Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat del Vallès
El señalamiento de profesionales, empresas y comercios por el uso del castellano parece haberse convertido en los últimos años en el nuevo banderín de enganche del ultranacionalismo catalán. A tales tareas de delación empezaron aplicándose con ahínco entidades subvencionadas como Plataforma per la Llengua. Y, más recientemente, incluso administraciones públicas. La última de ellas, el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.
El consistorio de este municipio barcelonés, gobernado por Junts y uno de los de mayor renta per cápita de España, acaba de abrir en su página web un buzón de quejas para denunciar lo que denomina "vulneraciones de derechos lingüísticos de los catalanohablantes". Un eufemismo bajo el cual se oculta el propósito de erradicar la presencia del castellano -también oficial en la autonomía- de todos los espacios públicos.
Partidos y entidades constitucionalistas han expresado ya su rechazo a este nuevo abuso por parte del nacionalismo gobernante en Cataluña. Una de ellas, Convivencia Cívica Catalana, ha enviado un requerimiento a este consistorio instándole a rectificar, so pena de llevarlo a los tribunales si, en el plazo de 10 días, no retira su polémico buzón de quejas lingüísticas.
Está por ver si el ayuntamiento gobernado por el posconvergente Josep Maria Vallès dará su brazo a torcer o no. En cualquier caso, una vez más se constata el énfasis que los gobernantes secesionistas ponen en cuestiones identitarias, a menudo en detrimento de otras que sí son necesarias e importantes para la ciudadanía. Si en estos años hubieran puesto el mismo interés por estas últimas, Cataluña iría mucho mejor.
