, ex diputado de CiU en el Parlamento autonómico de Cataluña entre 1988 y 1995 y que viene formando parte de la Junta del COMB desde hace más de 20 años. El Sr. Padrós, que proclama la independencia y la profesionalidad del Colegio y de sus responsables, se ha pronunciado abiertamente en contra de la marea blanca de Madrid que ha logrado evitar la privatización de seis hospitales públicos y que ha sido liderada desde una institución, el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, con idéntica función y representación que la que él preside. En su opinión, el resultado de la marea blanca ha sido la “parálisis” y el "inmovilismo". Es cierto; se ha "paralizado" la privatización y se han "inmovilizado" las actuaciones encaminadas a sustraerlos de la Sanidad Pública. El Presidente del COMB lo deja bien claro: considera que mantener íntegro el sistema público sanitario madrileño es algo terriblemente negativo, puesto que adjetivos como "inmovilismo" y "parálisis" no son términos equívocos y, todavía menos, en el contexto en que se aplican. ¿Quiere decir eso que lo "progresista" y lo "dinámico" es la privatización? ¿Ese es el dogma? Debe tratarse de un dogma de fe puesto que no lo avalan estudios técnicos ni científicos.

La descalificación personal es su meta; la insidia, la falacia y la calumnia, sus instrumentos de tortura. La única diferencia con la época medieval es que las denuncias no son anónimas; sabemos sus nombres y, sobre todo, conocemos sus intereses

Pero puestos a decir, también ha hecho especial referencia al Hospital de San Pablo de Barcelona y al proceso judicial en que está incurso. El Sr. Padrós se manifiesta en contra del conflicto (¡y quién no!) y cita como paradigma del mismo la situación del Hospital de Sant Pau por el hecho de que varias personas, con conocidas vinculaciones políticas, están imputadas por irregularidades en su gestión y administración; esas imputaciones, como debe saber el Sr. Padrós, son resultado de las denuncias presentadas por Sindicatos y trabajadores del Hospital, entre los que yo misma me encuentro. Pues queda muy claro: el Presidente del COMB no es partidario de crear conflictos en el sistema sanitario y, lo que no concreta es si cree o no que la forma de evitarlos consiste en no denunciar las irregularidades y fomentar el "dialogo" con los autores y colaboradores en las estafas y otras corruptelas que parasitan el sistema. "Yo no saldré, ni alentaré pancartas, ni conflictos", ha asegurado el sustituto de Miquel Vilardell en una entrevista con Europa Press, en la que ha subrayado que el papel de la institución que preside será el de mediar para evitar conflictos y fomentar el diálogo. Pero mediar ¿entre quién? Fomentar el diálogo ¿con quién? El Presidente del COMB, ¿no es y ha de ser el representante y el valedor de los colegiados? Si esto es así, ¿cómo va a "mediar" entre los médicos y los responsables políticos que están perjudicando tan y tan gravemente los derechos y los intereses del colectivo que se ha comprometido a defender y de todos los ciudadanos y usuarios de la sanidad catalana? Excelente paradigma del procedimiento inquisitorial consistente en instituirse a sí mismo en juez y parte.

Las reiteradas alusiones al Hospital de San Pablo, que muchos oficiantes y fieles al dogma sanitario catalán realizan en cualquier momento y ocasión, no son nuevas ni nada veladas. Esa constante referencia y anatemización es el mejor ejemplo de la nueva cruzada desplegada en Cataluña contra el hereje y, sobre todo, contra el infiel al régimen que, como es lógico, no se practica exclusivamente en el ámbito de la sanidad. Queda claro quiénes somos los que fomentamos el "conflicto" y los que nos negamos al "diálogo" con los que llevan años manipulando, engañando, utilizando y defraudando a los ciudadanos. Algunos, entre los que me cuento, somos los nuevos herejes que apostatamos de la fe y del dogma, establecidos por bula civil, al precio de sufrir los nuevos métodos del Santo Oficio, más sutiles pero igualmente temibles y destructivos que los medievales. Puedo asegurar que los utilizan y que no hay acto, palabra, opinión, ni siquiera pensamiento, que no sea debidamente perseguido y por el que no se aplique al disidente un castigo que pretende ser ejemplarizante. La descalificación personal es su meta; la insidia, la falacia y la calumnia, sus instrumentos de tortura. La única diferencia con la época medieval es que las denuncias no son anónimas; sabemos sus nombres y, sobre todo, conocemos sus intereses.

Es posible que el temor obligue a muchos a aceptar que ese nuevo régimen es el centro del Universo y que todos debemos girar a su alrededor pero, a pesar de la ingente actividad desplegada por sus modernos inquisidores y sus fieles alguaciles, no conseguirán impedir que, aunque sea débil y susurrante, se oiga siempre alguna voz diciendo "y sin embargo se mueve".