De la propaganda al populismo

A la vista de la efervescencia creada en los últimos días por el éxito organizativo de la cadena humana que cruzó Cataluña de norte a sur (la llamada Via Catalana), creo que convendría hacer una reflexión de cómo hemos llegado a esta situación. Supongo que podríamos estar de acuerdo en que hasta hace un par de años el apoyo a la independencia en Cataluña era claramente minoritario. Sin embargo, todo apunta a que durante los últimos tiempos (yo diría desde el verano de 2012 hasta hoy) ha habido un número creciente de ciudadanos catalanes que se han subido al carro del llamado proceso soberanista.

Si dejamos de lado la cuestión identitaria o sentimental que por definición no puede ser racionalizada (es decir, se siente algo o no se siente, aunque bien es cierto que la propaganda siempre ayuda a encontrar identidades no sentidas con anterioridad), todo el proceso soberanista se basa en tres elementos fundamentales. Primero, el lema de "España nos roba", es decir, sólo una parte de los impuestos pagados por los ciudadanos de Cataluña vuelven a la Comunidad Autónoma. En este sentido, se han dicho verdaderas barbaridades como que de cada euro recaudado vuelven menos de 50 céntimos. Pero si aceptamos los datos de las balances fiscales publicados por la Generalidad, el llamado "expolio fiscal" se reduciría al 8,5% del PIB de Cataluña calculado en términos estructurales, sin contar los servicios prestados por el Estado, y que parece ser aceptado por los economistas que propugnan la secesión. Que si bien es elevado, dicho déficit no es excepcional cuando lo comparamos con otros países de corte federal. Claro, que, conviene recordar también que, calculado en términos coyunturales, el déficit a día de hoy sería muy pequeño, como asimismo muestran los datos más recientes.

Lo curioso de esta cuestión es que el actual sistema de financiación de las CCAA fue acordado entre la Generalidad (tripartito) y el Gobierno y bendecido por Mas

Pero, en cualquier caso, lo curioso de esta cuestión es que el actual sistema de financiación de las CCAA fue acordado entre la Generalidad (tripartito) y el Gobierno y bendecido por Artur Mas en la famosa reunión con el anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se cerraron los últimos flecos de la negociación a espaldas de Pasqual Maragall. Es verdad que la crisis económica actual ha podido tener una influencia en las expectativas de financiación de las CCAA (y no sólo de Cataluña), pero el hecho incontrovertible es que no hubo imposición alguna, sino negociación y, por lo tanto, en ningún caso se puede hablar de "expolio fiscal"; quizás, en todo caso, un acuerdo mal negociado y que, en cualquier caso, su revisión está prevista para 2014.

Segundo, la independencia solucionará todos los problemas actuales y será positiva económicamente, pues el dinero generado se quedará en Cataluña lo que permitirá revertir los recortes en sanidad, educación y otros servicios sociales que con tanto fervor introdujo el primer gobierno de CiU y al que el actual consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell (CiU), se dedicó con entusiasmo (todavía me acuerdo de su frase "en Madrid ni hacen ni dejan hacer" refiriéndose a los recortes). Lo que no nos cuentan a los ciudadanos de Cataluña es el coste económico derivado de la independencia, por un lado, en términos de reducción en la recaudación tributaria en general derivada de la recesión económica adicional que tendría lugar por el efecto frontera (es decir, reducción de los intercambios comerciales, de las inversiones, etc.) y de la incertidumbre política y económica derivada del proceso, de la menor recaudación por IVA (parte de lo que se produce en Cataluña y que actualmente se consume en el resto de España pasaría a ser exportaciones y, por lo tanto, exentas del IVA), de la menor recaudación por el Impuesto de Sociedades y del IRPF (por el previsible traslado tanto de empresas como de ciudadanos a otros lugares de España), etc.

Y, por otro lado, en términos del aumento de los gastos derivados de la asunción de servicios prestados en la actualidad por el Estado, desde la seguridad, a las embajadas y consulados en el exterior, a las infraestructuras, etc., o los costes derivados de la nueva situación como, por ejemplo, una mayor prima de riesgo para la financiación de la deuda pública catalana. Como economista, creo que existe un alto riesgo de que los costes económicos fueran superiores a las ventajas obtenidas, como mínimo en los primeros años.

Tercero, que una Cataluña independiente sería un nuevo Estado de la Unión Europea (UE). A este respecto, parece que ya no hay dudas. Claro, que, ante las recientes y contundentes declaraciones de la portavoz de la Comisión en este sentido, Mas parece decidido a encontrar una salida a la situación y algunos de sus asesores ya están preparando un informe para rebatirlas. Evidentemente, mal aconsejado, pues cualquiera que conozca el Derecho internacional sabe que el Tratado de la UE compete a los estados que lo suscribieron y el nacimiento de un nuevo Estado desgajándose de uno ya existente supone su exclusión automática de dicho Tratado y la necesidad de su ingreso de nuevo en la UE, con el riesgo subsiguiente de vetos por parte de determinados países (y no estoy pensando en España necesariamente, sino en otros tales como Francia, Italia, Grecia, Eslovaquia, etc., con sus particulares problemas de minorías territoriales). Pero eso no sólo afectaría a la UE, sino a todas las organizaciones internacionales, incluyendo la ONU, la OMC, el FMI, el Banco Mundial, etc., absolutamente a todas (con la excepción de aquellas en las que Cataluña estuviera ya integrada como tal por las razones que fueran).

Todo el proceso se ha basado en tres pilares que no se sustentan por sí mismos pero que la propaganda nacionalista ha sabido vender a un número creciente de ciudadanos

Pero, claro, hay que negar la mayor pues de este hecho puede depender que la balanza se incline en contra de la secesión, pues muchos ciudadanos no querríamos pasar por el duro invierno que supondría quedarse a la intemperie, fuera de la UE: el pago de aranceles para las exportaciones a la UE, la necesidad de visados para ingresar en la UE (cuya obtención puede costar hasta 60 euros por persona), el traslado de sedes sociales de empresas, la reducción de inversiones tanto del resto de España como de la UE y del resto del mundo al verse confrontadas con un mercado más pequeño (de 7,5 millones frente al actual de 45 millones para toda España), la eliminación de todo tipo de subvenciones y transferencias comunitarias a Cataluña, la no participación en proyectos comunitarios como por ejemplo en los sectores de la investigación y de la educación (ERASMUS), etc.

Por lo tanto, todo el proceso se ha basado en tres pilares que no se sustentan por sí mismos pero que la propaganda nacionalista ha sabido vender a un número creciente de ciudadanos. Para ello, ha resultado de gran ayuda la cooperación incondicional de los medios de comunicación públicos de Cataluña o subvencionados por la Generalidad, empezando por TV3, desde donde se ha traspasado la línea roja del adoctrinamiento de los niños en las bondades de la independencia a través de sus programas infantiles. Asimismo, la inestimable ayuda de una parte de la izquierda otorgando legitimidad democrática a las tesis nacionalistas, en particular el PSC al aceptar el llamado "derecho a decidir", cuando todos sabemos que es un eufemismo de independencia, un caso inédito en todo el mundo desarrollado donde la izquierda siempre ha defendido la existencia de un Estado fuerte a través del cual puedan ejecutarse políticas de redistribución de la renta entre ciudadanos y territorios.

Y aquí es cuando viene lo más peligroso del asunto: la necesidad de apelar al populismo para forzar el cambio. Como las actuales leyes (Constitución) no permiten la secesión (como es el caso de todo el mundo desarrollado), nos saltamos el Estado de derecho y contraponemos una supuesta legitimidad democrática (el derecho de los catalanes a votar su propio futuro) a una legitimidad jurídica (leyes españolas que lo impiden). Como no se puede (el Gobierno de Rajoy no acepta la celebración de un referéndum de autodeterminación), tomamos la calle y reclamamos "democracia" a través del clamor del pueblo.

Pero, antes que nada, no hay que perder la calma. Afortunadamente estamos en la UE. En este contexto, una manifestación por muy grande que sea no es suficiente para cambiar las leyes ni llevar a nadie hacia la independencia. Lo que cuenta es el respeto al Estado de derecho, es decir, las leyes y las sentencias de los tribunales de justicia. Como los nacionalistas saben que eso no lo pueden controlar a su antojo utilizan el mecanismo indirecto de la presión en la calle y el populismo ("España nos roba", "que Cataluña recupere la libertad perdida hace 300 años", etc.). Nadie en la UE se va a poner al lado de los nacionalistas catalanes para saltarse el Estado de derecho por mucho que se manifiesten. Aquí, lo que cuenta, es lo que dice la ley y los tribunales y que éstas puedan ser modificadas cuando toque, es decir, cuando los ciudadanos voten en las elecciones y se cambien las leyes a través de los mecanismos previstos en toda democracia. No hay una legitimidad democrática enfrentada a una legitimidad jurídica: la legitimidad democrática la otorga el respeto del Estado de derecho y no al revés. Este es, en el fondo, el primer precepto sobre el que se fundamentan los valores y principios de la UE. Por ello, no hay más remedio que utilizar los cauces previstos en las leyes y tratar de acordar una solución con el Gobierno de Mariano Rajoy, nunca una solución unilateral.

Cataluña no arderá, como se vio en el País Vasco cuando se ilegalizó Batasuna siguiendo los pasos dispuestos en la ley

En este contexto, no sirve utilizar un argumento que por ser repetido una y otra vez parece que se ha convertido en una verdad incontrovertible: toda la desafección actual proviene de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que, además, se esgrime como justificación de la ruptura del "pacto constitucional" suscrito durante la Transición (por parte de España, claro está). Los nacionalistas se han inventado todo un relato que a fuerza de repetirlo hay mucha gente que se lo ha creído o ha querido creérselo. Pero, ya antes de la sentencia del TC, muchos constitucionalistas habían advertido de los riesgos de inconstitucionalidad existentes en algunos preceptos incluidos en el texto del nuevo Estatuto, como que el concepto de "nación" no podía tener efectos jurídicos o que la "territorialización" de la justicia no podía llevarse a cabo a través del Estatuto sino de las leyes que rigen su estructura y funcionamiento. En mi opinión, la mayoría de elementos contenidos en la sentencia del TC habrían sido igualmente suscritos por cualquiera de los tribunales constitucionales de las democracias del mundo desarrollado.

Asimismo, las elecciones plebiscitarias no existen en las democracias occidentales por mucho que Mas las presente como alternativa a un referéndum de autodeterminación. No hay precedente alguno en todo el mundo desarrollado. Unas elecciones serán siempre la fórmula para que los ciudadanos elijan a sus representantes políticos en el parlamento respectivo y no una fórmula para expresar su beneplácito o rechazo a la independencia de un territorio. De la misma manera, esta solución tampoco será aceptada por la comunidad internacional, en particular la UE.

En resumidas cuentas, tal y como está discurriendo en los últimos tiempos, el llamado proceso soberanista se ha adentrado por una senda peligrosa que nunca será aceptada por la comunidad internacional y que, además, está provocando una fractura en el interior de la sociedad catalana.

Ahora, los verdaderos demócratas, los que creemos en el respeto del Estado de derecho como guía fundamental que debe regir el devenir de la sociedad en la que vivimos, lo que tenemos que hacer es seguir denunciando la situación y, sobre todo, no utilizar ni incitar a la violencia en ningún caso y bajo ningún concepto. Eso sí, el que no cumpla la ley, denuncia ante los tribunales y si se trata de personas con cargos políticos, inhabilitación a través de los mismos. Cumplir la ley, sin estridencias pero sin dudas. Cataluña no arderá, como se vio en el País Vasco cuando se ilegalizó Batasuna siguiendo los pasos dispuestos en la ley.

Estoy convencido de que tenemos la razón de nuestra parte, primero, en cuanto a valores éticos (en el fondo lo que los nacionalistas no quieren es la solidaridad con los pobres de otras CCAA y tratar de imponer libremente sus criterios políticos a todos sus conciudadanos sin cortapisas) y, segundo, en cuanto al respeto del Estado de derecho, principio fundamental de la convivencia y de la defensa de los derechos de los ciudadanos. El tiempo nos dará la razón.