Laura Borràs
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La inacabable lista de cesiones del PSC y del PSOE a ERC y Junts a cambio de alcanzar el poder en la Generalitat y de mantenerse al frente del Gobierno ha envalentonado a los dirigentes ultranacionalistas de Cataluña. A pesar de la ingente pérdida de votos sufrida por éstos en los últimos años, su influencia es cada vez mayor. Hasta el punto de que incluso condenados por delitos de corrupción como la presidenta de Junts, Laura Borràs, se creen ahora legitimados para dar lecciones de ética y moral a los demás (también a los socialistas).
Borràs, condenada el año pasado a cuatro años y medio de cárcel y a 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental al haber fraccionado contratos públicos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) -pena pendiente de cumplirse, al haber recurrido la sentencia-, se jacta ahora de que la cúpula de su partido ya prepara un plan de regreso del prófugo Carles Puigdemont a España para torpedear la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat. "En el momento que haga falta, daremos indicaciones", ha llegado a amenazar la presidenta de Junts.
La dependencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los dirigentes socialistas en general hacia los impusores del golpe secesionista de 2017 ha resucitado e insuflado oxígeno a ERC y Junts cuando más lo necesitaban. Ahora, crecidos de nuevo, mandatarias como Borràs se permiten proferir bravatas como que la hipotética detención de Puigdemont "reventaría la democracia española". Que la aspiración y el anhelo de los buena parte de los mandatarios independentistas sea ese resulta, vista su trayectoria en los últimos años, poco dudoso. Lo sorprendente es que se haya cedido hasta tales extremos a sus continuas demandas e invectivas.