La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en el pleno del Parlament
La Generalitat de Cataluña aprobará este martes un régimen sancionador a los propietarios que alquilen sus viviendas que, a tenor de las desmesuradas y abusivas sanciones que contempla, puede producir el efecto contrario al que persigue.
La medida es una de las exigencias que los Comuns -con sólo seis diputados en el Parlament- han impuesto al Govern como parte de su acuerdo de investidura de Salvador Illa (PSC), y a cambio de apoyar sus Presupuestos en el Parlament. Las multas se acercarán, en determinados casos, al millón de euros para los propietarios que incumplan la Ley de Vivienda.
Así ocurrirá con quienes alquilen a un precio un 30% superior al fijado en el Índice de Precios de Referencia; o con quienes eviten los topes de las rentas mediante un supuesto uso fraudulento del alquiler de temporada. En estos casos, las multas irán desde los 90.001 hasta los 900.000 euros.
A estas faltas "muy graves" se les sumarán, además, otras "graves", que oscilarán desde los 9.001 hasta los 90.000 euros. El Parlament tendrá un mes a partir de esta semana para refrendar el decreto sancionador de socialistas y soberanistas.
Estas cantidades, a todas luces desorbitadas, tienen visos de acabar resultando intimidatorias para cualquiera que, a partir de ahora, se plantee poner su vivienda en alquiler. Con ello, se corre el riesgo de que, lejos de solucionarse el problema de los altos precios de la vivienda, se agrave todavía más, reduciéndose la oferta a causa del miedo. Más aún, si se le suma la cobertura legal que, en los últimos años, ha disparado fenómenos como la okupación y la inquiokupación.
En este sentido, cabe recordar el estrepitoso fracaso con el que se han saldado otras medidas adoptadas por la formación de Jéssica Albiach en materia de vivienda. Como, por ejemplo, la obligación a los promotores privados de destinar un 30% de sus pisos construidos en Barcelona a vivienda pública: desde 2018, tan sólo se han hecho 26, y el precio de la obra nueva se ha disparado.
Sin olvidar, además, que gran parte de la responsabilidad del alto precio que históricamente ha tenido la vivienda en nuestro país es imputable a las propias administraciones, vista la clamorosa escasez de viviendas públicas construidas en las últimas décadas. Las mismas administraciones que, ahora, parecen haber encontrado en los propietarios y particulares a sus chivos expiatorios.
