Carlota Pi, consejera delegada de HolaLuz, en una imagen reciente
Carlota Pi
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Los tribunales no son precisamente el ingrediente que precisaba en estos momentos Holaluz en la particular lucha que mantiene por su supervivencia en un entorno más que complejo como el energético. Destapar la caja de los truenos como ha hecho la cofundadora y presidenta, Carlota Pi, y sus socios en la junta de accionistas y expulsar a los fondos del consejo constituye a todas luces una maniobra de aquellas que nunca suman y que lo más probable es que, además, resten.
La historia empresarial demuestra que las discrepancias y fricciones entre socios no se solventan a base de sacar a los "díscolos" de los órganos de gobierno, con la esperanza de que se vuelvan a casa y expíen desde allí los supuestos pecados; una vez iniciadas las hostilidades y con un escenario tan imprevisible como el judicial, cualquier cosa es susceptible de ocurrir.
Y si algo no necesita por añadidura Holaluz es incertidumbre; ya la proporciona en la dosis suficiente su situación financiera, como prueba el hecho de que acumule un descenso del 56% en bolsa desde que se inició el año o que su capitalización haya adelgazado casi un 80% en apenas 18 meses. Los esfuerzos en emprenderla contra los accionistas representados en el consejo disconformes con la gestión deberían concentrarse en su totalidad en lograr esos 20 millones de euros que la comercializadora necesita para alejar definitivamente el fantasma del concurso de acreedores.
Al margen de que la negativa a firmar las cuentas pueda ser considerado como un acto de deslealtad, existen otras formas de solventar situaciones como estas, sin tener que poner más en riesgo la compañía. Para un gestor, la crítica a su labor debe formar parte del día a día y mucho más si se trata de un accionista que, por lo tanto, también está arriesgando su dinero. En ningún caso la solución pasa por silenciarlo. Y menos, a traición.
