El BOE lo confirma: el caos normativo obliga a las empresas a rehacer las nóminas del primer trimestre de 2026

Un cambio de gran calado legal acaba de impactar de lleno en el día a día de las empresas. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la esperada Orden PJC/297/2026 para fijar las nuevas bases económicas.

Este texto establece las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo y formación profesional para el presente ejercicio. Sin embargo, su tardía publicación ha generado un profundo malestar en todo el sector.

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Retroactividad normativa desde enero

El principal conflicto radica en los plazos de aplicación que impone el Gobierno central. Aunque la norma entró en vigor el pasado 1 de abril, el texto especifica que tiene plenos efectos retroactivos.

La ley se aplica con efecto desde el 1 de enero de 2026. Esto significa que todo el primer trimestre del año se ha gestionado a ciegas, sin conocer las reglas definitivas.

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Regularización de los meses previos

El Consejo General de Graduados Sociales advierte de las consecuencias inmediatas de esta decisión gubernamental. Las cotizaciones de enero y febrero, que ya han sido abonadas, deberán ser corregidas de forma obligatoria.

La propia Seguridad Social se ha comprometido a regularizar estos dos primeros meses de oficio. La administración ha confirmado este procedimiento automático a través del reciente Boletín RED 2026/05.

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El problema urgente del mes de marzo

El verdadero problema logístico se encuentra en las liquidaciones correspondientes al mes de marzo. Estas cotizaciones, que deben pagarse en abril, han quedado totalmente fuera de esa regularización automática del Estado.

Esta exclusión significa que los despachos profesionales tendrán que adaptarse a la nueva norma en cuestión de días. Se enfrentan a una carga burocrática extrema y operan sin ningún margen de maniobra real.

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La queja formal de los graduados

El presidente de los graduados sociales, Joaquín Merchán, ha trasladado una queja formal a la administración. Considera totalmente inadmisible publicar esta orden a finales de marzo con aplicación retroactiva al inicio del año.

Estos asesores han tenido que trabajar durante todo el primer trimestre del año sin la información necesaria. Han tramitado altas y bajas sin conocer las bases legales exigidas para hacer bien su trabajo.

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Impacto directo en pymes y plantillas

La consecuencia directa es que miles de empresas se verán obligadas a rehacer nóminas de forma inminente. Por su parte, los empleados no tendrán sus recibos salariales correctamente actualizados hasta que se apliquen los ajustes.

Merchán reclama el derecho fundamental a tener seguridad jurídica en el ámbito laboral. Insiste en que empresas y trabajadores deben saber exactamente lo que van a cobrar y cotizar desde el primer día.

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Liquidaciones en un periodo crítico

Esta situación anómala implica presentar una liquidación complementaria en un tiempo verdaderamente récord. Los expertos definen este escenario como un auténtico caos organizativo para las pymes y sus plantillas.

La saturación administrativa es un problema que llueve sobre mojado para las gestorías. Este trámite extraordinario de cotización se ha juntado de lleno con los cierres de impuestos trimestrales de las sociedades.

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Un retraso crónico de la administración

Por desgracia, esta situación de inestabilidad jurídica no es un fenómeno nuevo en nuestro país. Los profesionales del sector laboral llevan soportando retrasos similares en la publicación de estas órdenes desde hace años.

Las normativas de los ejercicios anteriores también sufrieron retrasos de hasta tres meses. Una anomalía administrativa recurrente que penaliza sistemáticamente la productividad y la planificación del tejido empresarial español.