La 'omertá' parlamentaria

"Si quieres que algo no funcione, crea una comisión". Algunos atribuyen esta frase a Perón, otros a Napoleón, lo cierto es que ninguno de los dos andaba desencaminado y, una vez más, ha quedado constatada esa bien conocida realidad. La comisión parlamentaria denominada de investigación sobre la gestión en el ámbito sanitario y las relaciones entre el sector público sanitario y las empresas ha concluido como el parto de los montes. Y todo por obra y gracia del pacto de silencio entre los que han sido y son los responsables del hundimiento de la sanidad catalana en un auténtico lodazal de despilfarro, escándalos y corrupción, sin comparación posible en toda Europa, incluyendo el Estado español. La sociovergència ha reaparecido para dar amparo a sus más preclaros hijos y estrechos colaboradores en el, para algunos, lucrativo negocio de la sanidad.

Esa comisión nació muerta. Los partidos de la oposición consiguieron que se acordara su creación en el tercer trimestre del año 2012 pero la convocatoria de elecciones anticipadas y la disolución parlamentaria consecuente impidió que llegara a constituirse. Tras las elecciones, se retomó de nuevo su constitución pero, en las votaciones para decidir las comparecencias, ya quedó claro que iba a imperar la omertà reinante en materia sanitaria: CiU y PSC vetaron más de 80 comparecencias, algunas notoriamente relevantes como, por ejemplo, la de uno de los gerentes del Hospital de San Pablo, imputado penalmente por supuestas irregularidades y desviaciones presupuestarias en las obras de construcción del nuevo hospital. Es sólo un ejemplo, hay 79 más.

La rigidez en la distribución de los tiempos y en la forma de realizar las preguntas, la falta de inmediatez en las respuestas, la imposibilidad de incidir o repreguntar de forma inmediata por parte de los parlamentarios, la aureola de nobleza ofendida demostrada por buena parte de los comparecientes y devotamente reconocida por parte de la presidencia de la comisión y de los parlamentarios afines al compareciente... Todo eso ya permitía vaticinar cuál iba a ser el resultado. Al parecer, y según relatan algunos de los parlamentarios que han participado en la comisión, la documentación requerida y necesaria para preparar las preguntas, llegaba tarde e incompleta pero, a pesar de haber presentado reiteradas quejas, esa ha sido la tónica durante todo el tiempo en que la comisión ha estado funcionando.

Se retomó de nuevo al comisión pero, en las votaciones para decidir las comparecencias, ya quedó claro que iba a imperar la omertà sanitaria: CiU y PSC vetaron más de 80 comparecencias

He tenido ocasión de leer las conclusiones redactadas por los siete grupos que han participado en la comisión. Parece ser que los representantes de CiU han estado en otra comisión porque sus conclusiones nada tienen que ver ni con las de los otros grupos ni con lo que se ha visto y oído en la comisión; baste una muestra: "Desde un punto de vista del Gobierno [autonómico] del país, el grupo parlamentario de CiU valora muy positivamente la política de transparencia que puso en marcha en Gobierno [autonómico] en la pasada legislatura, y que recientemente ha proseguido". Y como demostración de esa peculiar transparencia, CiU junto con su socio en el negocio sanitario -el PSC- y algún apoyo puntual del PP, han conseguido tumbar todas las conclusiones de los otros grupos que apuntaban la existencia de conflictos de intereses, contrataciones irregulares, desviaciones presupuestarias injustificadas, incompatibilidades y cobros indebidos por parte de gestores y directivos de diversos centros sanitarios públicos o concertados.

En un alarde de transparencia, CiU ha llegado a admitir la posibilidad de algunas desviaciones presupuestarias, pero exclusivamente en el caso del Hospital de San Pablo. Pero, ¿cómo no iba a admitir esas desviaciones si han quedado reflejadas por escrito en el informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña? La transparencia de CiU no ha llegado más lejos; parece ser que ni los diputados autonómicos de CiU ni los del PSC oyeron las palabras del director de la Oficina Antifraude, en relación a las actuaciones del señor Bagó, cuando dijo literalmente en esa comisión que "ha habido manejo de lo público desde lo privado en beneficio de lo privado, sin duda; creo que no puedo ser más claro". El Grupo Serhs, propiedad de Bagó, consiguió más de 50 millones de euros en contratos procedentes de la sanidad autonómica mientras éste presidía el Consorcio de Salud y Social de Cataluña. La omertà sociovergente ha funcionado una vez más.

El resto de partidos (ERC, ICV-EUiA, C's y la CUP) han denunciado el acuerdo entre CiU y PSC. Algunos, como ICV-EUiA y C's aseguran que la limitación más importante ha sido el veto a las comparecencias, y que ese pacto de silencio entre CiU y PSC "es vergonzoso". La diputada autonómica de la CUP, Isabel Vallet, afirma que la comisión ha sido un fracaso; David Companyon, diputado autonómico de ICV-EUiA, la califica de "farsa" y anuncia que su grupo presentará la documentación y sus conclusiones a la fiscalía. Hay que agradecerles a todos el esfuerzo; yo quiero hacerlo desde aquí públicamente.

Ha quedado demostrado lo que ya se presumía: la sanidad catalana es una cueva oscura donde algunos -siempre los mismos- quieren impedir a toda costa que llegue la luz. Hace pocos meses, uno de los prohombres del sistema y que ha compatibilizado y compatibiliza diversos cargos públicos con actividades privadas, se defendía de las denuncias de supuesta corrupción diciendo que los maliciosos denunciantes pretendían equiparar determinado centro sanitario catalán con la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones. En la cueva de Alí Baba tal vez sólo había 40 ladrones, pero el famoso modelo sanitario catalán es más que probable que tenga muchos más.