Imagen de archivo del expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès
Pere Aragonès
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Pere Aragonès ha decidido ubicar su oficina como expresidente de la Generalitat de Cataluña en un edificio adyacente al Palacio de Pedralbes de Barcelona, cuya titularidad es autonómica después de que el ayuntamiento de la ciudad se la cediera gratuitamente al Govern en 2022.
El exmandatario de ERC ocupará de este modo un edificio público para ejercer sus funciones institucionales. Algo a lo cual tiene derecho, al igual que sus antecesores.
Sin embargo, cabe preguntarse sobre la necesidad de la existencia de estos privilegios para los expresidentes autonómicos de Cataluña. Y, todavía más, en el caso de las escandalosas remuneraciones que perciben y del personal público que tienen a su disposición sólo por su condición de ex.
No es de recibo que, ya sin responsabilidad alguna de Gobierno, Aragonès, por ejemplo, vaya a disfrutar de un sueldo anual de 108.941 euros -una cifra ligeramente inferior a los 136.177 euros que percibía como expresident- en los próximos años. Ni tampoco que, cuando se jubile, perciba una pensión de hasta el 60% del salario presidencial. Tales prebendas son desmedidas, más aún teniendo en cuenta las penurias que sufren la inmensa mayoría de los ciudadanos de a pie para llegar a final de mes.
