El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, en el Parlament de Catalunya EUROPA PRESS
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Ampliar el uso de la lengua catalana en todos los ámbitos de la sociedad continúa siendo una de las prioridades de la Generalitat. También en el ámbito judicial, donde el Govern de Salvador Illa se plantea ahora pagar una "bonificación económica" a los jueces y funcionarios que redacten sus escritos, documentos de tramitación judicial y sentencias en dicho idioma.
Este incentivo sigue la línea de un convenio ya existente que bonifica con hasta 25 euros a los abogados del turno de oficio cada vez que inician sus actuaciones judiciales en catalán. Un privilegio que el Ejecutivo autonómico pretende extender ahora a los letrados privados. Además de sugerir que el catalán pueda considerarse un "mérito" en el proceso de selección de miembros de la carrera judicial.
Las nuevas propuestas surgen de la conselleria de Justicia que lidera Ramon Espadaler; aunque tras ellas emerge, también, la sombra del de Política Lingüística: el independentista Francesc Xavier Vila. Algo que pone bajo sospecha la iniciativa.
Este controvertido antiguo miembro del Govern de ERC se despachó ayer con una serie de críticas al sistema judicial apuntando que, según sus datos, en el 80% de casos en que alguien pide la tramitación en catalán de un procedimiento judicial, esta opción se "incumple". Lo cual, según sus palabras, "es una muestra de la profunda irregularidad lingüística del sistema judicial en Cataluña".
Vila fue más allá incluso al advertir de que "el catalán tiene que pasar de ser oficial de iure a serlo plenamente de facto".
Más allá de las salidas de tono, cabe destacar que el Govern pone énfasis en presumir de que, en este 2025, su conselleria de Justicia destinará 500.000 euros al impulso del catalán en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita. Una serie de gastos tal vez chocantes, si se tienen en cuenta hechos como el colapso del sistema judicial, las quejas de la Generalitat sobre su supuesta infrafinanciación autonómica, y el hecho de que el Gobierno haya accedido a condonarle 17.000 millones de euros de su deuda al FLA.
