Guillermo Moya, consejero delegado de HTG, en una imagen corporativa
Guillermo Moya
Ante un concurso público de determinado tamaño, las empresas tienen todo el derecho del mundo a trazar su empresa libremente. Es parte fundamental de la libertad de empresa. Eso sí, algunas conductas generan interrogantes.
Es, precisamente, lo que ha pasado con Health Transportation Group (HTG), el líder nacional del transporte sanitario en España. El grupo presionó para impugnar la macrolicitación de ambulancias de Cataluña, la más voluminosa del país, con cerca de 2.000 millones de euros en juego. Lo consiguió por partida doble.
En aquel momento, HTG alegó que los lotes estaban infradotados, y que, por consiguiente, no eran rentables. Consiguió que el Govern cambiara el equilibrio presupuestario, pero no aumentar la dotación: la cuantía siguió siendo la misma.
Ahora, cuando el Ejecutivo catalán ha recibido las ofertas, ha encajado con cierta sorpresa como HTG ha acudido a cinco lotes de la macrolicitación.
Desde el Govern han reparado en la aparente contradicción que supone tratar de corregir una licitación y, al no conseguirlo, volcarse en la misma al segundo siguiente. En la industria, también se ha detectado esa tendencia.
Por lo pronto, lo que ha sucedido con las impugnaciones espoleadas por HTG es el retraso del concurso público catalán, algo que ha puesto en riesgo el global del transporte sanitario regional. Porque los vehículos están empezando a caducar, y las empresas no los renuevan por no querer hacer inversiones en unos contratos que no saben si retendrán.
Y estas caducidades sí son materia preocupante, pues afectan al ciudadano/usuario. Trasciende, cuando no colisiona, con los límites de la libertad empresarial.
