Los vecinos de Sallent impugnan el plan minero del Bages por Iberpotash

La actividad minera de Iberpotash en el Bages se ha convertido de nuevo en materia de litigio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La Asociación de Vecinos del barrio de La Rampinya de Sallent (Barcelona) ha denunciado la nueva ordenación urbanística aprobada en septiembre por la Generalitat. El bufete Fernández Advocats Associats se encarga por enésima vez de gestionar el proceso judicial. El fin de los denunciantes es el de revertir los residuos salinos que genera la compañía y que se acumulan de forma histórica en la zona. De hecho, han creado la montaña más alta de la comarca, la del Cogulló.

Iberpotash deberá cesar la actividad de extracción de potasa en esta localidad el 30 de junio de 2019 por el daño medioambiental que genera. Así lo decidió el alto tribunal catalán en una sentencia que remarcaba los fallos que habían existido al autorizar la actividad.

Prórroga inaudita del TSJC

La multinacional israelí que explota el complejo minero decidió entonces que centralizaría todos los trabajos en los pozos de Súria. Pero los problemas constructivos de la ampliación que se había proyectado propició que no se pudiera cumplir con el calendario acordado en los tribunales. En una inaudita sentencia exprés que se emitió en menos de 24 horas, el TSJC aceptó en el verano de 2017 las alegaciones de la compañía. Le permitió prorrogar la actividad hasta el próximo junio.

Nadie duda de que ICL Iberia cerrará Sallent en ese momento, pero no podrá abandonar la mina sin más. La empresa deberá actuar para reveritr los residuos salinos del Cogulló. Y por ahora el monte sigue en crecimiento, ya que Iberpotash aún vierte allí la sal que le sobra de la extracción de potasa en los pozos de Sallent.

Más residuos en Súria

El Plan Director Urbanístico (PDU) que se ha recurrido permitía construir una segunda planta de valorización para convertir los residuos en material para el deshielo o para mantener piscinas. Pero tal y como denuncian desde la zona, la ruptura del acuerdo de explotación que la multinacional mantenía con AzkoNobel deja en el aire que ésta sea el destino final de la sal acumulada en el Cogullo.

Interior de la mina de Cabanasses, una de las explotaciones de Iberpotash en la comarca del Bages (Barcelona) / CG

Interior de la mina de Cabanasses, una de las explotaciones de Iberpotash en la comarca del Bages (Barcelona) / CG

Las organizaciones ambientalistas encendieron las alarmas en septiembre al descubrir que en el nuevo plan minero del Bages la Generalitat permitía a la compañía ampliar el depósito de residuos salinos de Súria, el de Fusteret. Permitía que pasara de las 15,16 hectáreas actual a un máximo de 48,30 hectáreas.

Forzar la valorización de los residuos

Los ecologistas denunciaron que la consejería de Territorio, liderada por Damià Calvet, había facilitado que ICL Iberia continuase con su política de verter al medio ambiente los residuos de las minas en lugar de forzar su valorización. Consideraron que esta autorización dejaba en papel mojado el visto bueno a la construcción de la segunda planta de Sallent.

Cabe tener en cuenta que una de las denuncias que ha propiciado victorias judiciales a los vecinos y los ambientalistas es que Iberpotash no había presentado un programa de restauración veraz ni había consignado una fianza suficiente para costear estos trabajos. Algo que es obligatorio por ley en Cataluña desde 1981.

Problemas ambientales

Las entidades ambientalistas concluyeron que, al final, Iberpotash continuará con la extracción de potasa y con la histórica acumulación de residuos salinos. Alertan de los efectos que esto genera sobre la zona, cuyos acuíferos son de agua salada a pesar de los kilómetros que les separan del Mediterráneo. Un extremo inaudito.

Esta casuística será fundamental en el argumentario que los asesores legales de los vecinos del barrio de La Rampinya entregarán en los próximos días en el TSJC. Por ahora, el contencioso que han interpuesto al nuevo plan minero del Bages ha sido anunciado al alto tribunal catalán.

Litigios en el Ayuntamiento y la Generalitat

El proceso discurrirá de forma paralela a otros dos litigios que se mantienen por ahora en el Ayuntamiento de Sallent y la consejería de Territorio. El primero de ellos es la impugnación de la licencia de obras y usos que el consistorio otorgó en junio a Iberpotash; mientras que el recurso de alzada que se ha presentado a la Generalitat se dirige al proyecto de actuación específica que ha aprobado la Comisión Urbanística de la Cataluña Central.

Estas dos pugnas también van por el camino de acabar en sendos contenciosos ante el TSJC. Otra pugna judicial sobre los problemas que genera la actividad minera del Bages, que da empleo a unos 4.000 trabajadores.

ICL anunció en enero que Iberpotash había generado unos números rojos de 48,34 millones de euros al cierre de 2017. Las pérdidas contrastaban con los 38,46 millones de beneficios que obtuvo en 2015.