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La corrupción de CDC viaja del Palau a sus ayuntamientos

María Jesús Cañizares
4 min

Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y de los ayuntamientos cuando estalla un escándalo de corrupción. Pero cuidado con perder de vista la gestión de estos entes locales, en la primera línea de fuego ciudadana, que están haciendo una excepcional labor de lucha contra la crisis del coronavirus. Hasta el punto de hacerle el trabajo sucio a este Govern desavenido que nos ha tocado sufrir y que se niega a convocar unas elecciones que, Santa Bárbara y el refranero de nuevo, necesitamos como agua de mayo.

Pero hay una zona oscura en la gestión municipal que el caso de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en el que ha indagado muy bien Ignasi Jorro, ha puesto de manifiesto: el trasvase de las corruptelas convergentes cometidas mediante la adjudicación de obra pública de la Generalitat a los consistorios. El motivo es simple, pues ante la falta de grandes proyectos de obra impulsada por el Govern o de contratos como los de las ITV --que llevaron a la cárcel a Oriol Pujol, hijo del defraudador confeso Jordi Pujol--, las corruptelas se han trasladado a los gobiernos municipales, donde los mecanismos de control son más débiles.

Lo advirtió la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) en uno de sus informes: “Las administraciones locales de Cataluña constituyen un nivel de gobierno particularmente sensible y expuesto a riesgos para la integridad, tal como lo vienen demostrando a lo largo del tiempo las cifras empíricas disponibles”. E insistía: “En el ámbito local debemos destacar la debilidad endémica de la posición de los órganos de control interno derivada de su configuración legal”.

La Justicia, como decíamos en otro artículo anterior, es lenta en general, pero sobre todo ante quienes han sofisticado sus métodos para meter la mano en la caja pública. Pero las investigaciones avanzan. Y si la semana pasada teníamos noticia de la condena firme del caso Palau, que sigue generando un mutismo absoluto en Quim Torra, Carles Puigdemont y Artur Mas, ahora hemos conocido los trapicheos de uno los pesos pesados del poder local convergente, quien incluso llegó a sonar como posible presidenciable. Se trata de Mercè Conesa, expresidenta de la Diputación de Barcelona, exalcaldesa de Sant Cugat y actual presidenta del Puerto de Barcelona. Fiscalía investiga si Conesa amañó contratos durante sus años de alcaldesa por Convergència, antecesora del PDeCAT.

Para el ciudadano de a pie, estas nuevas siglas siguen siendo un trasunto de CDC. Por mucho birlibirloque jurídico que el histórico partido utilizara en su primera catarsis --después vendrían Junts per Catalunya, La Crida, Acció per la República… y se esperan más--, lo cierto es que, socialmente, el partido que hoy actúa a la sombra de Carles Puigdemont sigue siendo un alter ego de CDC. Tanto en las malas prácticas financieras como en el modelo de país que defienden los neoconvergentes.

Que Quim Torra tome el nombre de Keynes en vano no debe distraer de lo esencial. Esto es, que la sombra convergente es alargada, y que nuestro presidente predica una política fiscal expansiva mientras exige al Gobierno español algo tan difícil de cuadrar como suspender el pago de impuestos y proporcionar un ingreso mínimo vital.

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¿Quién es... María Jesús Cañizares?
María Jesús Cañizares

Periodista. Es subdirectora de Política de Crónica Global. Es licenciada en Ciencias de la Información por la UAB y ha cursado estudios de Derecho. A lo largo de su carrera se ha especializado en información política y del ámbito judicial.