Susana Tarapiella, directora general de Educació Inclusiva de la Generalitat
Los intérpretes de lengua de signos de educación postobligatoria han llegado a un punto límite. Este lunes inician una huelga para protestar contra la precariedad laboral derivada de la externalización del servicio, actualmente en manos de la Fundación Pere Tarrés.
El colectivo no sólo reclama unas condiciones laborales dignas, sino también ser reconocidos como parte del personal educativo e integrarse en el Departamento de Educación.
También piden tener la categoría de PAE (Personal de Atención Educativa), además de formar parte del CREDA (Centro de Recursos Educativos para Deficientes Auditivos), tal como ocurre con otros profesionales de la educación.
Una reivindicación que lleva años sobre la mesa y que el anterior Govern ya había encaminado con la promesa de internalizar el servicio a partir de 2025. Sin embargo, tras el cambio de gobierno, todo parece haber quedado en el limbo.
Desde Educación se alude a "escollos legales" como el principal freno al traspaso, pero aseguran que seguirán trabajando para intentar mejorar sus condiciones laborales.
Como máxima responsable de Educación Inclusiva de la Generalitat, Susana Tarapiella Carreño debe ser consciente de que su papel implica escuchar estas demandas y buscar soluciones efectivas para que los alumnos sordomudos no queden desamparados y que los profesionales trabajen en las condiciones que se merecen.
